No hay tregua en el proceso soberanista. Doce horas después del cese del conseller Jordi Baiget por sus dudas sobre el 'procés', Junts pel Sí y la CUP han presentado este martes en el Parlament la Ley del Referéndum, con la que los independentistas buscan dar cobertura legal a la convocatoria del 1-O. La puesta de largo de la norma, que todavía es un borrador al no estar registrada, ha corrido a cargo de ocho diputados, cuatro de JxSí y cuatro de la CUP, en un acto que ha combinado las proclamas políticas con la lectura de los artículos más técnicos de la futura norma.
En síntesis, el texto de la Ley, que los diputados han leído pero no han facilitado a la prensa, prevé una aplicación en 48 horas de los resultados del referéndum. Según ha explicado la diputada de la CUP Gabriela Serra y se indica en el artículo 4 de la norma, esto implica que si gana el 'sí' habrá una declaración de independencia, mientras que si se impone el 'no' se convocarán elecciones anticipadas.
En palabras de Marta Rovira (JxSí), la Ley del Referéndum es la “ruptura democrática del pacto constitucional del 78”. En el mismo sentido se ha expresado Anna Gabriel, de la CUP, que ha considerado la norma y el referéndum como “la vía de solución democrática a un conflicto que existe y que lejos de negarlo tenemos que solucionar”. “No damos un golpe de estado, nuestro límite no está en el Constitucional ni en un Estatut recortado”, ha añadido la cupaire.
Las palabras 'democracia' y 'autodeterminación' han copado los discursos de los diputados, que han dejado de lado expresiones eufemísticas muy utilizados por el independentismo en el pasado, como 'derecho a decidir'. Muestra de ello es que en el preámbulo de la futura norma invoca el pacto sobre derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas, ratificado por España en 1977, que reconoce “el derecho de los pueblos a la autodeterminación”.
Los independentistas han presentado en sociedad la norma con la que pretenden convocar el referéndum. Sin embargo, no la entrarán en el registro de la Cámara, como mínimo, hasta mediados del mes de agosto. El objetivo es retrasar todo lo posible la impugnación del texto al Constitucional por parte del Gobierno central, que se hará efectiva en cuanto cualquier ley soberanista aparezca en un documento oficial.
Según el texto, la Ley del Referéndum será “suprema” y prevalecerá sobre cualquier norma. En el plano técnico, la norma establece todos los aspectos que deben permitir, según el plan independentista, que el referéndum sea vinculante: entre otros, crea la Sindicatura electoral, formada por cinco juristas, indica que el 1-O contará con la presencia de observadores internacionales y señala que el Govern tiene que ser “neutral” antes la votación y fomentar una campaña informativa.
Con todo, la ley también deja deberes pendientes. Por ejemplo, detalla que tiene que ser el Govern quien gestione aspectos clave como el censo, y encomienda al Ejecutivo, además del decreto oficial de convocatoria, elaborar un decreto complementario con los aspectos clave de la votación, desde el modelo de papeletas hasta la duración de la campaña electoral (artículo 9).
Además, la ley señala –artículo 30– que será la administración electoral de la Generalitat la encargada de establecer el número y tamaño de las secciones electorales. Obliga asimismo a los Ayuntamientos a ceder sus locales que habitualmente se usan en unas elecciones, pero también permite a la Generalitat a habilitar locales alternativos si los consistorios se niegan a cederlos –la participación en el 1-O de los Ayuntamientos gobernados por partidos contrarios a la independencia es uno de los obstáculos de la votación. Sin embargo, la norma no pone un porcentaje de participación mínimo para que la votación sea vinculante.
Al acto de este martes estaban invitados los grupos de la oposición pero todos ellos han declinado asistir. Solo han acudido al auditorio del Parlament los diputados Albano Dante Fachin, Joan Giner y Àngels Martínez Castells (Podem) y Joan Josep Nuet (EUiA), este último también miembro de la ejecutiva de Catalunya en Comú. También ha asistido Germà Gordó, diputado no adscrito tras su expulsión de JxSí por su imputación en el 3%.
Precisamente JxSí y la CUP han invitado a este sector soberanista pero no independentista a colaborar con el texto de la ley una vez entre en el Parlament. Jordi Turull (JxSí), ha remarcado que la norma “no es intocable” y está abierta a aportaciones.