“Si la Mesa del Parlament no lo ha sabido o querido resolver, no seré yo quien lo haga”. Así se expresaba la diputada socialista Assumpta Escarp el pasado miércoles, tras encontrarse con una situación tan inédita como inesperada. En una de las votaciones de la comisión que presidía, la de Territorio, se produjo un empate, por lo que los grupos pidieron voto ponderado, es decir, en función al peso de cada uno en el pleno. Pero tras la suspensión del Tribunal Supremo de siete diputados, que no ha sido respondida por parte del Parlament, ni siquiera hay acuerdo en cuántos diputados tiene cada grupo.
Fue así como en la comisión de Territorio del miércoles se armó una bronca considerable. Escarp la capeó como pudo, ante el intento de Ciudadanos de ganar las votaciones ponderadas y la airada protesta del independentismo. De entrada, la presidenta se negó a decidir por sí misma cuántos diputados tiene cada grupo, pese a que el reglamento podría darle esta potestad. Finalmente, suspendiendo la sesión sin proclamar resultados de las votaciones.
Pero, pasado lo anecdótico de la bronca, lo que pasó este miércoles en la comisión de Territorio fue un duro recordatorio a los dos principales partidos independentistas de que el asunto de la suspensión de diputados está, desde hace dos meses, sin resolver. Y que esta situación podría acabar alterando a las mayorías de las comisiones, algo que desde el principio prometieron evitar.
El mismo miércoles los letrados del Parlament acordaron que el criterio que seguirían todos ellos es que, en caso de empate en cualquier comisión, el voto ponderado se cuente en función del peso de cada grupo antes de las suspensiones, es decir, manteniendo las mayorías electorales. Pero los letrados no pueden hacer nada más allá de recomendar y la decisión final sobre cada votación, en principio, sería discrecional de la Mesa de cada comisión. Por esta razón, los grupos independentistas temían que este jueves volviesen a encontrarse con el mismo problema.
Y así ha ocurrido en la comisión de Empresa, una de las tres las tres celebradas, cuando se ha producido un empate en uno de los puntos. La presidenta Laura Vílchez, diputada de Ciudadanos, no ha seguido el criterio de los letrados y ha preferido suspender la votación, siguiendo la decisión inicial de Escarp del miércoles (antes de la recomendación de los juristas).
“Cuando la Mesa del Parlament nos haga llegar este acuerdo podremos contabilizar correctamente el voto ponderado”, ha dicho la diputada. Vílchez ha evitado, en cambio, dar por ganada la votación a su bloque, como el día anterior reclamaban sus compañeros de partido en la comisión de Territorio.
Mayoría amenazada en las comisiones
Cuando las suspensiones llegaron, el pasado julio, los dos principales grupos independentistas discreparon abiertamente sobre cómo superar el nuevo obstáculo que les ponía el Supremo. ERC aceptó la idea apuntada por el propio juez Llarena de sustituir a los suspendidos por compañeros de bancada. JxCat estaba de acuerdo por lo que respecta a todos los diputados, pero no así con Carles Puigdemont, a quien no aceptan sustituir. Ante la falta de acuerdo, la mayoría independentista decidió acabar con el periodo de plenos, que no se retomará hasta octubre.
Pero que no se celebren plenos no significa, ni mucho menos, que no haya actividad parlamentaria. Durante las próximas dos semanas se espera que se celebren comisiones y, en estas, la mayoría independentista puede verse en la cuerda floja. De hecho, tras la bronca del martes Miquel Iceta pidió al presidente del Parlament una reunión de la Mesa para que tome, por fin, una decisión sobre las suspensiones.
Sin acuerdo entre los grupos
Pese a que diferentes miembros de JxCat, comenzando por el propio president Quim Torra, vienen anunciando un acuerdo inminente para resolver el tema, el pacto con ERC no llega. En su última reunión en Bélgica, la formación postconvergente se conjuró para no aflojar en su deseo de que la suspensión pase por el pleno, como dispone el artículo 25 del reglamento. Sería así finalmente el Parlament quien se pronunciase sobre las suspensiones de sus diputados y, de rechazarla, podría crear una nueva situación de crisis institucional.
Pero es poco probable que pase así, pues ERC ya ha mostrado su deseo de no volver al choque con el Estado desde el Parlament. Por esa razón, Roger Torrent y los suyos se acogen al informe de los letrados en los que estos avalaron la fórmula propuesta por Llarena, que permitiría que los suspendidos fueran sustituidos por sus compañeros de grupo. Pero, mientras alguna de estas soluciones no convence a la otra parte, el Parlament sigue sin celebrar plenos y, ahora, con la espada de Damocles sobre las comisiones.