El Palau de la Música no acusará a Convergència por el presunto cobro de comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública a través de la institución cultural. La Generalitat impuso este viernes su mayoría en el seno del Consorcio del Palau, el ente que reúne a las administraciones que aportan fondos públicos al auditorio, para evitar un cambio de posicionamiento jurídico de la entidad antes de que se presenten las conclusiones definitivas en el juicio del caso Palau. Ante la ausencia de la representante del Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Barcelona se quedó solo defendiendo personarse contra Convergència y Ferrovial.
En la reunión celebrada por el Comité Ejecutivo del Consorcio del Palau de la Música, integrado por la Generalitat –con tres votos–, el Ayuntamiento de Barcelona –dos votos–, y el Ministerio de Cultura –dos votos–, se debatió el pasado viernes la posibilidad de personarse como acusación tanto contra Convergència como contra Ferrovial, por el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública. El Ayuntamiento de Barcelona había reclamado en reuniones anteriores abrir esta vía antes de acabar el juicio del caso Palau, a la vista de las nuevas revelaciones surgidas de la vista oral a los procesados.
Según ha podido saber Catalunya Plural a través de fuentes conocedoras de la reunión, la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona fue rechazada por los tres representantes de la Generalitat, entre los cuales están el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el conseller de Cultura, Santi Vila, y el secretario general de Cultura, Pau Villòria. Los dos primeros delegaron su voto en Villòria. Mientras, la representante por parte del Ministerio de Cultura no acudió a la reunión. Así fue como el Govern hizo valer su mayoría, para evitar que el Palau acusase directamente al partido del Govern.
La decisión tomada en el Consorcio fue posteriormente ratificada en una segunda reunión, efectuada por el máximo órgano de la entidad, el patronato de la Fundació Palau de la Música. Este, compuesto por 22 miembros, ratificó la determinación de no acusar a Convergència ni a Ferrovial. En esta segunda reunión, la postura del Ayuntamiento volvió a quedar en minoría, con un único representante del Orfeó Català a su favor.
Según explican fuentes del Departament de Cultura, la postura que el Govern hizo prevalecer en las dos reuniones del viernes es la de esperar a que se presenten las conclusiones del juicio para decidir cómo actuar. Según consideran, este no es “el momento procesal oportuno” para cambiar la orientación jurídica de la entidad, y prefieren esperar para ver cómo se pronuncia la Fiscalía respecto a los delitos que se le imputan al partido. Además, aseguran que la decisión no fue “discrecional o política, sino jurídica a partir de todos los informes de los equipos jurídicos del Palau”.
Previsblemente, al final del juicio la Fiscalía rebajará la pena que inicialmente pedía (25 años de cárcel) contra la hija de Jordi Montull, Gemma Montull, gracias a las confesiones que su padre y Millet hicieron sobre la financiación ilegal de CDC. No variará la acusación contra el partido –vehícular a través del Palau 6,6 millones de comisiones de Ferrovial– ni contra su extesorero, Daniel Osàcar –siete años de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo.
El Consorcio es una de las entidades perjudicadas por el desfalco de casi 30 millones confesado por los antiguos responsables del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, por los que la Fiscalía pide 27 años de cárcel. Comparte acusación junto a la Fiscalía, Hacienda, la Fundación del Palau y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). Durante el juicio, los exresponsables del auditorio, Fèlix Millet y Jordi Montull, han asegurado que los pagos efectuados por Ferrovial al Palau se canalizaron hacia Convergència, en concepto de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Pese a que en un primer momento la entidad cultural apuntaba hacia Convergència en su estrategia procesal, posteriormente esta vía decayó. Ahora, la propuesta del Ayuntamiento a través de su representante en la entidad, Joan Linares, quien dirigió la institución tras el saqueo, consistía en que el Consorcio modificase su estrategia jurídica y volviera a acusar a los presuntos autores del desvío de comisiones de obra publica a través del Palau.
Se trataría, según apuntan fuentes del consistorio, de sumarse a la acusación popular y a la Fiscalía, quienes acusan a, entre otros, Ferrovial, Fèlix Millet y el extesorero de Convergència, Daniel Osàcar, de tráfico de influencias por vehicular a través del Palau las comisiones hacia el partido a cambio de obra pública de la Generalitat.
La decisión tomada el viernes por el Consorcio implica que el Palau no pueda reclamar al tribunal que decomise los 6 millones y medio de euros en los que se estiman la financiación fraudulenta de CDC a través del Palau, por lo que la entidad cultural no podría reintegrarlos en concepto de reparación de daños.