El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha solicitado al Parlamento Europeo el suplicatorio para que suspenda la inmunidad del expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, reconocidos como eurodiputados el pasado 6 de enero, y poder continuar la tramitación de las órdenes de detención y entrega dictadas contra ellos, según ha informado el Alto Tribunal.
El instructor del procés entiende, sin embargo, que esa inmunidad no rige en España, donde sí podrían ser arrestados. En consecuencia, no tendría que recabar la autorización de la Eurocámara para proceder penalmente contra ellos España porque accedieron al cargo cuando ya habían sido procesados, lo que ocurrió en marzo de 2018.
Según el juez, exigir una autorización legislativa para que el poder judicial culmine un proceso penal iniciado cuando los procesados no eran diputados electos, supondría “subordinar el ejercicio de la potestad jurisdiccional a una tutela parlamentaria ajena al equilibrio de poderes diseñado por el poder constituyente”.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoció la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado también afectó a Carles Puigdemont y Toni Comín, elegidos como europarlamentarios en las elecciones del pasado 26 de mayo. La Eurocámara les ha reconocido como miembros y espera su presencia para el pleno de este lunes, mientras que la Justicia belga ha dejado en suspenso su proceso de extradición a España mientras el Parlamento Europeo no les retire la inmunidad.
Por su lado, el juez Llarena, al igual que hizo Marchena con Junqueras, pidió la opinión de las partes antes de decidir qué hacer con la euroorden que emitió contra Puigdemont y Comín tras la sentencia del procés. La Fiscalía pidió al juez que mantuviera la orden de arresto nacional e internacional contra ambos europarlamentarios y que solicitara al Europarlamento la retirada de la inmunidad para poder lograr así la extradición de Puigdemont y Comín a España. Por contra, la defensa del expresident reclamó al juez desactivar tanto la orden de ingreso en prisión vigente en España como la petición de extradición a Bélgica.