Un manifiesto impulsado por la federación de ONG de paz, derechos humanos y cooperación Lafede.cat, con respaldo de unos 200 periodistas, personalidades del mundo de la cultura, sindicatos y movimientos sociales, exige la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana ('ley mordaza') y la “limitación” del uso de la prisión provisional.
El texto, presentado este miércoles en Barcelona y con el título 'Derechos y libertades', muestra la “preocupación por la escalada en el uso de instrumentos judiciales que, en el marco de un sistema político democrático, persiguen silenciar la crítica” tras la reforma del Código Penal.
El manifiesto destaca que, pese a tener “opiniones diversas sobre muchos aspectos de la actualidad política”, comparten una inquietud ante hechos que cercenan derechos y libertades fundamentales, como la sentencia al rapero Valtonyc, el caso del libro 'Fariña', la retirada de una obra en la feria ARCO y la prisión preventiva de los jóvenes de Altsasu y de los dirigentes de entidades soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart --cuya pareja, Txell Bonet, ha estado en la presentación--.
“Nos alarma la facilidad con la que se pretende forzar la realidad, tipificando muchas acciones como delito de odio, de sedición, de rebelión o de terrorismo”, expone, y señala que alarma que ello mine la capacidad de la ciudadanía para transformar realidades sociales por medios pacíficos.
En la presentación, la vicepresidenta de Lafede.cat, Tere Palop, y el director de Fundipau, Jordi Armadans, han resaltado el carácter unitario del manifiesto y que haya personalidades con sensibilidades políticas diferentes, así como un importante número de firmas de artistas del Estado.
Firmantes
El texto lo firman los músicos Maria del Mar Bonet, Paco Ibáñez, Raimon, Gerard Quintana, Nacho Vegas, Mayte Martín, Alfred Garcia, Kepa Junquera, Martirio, Sidonie, Txarango, Marina Rossell; los editores Jorge Herralde, Silvia Sesé; los escritores Rosa Regàs, Manuel Rivas, Elvira Lindo, Llucia Ramis, Isaac Rosa, Maruja Torres, y los pintores e ilustradores Frederic Amat, Paula Bonet, Javier Mariscal y Juanjo Sáez.
También lo suscriben los periodistas Ignacio Escolar, Gemma Nierga, Mònica Terribas, José Miguel Monzón 'El Gran Wyoming', Antón Losada, Vicent Partal, Ana Pardo de Vera, Edu Galán, Toni Soler, Arturo Valls, Jorge Javier Vázquez; la deportista Natalia Via-Dufresne; los filósofos Xavier Antich, Jordi Amat, Marina Garcés, Pere Portabella, Josep Ramoneda, y los catedráticos en derecho Javier Pérez Royo y Joan J. Queralt.
Desde el mundo del teatro y el cine, lo han firmado Montxo Armendáriz, Sergi Belbel, Ventura Pons, Antonio de la Torre, Leticia Dolera, Bruna Cusí, Jaume Roures, Julio Manrique, Marc Recha, Quim Masferrer, Juan Diego Botto, Cesc Gay, Sergi López, Àlex Rigola, Josep Maria Pou, Nora Navas y Maria de Medeiros.
También se han adherido desde sindicatos, ONG y movimientos sociales Javier Pacheco (CC.OO.), Camil Ros (UGT), Joan Caball, Òscar Camps, Federico Mayor Zaragoza, Francesc Mateu y Marcel Mauri, entre muchos otros.
Los derechos “no son accesarios”
Armadans ha remarcado que todos ellos consideran que los derechos y libertades “no son accesorios”, ha advertido de que nunca se consolidará una democracia recortando derechos, y ha señalado que el manifiesto se mantiene abierto para más adhesiones.
La periodista y escritora Llucia Ramis ha asegurado que “cuantas más acciones se hagan, más gente se concienciará”, y ha considerado que es imposible no firmar este manifiesto que pide la recuperación de derechos y libertades huyendo de cualquier adscripción política.
El músico Marc Parrot ha asegurado que existe más gente a favor de la que firma, pero que hay miedo a ser colocados en un determinado saco, a lo que la cantante Marina Rossell ha añadido que es verdad que “hay miedo, pero también indignación” por lo que está ocurriendo.
El batería de Sidonie, Axel Pi, ha remarcado que manifiestos como éste son un paso de conciencia interesante, que tiene que ayudar a entender que recuperar los derechos y libertades no es “un ataque a la unidad de España”.
Las personas que firmamos este manifiesto tenemos opiniones diversas sobre muchos aspectos de la actualidad política.
Sin embargo, compartimos una profunda inquietud ante hechos que cercenan derechos y libertades fundamentales, una situación que se agudizó con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ‘Ley mordaza’) y la reforma del Código Penal, y que se ha intensificado con registros, imputaciones, juicios y sentencias por opiniones y acciones. Las recientes propuestas de ampliar los supuestos de la cadena perpetua significarían una nueva medida de endurecimiento del Código Penal.
Nos inquieta que, cada vez más, personas de todo tipo (periodistas, humoristas, tuiteros, sindicalistas, artistas, maestras, informáticos, activistas, raperos, mecánicos, etc.) estén siendo investigadas o condenadas por acciones u opiniones que constituyen un libre ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación.
Vemos con preocupación la criminalización del activismo por los derechos humanos, como es el caso de la periodista Helena Maleno en su trabajo en la Frontera Sur, o otros casos ocurridos en Italia o Grecia, y todo ello en un contexto de políticas racistas con la población migrante y refugiada.
Consideramos totalmente injustificadas e innecesarias, situaciones de prisión preventiva como las sufridas por los jóvenes de Altsasu o por Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y la de los representantes de las instituciones catalanas.
En los últimos meses, entre otros casos, hemos visto con preocupación las sentencias de prisión para el rapero Valtonyc o el grupo de La Insurgencia, el secuestro del libro ‘Fariña’ o como ARCO retiraba una obra de arte por su contenido político. Este último ejemplo, por cierto, es un síntoma inquietante del clima de autocensura ‘preventiva’ que se puede generar si se continúa con esta dinámica general de represión.
Nos alarma la facilidad con la que se pretende forzar la realidad, tipificando muchas acciones como delito de odio, de sedición, de rebelión o de terrorismo entre otros. Así, se acusa a Maleno y activistas humanitarios de tráfico ilegal de personas cuando intentan evitar la pérdida de vidas humanas en el mar o, en el caso catalán, se habla de violencia cuando las manifestaciones fueron pacíficas.
Nos asusta que, además de la represión ejercida en cada caso, con todas estas situaciones se intente y consiga minar la capacidad de la ciudadanía para, organizada colectivamente, transformar realidades sociales por medios pacíficos.
Consideramos que la libertad de opinión y expresión, la libertad de manifestación, el derecho a la protesta no-violenta, etc. son derechos humanos fundamentales que deben ser preservados para una buena salud democrática.
Por consiguiente, manifestamos nuestra preocupación por esta escalada en el uso de instrumentos judiciales que, en el marco de un sistema político democrático, persiguen silenciar la crítica y exigimos la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la limitación del uso de la prisión provisional.