Decir que las negociaciones entre Junts per Catalunya y Esquerra rezuman desconfianza es quedarse corto. La prueba es la distinta interpretación que ambos hicieron del acuerdo que Carles Puigdemont y Marta Rovira cerraron la noche del martes. JxCat explicó que los republicanos se habían comprometido a investir a Puigdemont como presidente. ERC se esforzó en matizar que el trato era intentar investirlo, pero que no querían dar nada por hecho. Los republicanos insisten en que no le regalarán un “cheque en blanco” y que hay que empezar a pensar qué hacer cuando el Constitucional suspenda la decisión del Parlament de elegir a Puigdemont como president mientras él sigue en Bruselas.
Pero, del mismo modo que las suspicacias se han instalado en las conversaciones entre JxCat y ERC, ambos tienen más que claro que no quieren poner en peligro la mayoría independentista para dar oxígeno al bloque constitucionalista. Ciudadanos, PSC y PP ya han dado pistas de que actuarán conjuntamente para intentar frenar el independentismo, hasta el punto que Miquel Iceta adelantó ya hace días que los socialistas votarían al candidato de C's, José María Espejo-Saavedra, para presidir la Mesa del Parlament.
La Mesa será quien deberá interpretar los distintos informes que los grupos han solicitado sobre el voto delegado a los diputados que están encarcelados o instalados en Bruselas. Tras el auto que hizo público el juez Pablo Llarena este viernes, es más fácil que puedan delegar el voto los políticos que están en prisión que el resto.
El problema es que los cuatro exconsellers que residen en la capital belga se resisten a renunciar al acta, en un pulso que hace días que dura. Una de las posibilidades es que, apelando a restituir la situación previa a la aplicación del 155, sean diputados los que ya lo eran la anterior legislatura. Si se aplicase esa premisa sólo el exconseller de Salut, Antoni Comín, podría ser diputado.
“Los de Bruselas actúan como un grupo propio”, resumen en ERC a modo de lamento. Sea por la distancia física o porque los intereses políticos y personales son diferentes, los dirigentes que están en la capital belga así como algunos representantes de JxCat insisten en que esta no puede ser una legislatura normal y que el objetivo es reinstaurar el anterior Govern. Un objetivo imposible de cumplir por las decisiones del juez Pablo Llanera y las bajas voluntarias.
Oriol Junqueras sigue en prisión sin ni tan siquiera poder intuir cuándo saldrá, puesto que podría permanecer privado de libertad durante toda la instrucción de la causa. Joaquim Forn, el otro exconseller que está en Estremera, declaró ante el juez que no tiene intención de repetir en el Govern. Y otros dos miembros del anterior Ejecutivo, Meritxell Borràs y Carles Mundó, han decidido abandonar la política. A estas alturas, sólo los exconsellers que acompañaron a Puigdemont consideran que deberían ser nombrados de nuevo.
En el más que probable escenario de que el Constitucional acabe impidiendo el nombramiento de Puigdemont como president, y en principio descontada una repetición electoral que no desean ni ERC ni el PDeCAT, la decisión sobre los nombres del próximo Govern estará en manos de quien acabe ejerciendo como president.
El interrogante
Los partidos aseguran que no han empezado a debatir quién podría ocupar ese papel. Oficialmente ni unos renuncian a Puigdemont ni los otros a Junqueras. Las quinielas siguen abiertas. Elsa Artadi ha dicho públicamente que no será presidenta, mientras que Marta Rovira insiste en que si Puigdemont no es presidente quien debe sustituirle es Junqueras.
En lo que coinciden tanto en el PDeCAT como en ERC, a diferencia de la música que llega de Bruselas, es en que la dureza de los autos del Supremo ha hecho mella. Entre las renuncias de esta semana hay dos bajas más que destacadas. Carme Forcadell se niega a repetir como presidenta de la Mesa y se quedará solo como diputada porque es consciente de que el juez Llarena le advirtió de que la dejaba en libertad siempre que mantuviese en su actividad política el acatamiento al 155. Y Artur Mas ha renunciado a ser presidente del PDeCAT, entre otros motivos, para prepararse para los tres procesos judiciales que tiene por delante. Entre ellos, el que ha abierto Llarena contra él y otros dirigentes como Marta Rovira por rebelión y sedición.