Una semana después ha llegado la respuesta independentista en el Parlament a la sentencia del procés. Los grupos de Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP han registrado este martes una propuesta de resolución que rechaza el fallo del Supremo, habla sobre la autodeterminación y vuelve a reprobar al rey Felipe VI. La iniciativa desafía la prohibición impuesta por el Tribunal Constitucional, que prohibió hace dos semanas a la Mesa del Parlament, presidida por Roger Torrent tramitar ninguna propuesta parlamentaria que desarrolle el derecho de autodeterminación.
El presidente de la Cámara ha hecho caso omiso de la advertencia del Constitucional y, junto a los otros miembros soberanistas de la Mesa, ha tramitado la resolución independentista. Los letrados del Parlament han avisado de que el contenido de la propuesta contradice los autos del Tribunal Constitucional, por cuanto reitera la reprobación de la monarquía y la defensa del derecho a la autodeterminación, ambas mociones anteriores que han sido prohibidas. Por esta razón, los miembros de la Mesa podrían incurrir en un delito de desobediencia.
En la resolución los tres partidos, que suman mayoría en la Cámara, rechazan la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los líderes independentistas por los hechos de octubre de 2017 y exigen su libertad. Además se posiciona en contra de lo que consideran un intento de “censura” desde el Constitucional hacia el Parlament, por haber advertido penalmente a la Mesa sobre su obligación de impedir que desarrolle cualquiera de las iniciativas suspendidas o anuladas.
La Cámara, exponen JxCat, ERC y la CUP, “reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya a decidir su futuro político”. A lo largo de los 15 puntos que la resolución incorpora, los grupos constatan que el Parlament ha aprobado textos sobre la autodeterminación desde 1989 sin que eso “haya sido objeto de persecución y censura por parte de las instituciones del Estado”, razón por la que se compromete a seguir haciéndolo.
“Otros parlamentos del Estado”, continúa el texto, “se posicionan constantemente sobre cuestiones que desbordan su ámbito competencial, incluso pidiendo la intervención de las instituciones catalanas, sin que ello sea objeto de ninguna impugnación por parte del Gobierno español”. Con este argumento, los independentistas sostienen que el límite competencial de la Generalitat no puede suponer una cortapisa para debatir sobre temas como “la invasión de Turquía en el Kurdistán, la crisis los refugiados o la emergencia climática”, ejemplifican.
Con la propuesta registrada este martes, los grupos independentistas llevan al Parlament una reacción a la sentencia que la semana pasada quedó únicamente en manos del discurso de Torra, después de que los partidos no se pusieran de acuerdo en un texto conjunto. Pero, de forma adicional, también aceptan el envite al Constitucional, después de que este notificara personalmente a los miembros de la Mesa la obligación de paralizar debates sobre estas materias.
Pese a que firma la resolución y la registra como propia, la CUP ha remarcado en un comunicado considera que “el contenido no aborda aquellos aspectos que para la formación son claves ante el momento político actual”. Los anticapitalistas alertan de que la propuesta de resolución “no debe servir de cortina de humo para tapar la falta de acción política del gobierno, la falta de liderazgo político institucional y su subordinación y complicidad con el operativo policial que estas semanas ha provocado centenares de heridos, muchos de ellos de gravedad, contra la respuesta popular a la sentencia del supremo”, afirman.
Torrent: “Asumiremos las consecuencias”
En rueda de prensa este martes, Torrent ha defendido la decisión de la Mesa de la Cámara para tramitar la propuesta de resolución pactada entre los grupos independentistas que reitera la reprobación del rey Felipe VI y la defensa de la autodeterminación pese a la prohibición del Tribunal Constitucional. “Basta ya de censurar y de intentar amordazar al Parlament”, ha dicho Torrent.
El presidente del Parlament se ha mostrado convencido de que su aval a la iniciativa le comportará consecuencias penales, pero se ha mostrado dispuesto a aceptarlas. “Asumimos las consecuencias porque es impropio de un estado democrático perseguir judicialmente a presidentes democráticos”, ha aseverado Torrent, que, tal y como le han advertido los letrados, se expone a una querella por desobediencia (delito castigado con penas de inhabilitación).