Tal y como figuraba en el guión de los independentistas, la última de las leyes de ruptura, titulada de transitoriedad jurídica, ha sido aprobada este jueves al filo de la madrugada por el Parlament de Catalunya. Esta es la norma que prevé la ruptura de la legalidad constitucional tras el 1 de octubre, si los votos independentistas superan a los del 'no'.
71 diputados han emitido votos positivos, contra los 52 escaños vacíos que los grupos de Ciutadans, PSC y PP han dejado en señal de protesta. Los diputados de Catalunya sí que es Pot han presionado el botón del 'no'. La foto final ha recordado a lo ocurrido el miércoles tras el debate de la ley del referéndum, cuando también una parte importante de la oposición abandonó sus asientos.
La ley aprobada pretende regular el marco jurídico entre la ruptura del actual ordenamiento legal hasta la entrada en vigor de una nueva constitución, un periodo que sus redactores prevén de un año. Por ello, está diseñada para que funcione como una carta magna provisional, tanto para el funcionamiento legislativo ordinario como para la regular el proceso constituyente.
La votación de esta ley supone la culminación del plan independentista para esta semana, en la que se habían propuesto la aprobación de la ley del referéndum, el decreto de convocatoria para el 1 de octubre y, finalmente, la aprobación de la ley de ruptura. Lo han conseguido en los tres casos, aunque para la votación de la última las dos primeras cuestiones ya estaban suspendidas por el Tribunal Constitucional, que ha atendido los recursos interpuestos por el Gobierno en paralelo al debate parlamentario.
Como ya sucediera en el miércoles, la jornada en la que se ha aprobado la ley ha consistido en un pleno maratoniano y eminentemente técnico. Desde las 14 horas, cuando JxSí y la CUP han pedido introducir la ley en el orden del día, hasta más tarde de las 21 horas, cuando se ha votado el cambio reclamado, han transcurrido 7 horas en las que la oposición se ha coordinado para presentar peticiones de reconsideración, que obligan a la presidenta a interrumpir el pleno y convocar a la Mesa.
La tensión se ha apoderado de la Cámara en algunos momentos de la tarde, tornándose en bronca, incluso mayor que la del miércoles, por parte de la oposición. Los diputados de Ciutadans, PSC, PP y algunos de Catalunya Sí que es Pot han acusado atropellar sus derechos a la mayoría parlamentaria y la propia presidenta, Carme Forcadell.
La principal diferencia entre oposición y mayoría reside en la interpretación del artículo 81.3 del reglamento, que los independentistas invocan para modificar el orden del día y suprimir trámites parlamentarios antes de llegar al debate a la totalidad de las proposiciones de ley. La oposición considera, apoyándose en el criterio del Consell de Garanties Estatutaries, que ese artículo no permite al pleno eliminar varios de esos trámites, entre ellos el de la petición de un dictamen al propio Consell de Garanties. Los grupos de la oposición han anunciado que acudirán al Constitucional con recursos de amparo por esta práctica.
Pese a las protestas de la oposición, los independentistas han tramitado y aprobado la ley de ruptura que, a su entender, debería quedarse ahora en un cajón hasta que el recuento del referéndum del 1 de octubre sea oficial. No será así, ya que con toda probabilidad el Tribunal Constitucional tumbará la ley tan pronto como el Gobierno la recurra, por su carácter nítidamente contrario a la Constitución y al Estatut catalán.