El pulso entre los afines a Carles Puigdemont y la dirección del PDeCAT aún no está resuelto pero el expresident ha movido ficha y asegura estar dispuesto a impulsar un partido propio. Sería la enésima reinvención del espacio posconvergente puesto que en cuatro años se han creado hasta seis marcas diferentes. La más consolidada ahora mismo es la de JxCat, pero son unas siglas que Puigdemont no podría hacer suyas porque pertenecen al PDeCAT y este no está dispuesto a cedérselas.
A través de un texto que el ahora eurodiputado y algunos de sus afines han distribuido este jueves a través de las redes sociales, el expresident llama a todos los votantes del 1-O a unirse a una formación que será “el carril central del catalanismo, que ahora es independentista”.
A pesar de que empezó a militar en Convergència en 1983, a Puigdemont nunca le interesó la vida de partido, ni el tiempo que fue president ni tampoco cuando era alcalde de Girona. Pero siempre ha defendido la necesidad de aglutinar de manera transversal el máximo de sensibilidades del ámbito independentista, más allá de las fronteras partidistas. Ese era el propósito de La Crida Nacional per la República, un movimiento que impulsó en enero del 2019, que está también registrado como partido, pero que no ha cuajado ni como marca ni como plataforma transversal del secesionismo. Si finalmente se consuma el divorcio entre Puigdemont y el PDeCAT hasta el punto de que se presenten por separado a las próximas elecciones se abre un escenario con interrogantes aún no resueltos.
“El president está convencido”, afirman en el núcleo más próximo a Puigdemont. Sus planes pasan por fundar un nuevo partido en el que no tenga que hacer equilibrios de poder con el PDeCAT y utilizarlo como novedad electoral en los próximos comicios catalanes. Los promotores de la nueva formación defienden que si los afiliados o incluso los dirigentes de la anterior marca lo desean podrán pasarse a la suya, pero de forma individual y sin esperar cuotas en las listas ni en la dirección. En todo caso, en el PDeCAT rechazan que pueda permitirse una doble militancia. Este es el proyecto del eurodiputado pero, ¿acabará ejecutándolo? Estos son los pros y contras que tiene ante sí Puigdemont.
La marca
Para comenzar, puede ser útil recordar la situación de la que parte el espacio que lidera el expresident. Tras la abrupta convocatoria electoral de diciembre de 2017 y bajo el artículo 155 de la Constitución, Puigdemont solo disponía de dos instrumentos electorales: la antigua Convergència, aún no disuelta en aquel momento, y el nuevo PDeCAT, fundado por Artur Mas como formación heredera de la anterior, y que ha acabado siendo dirigido por David Bonvehí.
Puigdemont crea entonces la marca Junts per Catalunya a la que suma personas provenientes de diversos ámbitos. Pero las siglas de JxCat son registradas por el PDeCAT, y se presenta a las elecciones catalanas como una coalición entre ese partido y Convergència. Se hace así para que la candidatura pueda heredar los derechos electorales del antiguo partido. Al desaparecer Convergència, el PDeCAT es actualmente el único dueño de todos los derechos, además de la marca JxCat.
Posteriormente, en julio de 2018, Puigdemont impulsa a través de Jordi Sànchez un nuevo partido, la Crida Nacional, con el objetivo de que sea el paraguas que aglutine a todos sus fieles, independientes, y a los procedentes del PDeCAT. La pretensión del expresident, sin embargo, no fructifica porque los de Bonvehí rechazan disolverse en la Crida y piden repartir cuotas. Tampoco la nueva marca se consolida. Es a partir de aquí que surge la idea de crear una nueva formación.
Presencia en debates
De entrada y como norma general, la doctrina de la Junta Electoral dispone que un partido que no se presentó a las últimas elecciones equivalentes, en este caso a las del Parlament de Catalunya de 2017, no puede participar en debates o, al menos, no puede hacerlo sin que estén presentes todas las listas que obtuvieron algún voto en las anteriores. Sin embargo, después del nacimiento de partidos como Podemos o Ciudadanos, la Junta Electoral abrió la puerta a algunas excepciones estipulando la etiqueta de “grupo político significativo”.
