El PDECat tiene un problema, y ese problema se llama juicio del caso Palau. Sea cual sea la sentencia, la recta final del proceso judicial se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para un partido nacido para evitar la asociación con la corrupción que empantanó la antigua Convergència. Es por esta razón que el partido está utilizando todos sus recursos desde la Generalitat para intentar minimizar los daños en el juicio.
El pasado viernes, tal y como reveló Catalunya Plural, la Generalitat empleó la mayoría que tiene en el Comité Ejecutivo del Consorcio del Palau de la Música para evitar que los abogados de la acusación cambiaran el criterio y acusaran directamente a Convergència de haber cobrado 6,6 millones de euros comisiones de Ferrovial a cambio de adjudicaciones de obra pública. En el Consorcio, que nutre de fondos públicos al Palau, están representadas tres administraciones: el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
El Ayuntamiento de Barcelona promovía este cambio en la línea de la acusación del Palau, pero los tres votos en contra del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, del conseller de Cultura, Santi Vila, y del secretario general de Cultura, Pau Villòria, unidos a la ausencia de los dos representantes del Ministerio de Cultura, pesaron más que los dos votos con los que cuenta el consistorio de Colau. El PDECat se aseguró así de que al menos una de las acusaciones no hable en sus conclusiones finales del asunto que más factura puede pasarle al partido.
La operación se repitió poco después en el seno de la Fundación Orfeó Català – Palau de la Música Catalana. En la reunión de su patronato, formado por 22 personas, se aceptó igualmente el criterio del Govern para que tampoco la acusación que representa a la Fundación en calidad de perjudica acuse directamente a Convergència ni a Ferrovial. Tampoco en esta cámara la petición del representante municipal encontró apoyos, más allá de uno de los patronos.
Entre los 22 miembros del patronato de la Fundación del Palau hay varios nombres vinculados con Convergència, como el secretario, Joan Vallvé, que ha ocupado diversos cargos políticos con el partido, o el propio David Madí, mano derecha en la sombra de Artur Mas. Según fuentes conocedoras de la reunión, fue precisamente Madí quien más defendió ante los patronos no cambiar la orientación judicial de la acusación que ejerce la Fundación.
El poco interés del Palau en la presunta financiación ilegal de CDC se ha dejado ver durante el juicio. Los abogados de Consorcio y Fundación evitaron preguntar al actual tesorero de CDC, Andreu Viloca, cuando declaró como testigo, por el supuesto trasvase de fondos entre la fundación Trias Fargas y Convergència en tiempos de los hechos que se juzgan. Y eso que no habían podido preguntar al extesorero convergente acusado, Daniel Osàcar (para quien la Fiscalía piede siete años de cárcel), porque solo quiso contestar a las preguntas del ministerio público y de su defensa.
No siempre fue así: cuando el caso estaba en fase de instrucción, el Consorcio pidió al juez que abriera una pieza separada sobre la presunta financiación ilegal de CDC. Sin embargo, el retorno de los convergentes a la Generalitat en 2011 hizo que el Palau descartara los cargos contra CDC.
Quien sí preguntó a Osàcar en el juicio fue el abogado de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), Àlex Solà, también personada en el proceso como acusación. La insistencia de esta acusación popular en la hipótesis de que Convergència recibió financiación irregular a cambio de contratos, en línea con la tesis del fiscal Anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, convierte las maniobras de la Generalitat en inútiles para evitar que el tribunal se pronuncie sobre la financiación ilegal de CDC.
Tanto el Consorcio como la Fundación sí piden penas de cárcel para Millet y Montull por el desfalco millonario del Palau, en línea con las tesis de la Fiscalía y la FAVB. Sin embargo, a diferencia del ministerio público y la acusación popular, los entes del Palau evitan formular acusación contra CDC. La Fiscalía y la FAVB sostienen que Ferrovial camufló como donaciones al Palau las mordidas ilegales a CDC a cambio de la adjudicación de obras públicas del último Govern de Jordi Pujol (como la línea 9 del Metro o la Ciudad de la Justicia).
El próximo miércoles el juez preguntará a las acusaciones si elevan sus conclusiones provisionales a definitivas. Pero, según se prevé, no será hasta el siguiente lunes cuando se conozcan estas conclusiones finales. Será entonces cuando se comprobará hasta qué punto las acusaciones siguen la línea de la financiación a cambio de mordidas, que constituiría un delito de tráfico de influencias ya que en el momento juzgado no existía la figura de la financiación ilegal de partidos.