El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha querido dejar claro este jueves que la decisión de trasladar a cárceles catalanas a los presos independentistas depende del Gobierno de Pedro Sánchez. En el auto por el que ha denegado la libertad provisional a Carme Forcadell, Oriol Junqueras y Raül Romeva, el magistrado remarca que no puede decidir sobre el acercamiento a Catalunya de los políticos catalanes presos al ser una cuestión que depende del Ejecutivo.
Llarena recuerda que el juez instructor no tiene competencia para “definir el concreto centro penitenciario en el que deben quedar confinados” los presos preventivos como los exdirigentes independentistas. En otras palabras: el instructor decide si los imputados entran o salen de la cárcel antes del juicio, pero no el centro donde cumplen la prisión preventiva.
En este sentido, el juez explica que la Ley Orgánica General Penitenciaria atribuye la gestión de los presos y la actividad penitenciaria corresponde a Instituciones Penitenciarias –dependiente del Ejecutivo– y, en el caso de los centros catalanes, a la Generalitat (Catalunya es la única comunidad autónoma con las competencias en prisiones transferidas). El artículo 31 del Reglamento Penitenciario, añade Llarena, concreta que es el centro directivo quien tiene la competencia “exclusiva” para decidir la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios.
Y añade Llarena recientes autos del Tribunal Constitucional (TC) por los que el tribunal de garantías zanjó que las decisiones de asignación de centro penitenciario sólo se podrán trasladar al juez instructor en casos “verdaderamente excepcionales” en los se detecte un “ejercicio desviado” o “arbitrario” de las funciones de la administración.
La argumentación que Llarena ha plasmado en el auto de este jueves llega en pleno debate sobre el traslado y la libertad provisional de los líderes independentistas. El nuevo ministro del Interior, Fernando Grande–Marlaska ha abierto la puerta a trasladar a los políticos presos a cárceles de Catalunya, algo que desde los 'comuns' y sectores independentistas le han instado a ordenarlo de inmediato. Además, el líder del PSC, Miquel Iceta, se ha mostrado partidario de que los dirigentes independentistas queden en libertad hasta el juicio.
Más allá de su posicionamiento sobre el traslado de los presos, Llarena insiste en que Junqueras, Forcadell y Romeva deben permanecer en prisión provisional por riesgo de fuga y reiteración delictiva. El juez sigue viendo este último riesgo pese a que los tres políticos no forman parte del nuevo Govern (Forcadell, además, renunció al acta de diputada). Y es que, según Llarena, sigue vigente la “determinación de persistir” en la independencia en los tres políticos mediante el “quebranto” de las normas, lo que justifica su mantenimiento en prisión.
“Preveían continuar con su actuación ilícita tan pronto como se recuperara el control de las instituciones autonómicas, por más que se interviniera la autonomía de Cataluña”, abunda el juez. Además, Llarena sospecha que Junqueras, Romeva y Forcadell podrían “coadyugar”, es decir, colaborar, con el Govern de Quim Torra, algo que debe impedirse ya que el nuevo ejecutivo sigue defendiendo “expresamente” el objetivo de “implantación de la república”.
Sobre el riesgo de fuga, Llarena ve clara la “tentación de fugarse” de los tres procesados por rebelión por la elevada pena que comporta este delito –hasta treinta años de cárcel– y por la proximidad del juicio. Y recuerda que otros siete investigados han optado por fugarse “sin que la cooperación judicial internacional haya restablecido el perjuicio que su actitud ha supuesto para el desarrollo del proceso”.
Fin de la instrucción
Por otro lado, el juez, en una providencia, ha anunciado que la investigación del proceso soberanista que inició el pasado mes de diciembre ya ha concluido, y ha dado a las partes tres días para solicitar nuevas diligencias. El fin de la instrucción acerca un poco más a los dirigentes independentistas procesados al juicio. Antes, la sala de apelaciones deberá confirmar su procesamiento por rebelión y, posteriormente, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce VOX formularán sus acusaciones.
Las últimas diligencias acordadas por el magistrado, a petición de las defensas del exconseller de Interior Joaquim Forn y del exvicepresident Junqueras son una nueva declaración como imputado del primero y la comparecencia como testigos de la expresidenta de los medios públicos catalanes, el director de El Punt Avui y tres publicistas, que ya prestaron declaración ante el juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Todos ellos declararán el 26 de junio.