Las discrepancias que mantienen Junts per Catalunya (JxCat) y ERC en la política catalana se han reproducido en el salón de plenos del Tribunal Supremo. En el juicio por rebelión, los acusados de ambas formaciones no solo han confirmado que siguen estrategias de defensa distintas, sino que sus diferencias han alcanzado los hechos clave por los que se les juzga, empezando por el referéndum del 1 de octubre. Solo han coincidido en negar los delitos de los que se les acusa (lo obvio a nivel jurídico) y en rebajar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), la consumación del delito de rebelión a criterio de la Fiscalía.
Quien más se ha salido del guion marcado por Junqueras ha sido, paradójicamente, la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, que entró en la lista de JxSí y en el Govern de la mano de ERC. A diferencia de Junqueras, que reivindicó el 1-O como un ejercicio del derecho de autodeterminación de Catalunya, Bassa ha abjurado de la validez de la votación. El 1-O no fue para Bassa el “instrumento para hacer efectiva la voluntad popular” que defendió Junqueras, sino “un acto para llegar al diálogo y a la negociación” con el Gobierno. “El 1-O nunca se planteó como un acto concluyente para la independencia, siempre se intentó el pacto”, ha insistido.
Frente a la defensa a ultranza y sin matices del 1-O que realizaron Oriol Junqueras y Raül Romeva, los exconsellers de JxCat, y también Bassa, todos ellos en prisión provisional, han reconocido la autoridad del Tribunal Constitucional y han admitido por primera vez que el Govern no solo tuvo en cuenta el derecho a la autodeterminación de Catalunya a la hora de impulsar la votación. Los exconsellers no han seguido el categórico “votar no es delito” del exvicepresident, y han reconocido que sí tuvieron sus dudas sobre si impulsando la votación incurrían en un delito de desobediencia al Constitucional.
En una expresión repetida de distintas maneras por Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, los exconsellers han relatado que todo el Govern tuvo que “ponderar” entre cumplir con el “mandato ciudadano” que les reclamaba el referéndum o con el “imperio de la ley”. Esta contradicción, que los políticos no habían expresado hasta ahora con tanta claridad, se resolvió, según su relato, dejando en manos de personas de fuera del Govern los aspectos clave de la votación.
Siguiendo la estela de Artur Mas en el juicio del 9-N iniciada por Jordi Turull, el exconseller Rull ha dicho que las urnas, las papeletas y los sobres llegaron a los colegios no gracias al Govern, sino a la “sociedad civil”. “Yo no sabía dónde estaban las urnas, pero tenía una confianza en que las habría”, ha agregado. “Todo se pagó seguramente con dinero privado, yo lo que le puedo asegurar es que no se pagó nada con dinero público”, ha afirmado el exconseller de Justicia, Carles Mundó. Unos alegatos que no han convencido para nada a la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, que no han escondido su sorpresa.
En este sentido, Junqueras, al no contestar a las preguntas del fiscal y la abogada del Estado como sí han hecho el resto de acusados, renunció a presentar elemento exculpatorio alguno sobre la logística de la votación. Se limitó a decir que no hubo malversación. Tampoco entró en los detalles de los principales episodios del procés. Su prioridad en el juicio fue erigirse en auténtico líder del independentismo frente a Carles Puigdemont. De ahí que Junqueras fuera el único acusado que ha dicho al tribunal que preside Manuel Marchena que está dispuesto “a asumir las responsabilidades del referéndum para que no lo tenga que hacer nadie más”.
“¿Cómo llegaron las urnas?”
El alegato de los políticos desentendiéndose de la organización del 1-O y dejando su logística en terceras personas ha sorprendido sobremanera a la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Las acusaciones han insistido en preguntar, sin obtener respuesta, cómo llegaron las urnas a los colegios si, como han dicho los consellers, nadie del Govern las compró. Las acusaciones han hecho mella en las contradicciones de los exconsellers.
Así, tanto el fiscal Javier Zaragoza (que ha llegado a preguntar cómo llegaron las urnas a los colegios) como la abogada del Estado Rosa María Seoane han querido conocer por qué el Govern no gastó nada en el 1-O si el 6 de septiembre Puigdemont y todos los consellers firmaron un decreto y un acuerdo que habilitaba a los departamentos a gastar dinero en el referéndum. Bassa ha alegado que la Generalitat dejó de impulsar la votación cuando fue suspendida por el Constitucional, incluyendo el gasto de dinero público. “Lo puedo decir más alto pero no más claro”, ha dicho, respondiendo con firmeza las preguntas de la abogada del Estado.
Seonae ha replicado preguntado cómo era posible que se celebrara el 1-O si el Govern dejó de impulsarlo cuando se suspendió el 8 de septiembre la ley del referéndum, tal y como dice Bassa. “El pensamiento es libre y cada uno podía pensarlo a su manera”, ha contestado la exconsellera. “¿Y qué pensaba usted?”, ha reiterado la abogada del Estado. “De mi pensamiento no quiero responder”, ha concluido Bassa, que ha prestado la declaración más sólida de la jornada.
Borràs deja en evidencia al resto
En la penúltima declaración de la jornada, la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs (JxCat) ha evidenciado más si cabe la división entre los acusados independentistas. Lejos de reivindicar sus acciones, Borràs ha quitado valor al hecho de que todos los consellers firmaran el decreto de convocatoria del 1-O y un acuerdo por el que se habilitaba a los departamentos a gastar dinero en el referéndum. De hecho, ha enmarcado el decreto y el acuerdo en un ámbito más simbólico que real “para dar una imagen de unidad, no de gastar dinero en el referéndum”.
Borràs, que se enfrenta a una petición fiscal de 7 años de cárcel por desobediencia y malversación (no por rebelión), no solo ha quitado épica a los alegatos políticos de Junqueras y Romeva. También ha echado por tierra uno de las líneas de defensa jurídica de la exconsellers en prisión provisional que le han precedido en los interrogatorios.
Y es que tanto Bassa como Turull como Rull han esgrimido que, cuando firmaron el acuerdo y el decreto de convocatoria del 1-O, la ley del referéndum todavía no había sido suspendida. En consecuencia, a su juicio, la firma no suponía desobedecer al Tribunal Constitucional. Borràs ha mandado un torpedo a ese alegato al reconocer que el Govern “podía imaginar que la ley del referéndum sería suspendida” cuando se rubricaron ambos acuerdos.
Es más, Borràs ha reconocido, a preguntas de la Abogacía del Estado, que cuando se convocó el referéndum no había ninguna “expectativa de pacto” con el Estado después de que la extitular de Trabajo describiera el 1-O como un “intento de acuerdo con el Estado que nunca se planteó como un acto concluyente para la independencia”. Y ha remachado su declaración dejando toda la responsabilidad de los “procesos electorales”, incluido una votación como la del 1-O, en la Vicepresidencia de la Generalitat, que ocupaba Oriol Junqueras.
La DUI, una mera “declaración política”
En lo que sí han coincidido todos los acusados, incluso Junqueras y Romeva, es en rebajar la Declaración Unilateral de Independencia a una “expresión de voluntad política”. Rull ha sido el más explícito en alegar que el Govern no desarrolló la declaración. Ha alegado que “se teorizó” sobre la independencia pero que el Govern no la implementó nunca, y a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal ha constatado que el Ejecutivo no impulsó la agencia nacional de inteligencia catalana o un nuevo sistema judicial tras la DUI.