El juez de Barcelona que investiga las cargas policiales del 1-O ha rechazado citar como imputados a decenas de votantes heridos, tal y como pedía un sindicato policial. El instructor descarta la totalidad de las tesis del Sindicato Profesional de Policía, que acusaba a los concentrados en los colegios de formar “muros humanos” y atacar a los agentes. Una expresión casi idéntica a la empleada por la Fiscalía del Supremo esta semana en el arranque al juicio al 'procés', cuando el fiscal Fidel Cadena se refirió a las “murallas humanas que se lanzaron contra las fuerzas de seguridad del Estado” el 1-O como elemento fundamental del delito de rebelión del que acusa a los líderes soberanistas.
La que se juzga en el Tribunal Supremo y la que instruye el juzgado de instrucción 7 de Barcelona son dos causas judiciales diferentes que analizan los hechos del 1-O desde distintas perspectivas. La primera determinará si el plan independentista empleó la violencia en el 1-O para alcanzar su objetivo, mientras que la segunda investiga actuaciones desproporcionadas y concretas –porrazos, patadas y golpes– contra votantes de una treintena de agentes de Policía el día de la votación. Hay un único votante imputado, en su caso por lanzar una valla a los agentes: Roger Español, el hombre que perdió la visión de un ojo por una bala de goma de la Policía.
En sendos autos redactados en las dos últimas semanas, el juez instructor de Barcelona deniega la petición del sindicato policial para imputar por los delitos de resistencia a la autoridad y desórdenes públicos a otros 36 votantes heridos en cuatro colegios que denunciaron o se querellaron contra la Policía. El sindicato pedía además que se identificaran a otros concentrados que aparecían en los vídeos.
Y es que, según el Sindicato Profesional de la Policía, cuyos letrados defienden a agentes imputados por lesiones el 1-O, los votantes no solo se concentraron en los colegios, sino que opusieron una resistencia activa contra los agentes. “Muro humano”, “tapón humano”, “masa de gente” o “multitud agarrada” son algunas de las expresiones empleadas por el sindicato para referirse a los concentrados, a los que acusa de “hacer uso de la fuerza” para no ser desalojados de los colegios.
“La hostilidad erupciona como un volcán”
“La hostilidad de los ciudadanos que acometen contra los funcionarios de policía es tan violenta que erupciona como un volcán”, hiperboliza el escrito del sindicato, que también se para a analizar las edades de los concentrados: “La resistencia no solo la ofrecen los jóvenes, sino también personas mayores, e incluso, por apariencia, personas de avanzada edad, pero no por ello dejan de ser constitutivas de delito”.
El instructor, el juez Francisco Miralles, descarta que los lesionados cometieran delito alguno. En primer lugar, porque el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ordenó a los cuerpos policiales impedir el referéndum no contenía prohibición alguna sobre el derecho de los ciudadanos a concentrarse en los centros de votación.
Asimismo, en ninguno de los vídeos se ve a ningún votante realizar un “verdadero acometimiento” contra la policía, destaca el instructor, que describe la actitud de los concentrados como “meramente pasiva”.
Los votantes, víctimas de los políticos
Pero además, en una reflexión de hondo calado político, el instructor sitúa a los lesionados que el sindicato policial quería imputar como “víctimas directas de la situación de confrontación generada por los propios poderes públicos”, que “trasladaron a la calle” los conflictos “que debían resolverse en las instituciones estatales y autonómicas”.
Imputar a los ciudadanos que trataron de impedir con su propio cuerpo la actuación policial supondría “trasladarles la responsabilidad del fracaso de las instituciones”, abunda el instructor. El juez recalca que a los ciudadanos no sólo se les había prohibido participar en el referéndum, sino que habían “sido invitados a ellos por el propio Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya y otras instituciones, existiendo un evidente conflicto de pretendidas legitimidades”.
De esa forma, añade el auto, los ciudadanos recibieron “mensajes totalmente contradictorios” por parte de las instituciones sobre el derecho a votar “o a defender un presunto inalienable derecho al voto”. En esta situación tan “controvertida”, el juez descarta imputar a los votantes ya que estos fueron “las víctimas directas de la situación de confrontación generada por los propios poderes públicos”. Nada más ni nada menos.