La reforma de la ley de presidencia para encajar legalmente una investidura a distancia de Carles Puigdemont ha obtenido este viernes el respaldo del Parlament gracias a los votos de JxCat, ERC y la CUP. Pese a la aprobación, el texto nace con pocas opciones de entrar en vigor de forma inmediata, pues el Gobierno central ya ha anunciado que lo tumbará con un recurso ante el Constitucional.
El texto impulsado desde JxCat añade a la ley que regula la investidura y formación del Govern la posibilidad de que el candidato a la presidencia exponga su programa de gobierno de forma no presencial ante la Cámara, en caso de “ausencia, enfermedad o impedimento”, siempre que se autorice por mayoría absoluta del pleno. La ley regula además la posibilidad de reunir al Govern y los órganos colegiados de la Generalitat de forma telemática mediante métodos digitales.
Esta reforma es una de las vías por las que apostó JxCat en la estrategia de buscar la investidura de Puigdemont por todos los frentes. Pese a la pública reticencia que generaba en ERC, que no la considera eficaz para investir al president cesado, finalmente todo el bloque independentista la ha avalado.
Antes de que comenzara el debate, la jefa de la oposición, Inés Arrimadas, ha cargado contra la tramitación de la ley por lectura única, considerando que celebrar un debate así era tanto como “volver a los días 6 y 7 del Parlament”. Para la presidenta de Ciutadans, el procedimiento de urgencia vulnera derechos de los diputados, algo que desde las filas independentistas ha sido rechazado esgrimiendo el aval del Tribunal Constitucional a la aprobación de leyes por lectura única en el Parlament.
Todos los grupos de la oposición han criticado la reforma, al considerar ilegal y contrario al sentido común permitir que un president sea investido sin estar en la Cámara. “¿Para qué sirve esta ley, para investir a alguien que no podrá ser investido?”, se ha preguntado Miquel Iceta (PSC), que ha reclamado al independentismo asumir que Puigdemont no volverá a la presidencia. En la misma línea se ha posicionado Xavier Domènech (Comuns), que ha criticado a los independentistas por no tener un plan para Catalunya.
El nuevo texto se ha aprobado también pese al dictamen del Consejo de Garantías, que la semana pasada dictaminó en una decisión no vinculante que el nuevo texto era contrario al Estatut y al reglamento del Parlament. Tras conocerse esta posición del órgano consultivo, JxCat introdujo una enmienda para prever de forma paralela una modificación del reglamento acorde con la nueva formulación de la investidura que introduce la reforma de la ley de presidencia.
Horas antes de que comenzara el debate en el Parlament, el Gobierno central anunció que sus servicios jurídicos ya tenía preparado el texto del recurso para llevar al Constitucional de forma inmediata. Pero demás el Ejecutivo de Mariano Rajoy señaló a posibles consecuencias de tipo penal para los miembros de la Mesa, cuando en un comunicado recordó que “el Tribunal Constitucional ya advirtió a los responsables de la Cámara autonómica de la obligación de respetar las resoluciones del Alto Tribunal”.
El Constitucional, pese a lo que da a entender el Gobierno, no ha emitido resolución alguna sobre la reforma aprobada este viernes. Ahora bien, lo hará con toda probabilidad. Pero, para ello, el Diario General de la Generalitat debe publicarlo, algo que no está tan claro que vaya a ocurrir inmediatamente, gracias al control que Moncloa tiene de este organismo mediante el artículo 155. El Gobierno tiene hasta 15 días, según el Estatut, para publicar la reforma, lo que retrasaría su entrada en vigor hasta casi la fecha en la que la Cámara se disolvería.
Dado que el Gobierno tiene todas las herramientas para tapar todas las posibles gritas por donde se podría colar una investidura exprés de Puigdemont, fuentes de JxCat apuntaban esta semana a la posibilidad de utilizar la reforma legal no ahora sino en medio de la legislatura. Según esta idea, tras la investidura del llamado 'candidato D' (por ser el cuarto intento), el nuevo president podría renunciar en mitad del mandato y según la reforma esté en vigor para investir entonces a Puigdemont. Para ello sería necesario el aval del Constitucional.