Finalmente el precepto quedó recogido así: “Se reconocerá la condición de grupo político significativo a aquellas formaciones políticas concurrentes a las elecciones de que se trate que, pese a no haberse presentado a las anteriores equivalentes o no haber obtenido representación en ellas, con posterioridad, en recientes procesos electorales y en el ámbito territorial del medio de difusión, hayan obtenido un número de votos igual o superior al 5% de los votos válidos emitidos”.
Esta es la fórmula que permitió que Ciudadanos y Vox estuvieran el pasado lunes en el debate electoral celebrado en la televisión pública gallega (TVG) pese a no tener representación. Pero, si la candidatura de Puigdemont se configura como un partido totalmente nuevo no podría ser considerado “grupo político significativo”, por lo que seguiría sin poder tener entrada en los debates. Ahora bien, siempre cabe la opción de que la Junta Electoral abra nuevas excepciones que puedan dar cabida a una candidatura como la del expresident.
Subvenciones
La administración sufraga mediante subvenciones las campañas electorales, pero lo hace a posteriori y dependiendo del resultado obtenido. Esto hace que los partidos deban, por una parte, avanzar la financiación, y por otra afinar el cálculo sobre los resultados que lograrán, para no perder dinero. Sin embargo, a los partidos que obtuvieron representación en las últimas elecciones, la administración les avanza un 30% de la subvención que se les concedió entonces, lo que a la práctica es una ayuda muy importante a la hora de financiar una campaña.
Si Puigdemont acudiera con una candidatura sin ningún vínculo anterior se expone a quedarse sin este adelanto económico, por lo que debería sufragar la campaña por sus propios recursos. Hay que tener en cuenta que conseguir dinero nunca ha sido complicado para el expresident debido al importante apoyo social que suscita. En la campaña de las elecciones europeas, sin ir más lejos, JxCat logró recaudar 100.000 euros en unos pocos días gracias a las donaciones particulares, una cifra que los independentistas han conseguido recolectar en diferentes ocasiones para costear gastos de defensa o costear multas.
Con todo, hay que tener en cuenta que la campaña al Parlament es la más cara para los partidos catalanes. En 2017 la candidatura de JxCat invirtió 1,4 millones de euros, y aún así fue una de las más baratas, solo superada por los ‘comuns’ y la CUP.
La lista
El tirón electoral de Puigdemont sigue siendo indiscutible pese a que fuentes próximas al expresident reconocen que su pretensión no era, al menos hasta ahora, encabezar la candidatura sino reforzarla. Otra cosa es que al final considere que es lo más conveniente porque lo que nadie cuestiona en su entorno es que es el líder de este espacio. Tanto la lista de las autonómicas como la de las últimas generales se perfilaron en Waterloo, con cumbre Puigdemont-Bonvehí incluida, y tras consultar previamente a los dirigentes presos.
En la candidatura del 21-D, el 70% de los integrantes de la lista por Barcelona eran independientes. La convivencia entre los recién llegados a la política y los que ya conocían el Parlament no siempre ha sido fácil durante esta legislatura. La mayoría de los integrantes del núcleo duro y más próximo a Puigdemont y Quim Torra, conocido como los ‘legitimistas’, no había formado parte de la dirección de Convergència ni de la del PDeCAT. Laura Borràs (que después saltó al Congreso), el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, y los diputados Francesc de Dalmases, Anna Geli, Eduard Pujol y Gemma Geis, forman parte de este grupo.
