No han pasado ni diez meses desde que la conselleria de Interior relevase a la anterior cúpula de los Mossos, con el major Trapero al frente, para nombrar a los nuevos mandos, pero la crisis sigue abierta.
El actual número uno, el comisario Josep Maria Estela, y su segundo, Eduard Sallent, mantienen un pulso que está por ver cómo acabará. Se han tenido que suspender un par de oposiciones internas a inspector e intendente tras haberse encontrado un teléfono móvil en la sala (una irregularidad que el departamento está investigando para aclarar qué ha pasado y que está también ya en manos de un juez). Y por si no fuese suficiente, esta semana ha trascendido que el exjefe de Investigación, uno de los apartados por ERC, demandó en el mes de mayo a la conselleria por considerar que la destitución estuvo motivada por su negativa a sucumbir a presiones políticas en la etapa del conseller Miquel Buch, de Junts, al frente de Interior.
Como ya sucedió en enero, cuando el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena (ERC), y su equipo acordaron los cambios en la dirección policial, las versiones de lo que está pasando en este departamento son contradictorias. Lo que para algunos mandos son injerencias partidistas, para los responsables de la conselleria son criterios para mejorar el funcionamiento de la policía autonómica.
El nombre que vuelve a estar en el epicentro de la polémica es Eduard Sallent. Es el actual número dos del cuerpo, un mando que hizo carrera con Convergència de la mano de nombres en su momento tan influyentes como David Madí y Brauli Duart, y que regresó a la jefatura de la mano de ERC. Pese a que por encima se situó al comisario Estela, a priori de mayor confianza para los republicanos, quien ahora se considera imprescindible a ojos de la dirección política es Sallent. Ha sabido ganarse a ERC y si tiene que caer uno de los dos no será él. En Interior señalan que se ha conminado a ambos comisarios a trabajar conjuntamente y aparcar sus diferencias.
Que el número uno y el dos de la cúpula policial están obligados a entenderse parece lo lógico pero la prueba de que en este caso no será fácil es que Estela decidió dejar a Sallent fuera de los tribunales que deberán escoger a los nuevos comisarios, inspectores e intendentes. Una vez más las sospechas de que el veterano número dos pueda estar interesado en ascender a policías afines políticamente, más allá de criterios profesionales, han encendido las alarmas de algunos mandos que hace tiempo que le tratan.
El resultado de este concurso se conocerá a finales de año. Habrá más mujeres y será el momento de aclarar si el número uno de los Mossos sigue al frente o es relevado. Todo dependerá de si él y Sallent orillan sus diferencias, cosa que hoy por hoy no ha pasado. De momento, y después de que El País desvelase que Estela incluso había pedido la destitución de su segundo (algo que Interior insiste en que no sucederá). El jefe de los Mossos envió hace unos días un comunicado a todos los agentes para asegurar que cuenta con el apoyo del conseller y de todo el equipo de la jefatura para trabajar “juntos”.
El otro frente que el departamento no tiene resuelto es el de la destitución del que fuera responsable de Investigación, Toni Rodríguez. Su cese, junto al de Trapero, fue el más sorprendente para muchos de dentro y fuera del cuerpo. En el caso de Rodríguez la última palabra la tendrá un juez puesto que ha interpuesto una demanda en la que reclama que su relevo se declare nulo y se le restituya en el cargo. Argumenta que en la conversación que mantuvo con el comisario Estela, en presencia de los también comisarios Sallent, Xavier Porcuna y la intendente Rosa Bosch, en la que se le comunicó su destitución no se le informó de los motivos. Tuvo que marcharse a casa y estuvo 20 días esperando hasta que por teléfono le comunicaron que le enviaban a la comisaría de Rubí pese a que él había pedido expresamente que no quería ese destino porque, aunque había vivido allí, tenía previsto trasladarse de ciudad. Tampoco se le explicó el porqué de su cese en la notificación en la que se le anunciaba formalmente el cambio a un puesto de categoría inferior a su escala.
Si Sallent es también el nombre destacado en esta demanda es porque el intendente explica que el comisario y entonces jefe de los Mossos pidió conocer las investigaciones que estaba llevando a cabo para aclarar si el conseller Buch contrató de manera irregular a un mosso que realizó servicio de escolta a Carles Puigdemont durante su estancia en el extranjero. En esas pesquisas, según consta en la demanda de Rodríguez, este intendente era el “único interlocutor con la Fiscalía” y tenía prohibido “comunicar a sus superiores el estado o desarrollo de la investigación”. La petición de Sallent provocó “tensiones” aunque acabó consiguiendo acceso a la información que requería “por vías desconocidas”. La Fiscalía pide seis años de cárcel y 27 de inhabilitación para Buch, que ahora dirige la empresa pública Infraestructures.cat, por tener de asesor a un sargento que en realidad ejercía de escolta de Puigdemont.
Rodríguez recuerda también en su demanda los problemas que tuvo con la cúpula policial de Sallent por las diligencias referentes a la investigación que afectaba a Laura Borràs, una fragmentación de contratos en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes y que finalmente han supuesto su imputación por prevaricación y falsedad documental. La jueza apartó a los Mossos porque se filtraron informaciones y un registro cuando aún estaba bajo secreto y, según el intendente, pese a que él reclamó que se abriese una investigación interna por un presunto delito de revelación de secretos, la respuesta que obtuvo, en este caso por parte del comisario Porcuna (que acaba de fichar como responsable de seguridad del Barça) fue negativa.
En Interior consideran que no es una casualidad que el contenido de la demanda de Rodríguez, presentada hace medio año, se conozca ahora e interpretan que se ha querido airear aprovechando que los medios estaban informando de los problemas entre Estela y Sallent. Lo que era previsible es que la oposición no dejaría pasar la ocasión para volver a preguntar al conseller Elena por esta retahíla de noticias sobre la crisis que sigue abierta en el departamento. De nuevo fue el PSC-Units per Avançar, a través del que fuera también titular de Interior y ahora diputado, Ramon Espadaler, buen conocedor de los entresijos de esa casa, quien interpeló este martes a Elena en el Parlament.
El conseller negó que existan diferencias entre el número uno y el dos de la cúpula policial y reiteró que su apuesta es por “la coralidad”. Respecto a la denuncia del intendente Rodríguez insistió en que para el departamento es una cuestión zanjada y rechazó que, tal y como le reprocha a menudo Espadaler, el departamento anteponga las estrategias políticas a las necesidades policiales. “No voy a permitir injerencias políticas en la operativa policial, pero tampoco injerencias policiales en decisiones políticas” le contestó Elena en un intento de contradecir la opinión de la oposición pero también de algunos mandos del cuerpo. El conseller sorprendió al comparar la demanda de Rodríguez con los argumentos del coronel Diego Pérez de los Cobos (sí, el que coordinó el despliegue policial del 1-O) contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska cuando este le apartó.
La de los Mossos es una crisis no resuelta que, para alivio de algunos, estos días ha pasado más desapercibida ante la magnitud de la que sufre el Govern, pendiente de que las bases de Junts decidan este viernes si la coalición con ERC se rompe ya definitivamente.