Justo antes de las vacaciones de verano en el Parlament de Catalunya, Junts pel Sí y la CUP han entrado la ley del referéndum en el registro de la cámara. Es la norma con la que pretenden amparar la convocatoria anunciada para el 1 de octubre. Piden que la ley del referéndum se tramite por urgencia extraordinaria sin descartas otras vías.
La aceptación a trámite de la ley por parte de la Mesa de la cámara catalana no será, como mínimo, hasta el 16 de agosto, cuando la Mesa se reunirá por primera vez después de vacaciones. Será a partir de ese día cuando la Mesa deberá decidir si la admite a trámite o no. En caso afirmativo, la ley del referéndum debería ser votada la primera semana de septiembre, para poder alcanzar el 1 de octubre. Una vez aprobada se podría recurrir al Constitucional.
La ley, que firmaron todos los diputados de ambos grupos del Parlament el pasado viernes, prevé declarar la independencia en 48 horas el 1-O si gana el ‘sí’, mientras que en caso que gane el ‘no’ se convocarían elecciones autonómicas. Los diputados de Junts pel Sí, Jordi Orobitg, Marta Rovira y Lluís Corominas, y los diputados de la CUP Gabriela Serra y Benet Salellas han sido los encargados de registrar la ley. Salellas ha calificado la norma como una ley “de país” y ha avisado que buscarán apoyos más allá de Junts Pel Sí, en referencia a Catalunya Sí Que es Pot.
El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, ha asegurado que la ley del referéndum se podrá aprobar por la vía ordinaria, aunque el Tribunal Constitucional suspenda la reforma del Parlament este lunes.
Según el texto, esta norma será “suprema” y prevalecerá sobre cualquier norma. En el plano técnico, la norma establece todos los aspectos que deben permitir, según el plan independentista, que el referéndum sea vinculante: entre otros, crea la Sindicatura electoral, formada por cinco juristas, indica que el 1-O contará con la presencia de observadores internacionales y señala que el Govern tiene que ser “neutral” antes la votación y fomentar una campaña informativa.
Por su parte, el Tribunal Constitucional admitirá a trámite el recurso planteado por el Gobierno contra la reforma del reglamento del parlamento catalán, que permite acelerar el trámite para aprobar leyes en tiempo récord y sin apenas burocracia.