La Mesa del Parlament ha encargado a los letrados de la Cámara que elaboren un informe jurídico sobre cómo aplicar la decisión del Tribunal Supremo del martes pasado, cuando dictó la suspensión de seis diputados investigados por el proceso soberanista, los cinco que permanecen presos en España y el expresident Carles Puigdemont.
El informe es una petición hecha por el PSC este miércoles, y se ha materializado porque la Mesa del Parlament ha dado luz verde este jueves a consultar a los servicios jurídicos de la Cámara. Al haberse solicitado el informe, el órgano de gobierno de la Cámara no ha tomado ninguna decisión sobre si aplicar ya o no la suspensión de los seis diputados. Además, el Parlament todavía no ha recibido la notificación del auto del juez Pablo Llarena por parte del Tribunal Supremo.
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena abrió este martes un nuevo conflicto con el Parlament al suspender a los cinco diputados presos y procesados por rebelión –Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, así como a Puigdemont, que permanece en Alemania. Esto implica que ya no podrán votar en los plenos. Los independentistas, cuya mayoría en la Cámara está ahora en el aire, ya han mostrado su intención de resistirse con todos los mecanismos disponibles a la suspensión de los diputados.
Llarena dejó en manos del Parlament de Catalunya la posibilidad de que los diputados suspendidos sean sustituidos temporalmente por otros de sus respectivas candidaturas, sin que tengan que dejar definitivamente el escaño. La suspensión provisional del escaño, argumenta el juez, “no puede imponer que los grupos parlamentarios hayan de renunciar a su mayoría parlamentaria durante el período de la suspensión”. Ahora serán los letrados del Parlament los que emitirán un dictamen.
“Tampoco resulta coherente –añadió Llarena– que una suspensión provisional imponga, como única manera de mantener la mayoría parlamentaria, que los suspendidos renuncien definitivamente al derecho de representar a sus electores”. El problema de la opción que plantea Llarena, indican fuentes parlamentarias consultadas, es que la sustitución temporal de los diputados no está contemplada por el reglamento del Parlament. Es decir, para ser sustituidos es necesario que renuncien al acta.