Manifiestos y carta de los presos
Además del manifiesto distribuido por Puigdemont este jueves para anunciar su intención de crear un partido, en las últimas semanas habían surgido ya otros dos. Uno de los afines al expresident y otro firmado por cargos electos del PDeCAT. El de los próximos a Puigdemont contaba con los apoyos de la consellera de Presidència, Mertixell Budó, del de Interior, Miquel Buch, el de Territori, Damià Calvet, y el de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, así como de decenas de destacados altos cargos del Govern. El manifiesto del PDeCAT, que rechaza la disolución de sus siglas en un espacio de nueva creación, fue suscrito por destacados alcaldes como el de Igualada, Mollerussa o Reus. En el texto, más de un centenar de representantes municipales reclamaban “rehuir el pensamiento único”.
Entre los movimientos de las últimas semanas destaca el que han protagonizado dos de los presos: Jordi Turull y Josep Rull. Antes de entrar en la cárcel estaban integrados en familias convergentes distintas y enfrentadas. En la prisión no solo limaron asperezas personales sino que se reconciliaron políticamente. Su propósito y el de otro de los presos, Quim Forn, era convencer al resto de la cúpula del PDeCAT de que el partido debía fusionarse en una nueva formación que respondiese a las siglas de JxCat. En la práctica eso suponía la desaparición del PDeCAT, algo a lo que Bonvehí y otros dirigentes se opusieron. La pugna se ha resuelto con un portazo de los exconsellers en forma de una carta en la que reconocen que tienen “visiones distintas” de cómo realizar un tránsito “reforzado y ordenado” hacia JxCat.
Estructura territorial
La guerra de manifiestos ha permitido medir la implantación territorial de cada una de las corrientes en liza. Si bien el texto de los afines a Puigdemont congregaba a buena parte del poder territorial, incluyendo la alcaldesa de Girona, el principal ayuntamiento que controlan los postconvergentes, la respuesta del PDeCAT fue contundente a la hora de mostrar la adscripción de importantes dirigentes municipales. 130 alcaldes apoyaron las tesis de Bonvehí, lo que señala que una posible ruptura entre las dos corrientes sería también una brecha importante en el ámbito municipal de la antigua Convergència.
La fractura territorial puede tener también un reflejo electoral importante. En las últimas generales, la candidatura de JxCat, capitaneada por Laura Borràs, consiguió disputar a ERC varias zonas del interior catalán y, sobre todo, de la provincia de Girona. Aquel buen resultado se forjó en un crecimiento bastante homogéneo en todos los territorios, incluyendo la provincia de Barcelona. La capital catalana fue también la clave de Puigdemont en las elecciones catalanas de 2017, cuando además de obtener unas buenas cifras en sus bastiones tradicionales, logró quedar a menos de dos puntos de ERC en la circunscripción metropolitana. Por lo tanto, necesita preservar el electorado de la Catalunya interior y avanzar en la metropolitana.
Discurso frente a ERC
Los partidarios de Puigdemont interpretan las vinculaciones con Convergència como un lastre electoral. Eso incluye todas las marcas o figuras públicas que puedan asociarse al viejo partido de Jordi Pujol, pero también a algunas prácticas políticas muy asociadas con el imaginario convergente. Una de esas actitudes de las que el entorno de Puigdemont abjura es el pactismo con el Gobierno, que muchos votantes ven como una reedición de lo que en tiempos de CiU se bautizó como “el peix al cove”. Por ello, el grupo del expresident desea alejarse lo máximo posible de la imagen conciliadora que ERC intenta exhibir en Madrid y así marcar una ruptura respecto al pactismo que fue marca del pujolismo.
La exconsellera y eurodiputada Clara Ponsatí resumió la estrategia de Puigdemont en el mitin que los independentistas celebraron el pasado mes de febrero en Perpiñán: “No nos dejemos engañar por mesas y engaños que solo sirven para que Sánchez gane tiempo. Tenemos que preparar el siguiente embate para la ruptura”. Una enmienda a la totalidad no solo a ERC sino también al propio Govern de Torra.