Nuevo conflicto entre el poder judicial y el legislativo catalán. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha consumado este martes la suspensión temporal de los cinco diputados independentistas presos y procesados por rebelión, así como de Carles Puigdemont, que permanece en Alemania, lo que implica que ya no podrán votar en los plenos. Los independentistas, cuya mayoría en la Cámara está ahora en el aire, ya han mostrado su intención de resistirse con todos los mecanismos disponibles a la suspensión de los diputados.
En un auto, Llarena comunica al Parlament que ha aplicado lo que ya se había dejado entrever en anteriores resoluciones del Supremo, esto es, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que suspende a los cargos públicos en prisión provisional y procesados por terrorismo o rebelión. La decisión del juez afecta a los diputados presos de JxCat –Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull– y ERC –Oriol Junqueras y Raül Romeva– así como a Carles Puigdemont, que permanece en Alemania pero sobre el que pesa una orden de prisión en España. No así al diputado de ERC Toni Comín al aceptar el juez un recurso de reforma contra su procesamiento, que por lo tanto todavía no es firme.
La primera consecuencia política de la decisión de Llarena es la pérdida de la mayoría independentista del Parlament: la suspensión afecta a seis de los 70 diputados independentistas. Esto hace que los secesionistas, a la práctica, cuenten con 63 escaños en el Parlament por los 65 que suma la oposición (pese a no estar suspendido, Comín renunció a la delegación del voto).
Los independentistas se decantaban la semana pasada por mantener en sus cargos a los diputados. JxCat y ERC alegan que el reglamento del Parlament regula que sea el pleno quien tenga la última palabra para suspender a los diputados, en vez del juez. De ahí que el próximo paso que prevén tomar ambas formaciones sea rechazar las suspensiones en la Cámara. Otra opción sería dejar el cargo y que ocupara su escaño el siguiente integrante de las listas electorales, algo que JxCat y ERC no contemplan por ahora.
Llarena deja en manos del Parlament de Catalunya la posibilidad de que los diputados suspendidos sean sustituidos temporalmente por otros de sus respectivas candidaturas, sin que tengan que dejar definitivamente el escaño. La suspensión provisional del escaño, argumenta el juez, “no puede imponer que los grupos parlamentarios hayan de renunciar a su mayoría parlamentaria durante el período de la suspensión”.
“Tampoco resulta coherente –añade Llarena– que una suspensión provisional imponga, como única manera de mantener la mayoría parlamentaria, que los suspendidos renuncien definitivamente al derecho de representar a sus electores”. El problema de la opción que plantea Llarena, indican fuentes parlamentarias consultadas, es que la sustitución temporal de los diputados por otro miembro de su lista no está contemplada por el reglamento del Parlament. Es decir, para ser sustituidos es necesario que renuncien al acta.
Para el Supremo, “rebeldes” son aquellos procesados por delitos de rebelión. En el caso de los dirigentes catalanas, protagonizaron una “rebelión sin armas”, según la sala de apelaciones que confirmó el procesamiento de los políticos independentistas. El uso de esta expresión no es casual, sino que tiene en cuenta la sentencia 199/1987 del Tribunal Constitucional, la casi única jurisprudencia en la materia, y que limitó el concepto de “rebelde” al ámbito del terrorismo armado.
“Por definición, la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional”, sentenció el Constitucional, la instancia que terminará resolviendo el conflicto entre Llarena y el Parlament. Y es que se da por descontado que los diputados independentistas acudirán al Constitucional, al que desobedecieron abiertamente el pasado mes de septiembre, en busca de amparo para seguir en sus cargos.
Fin de la instrucción
Llarena ha terminado este miércoles la instrucción de la causa del “procés” y ha declarado en rebeldía a los procesados que se encuentran huidos, incluido el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que serán investigados en otra pieza separada. El juez ha acordado la conclusión del sumario de la causa del “procés” respecto de los procesados no fugados, a quienes da quince días para su comparecencia en el tribunal competente para enjuiciarlos en el Supremo.
Respecto a los que están huidos de la justicia ( Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel) los declara en rebeldía y, tal y como contempla el artículo 842 de la ley procesal, se suspende el curso de la causa respecto a ellos, que quedarán en otra pieza separada mientras no se encuentren a disposición del juez.
Diligencias denegadas
Antes de cerrar la instrucción, Llarena ha denegado todas las diligencias solicitadas por las defensas y la acusación de VOX, entre ellas la comparecencia de nuevos testigos, al considerarlas “innecesarias” o “reiterativas”. Entre las más destacadas, figuraban la petición de la defensa de Sànchez, Rull y Turull para que declararan como testigos los guardias civiles encargados de redactar varios atestados de la causa, así como agentes de los Mossos d'Esquadra, voluntarios de la ANC y el exdiputado Lluís Llach, todos ellos presentes en la protesta frente a al conselleria de Economía.
Por su lado, Cuixart, Serret y Comín reclamaban varias partes de la causa que instruye un juzgado de Barcelona sobre las cargas policiales del 1-O, mientras que la defensa de Puigdemont solicitó repetir todas las diligencias practicadas hasta el 26 de marzo de 2018. El abogado de la exconsellera Bassa, además, reclamó incluir en la causa documentación sobre los servicios mínimos de la huelga del 3-O. Y la acusación popular de VOX quería interrogar de nuevo a Artur Mas, Neus Lloveras, Josep Lluis Trapero y Josep Maria Jové. El juez ha rechazado todas las peticiones.