A la espera de la toma de posesión de Quim Torra como nuevo presidente de la Generalitat, prevista para los próximos días, el recién investido ha viajado este martes a Berlín para reunirse con Carles Puigdemont, remarcando la dirección bicéfala de la nueva etapa.“Torra tomará con total libertad las decisiones que atañen al Govern que preside”, ha asegurado el expresident, quien sin embargo ha dejado a su sucesor una abultada lista de tareas pendientes.
Torra ya ha deslizado algunos de sus planes en el Ejecutivo para una legislatura que se prevé corta y centrada, al menos discursivamente, en la “restitución” de Puigdemont. “Lo investiré”, aseguró el nuevo president como cierre de su última apelación a la Cámara en el debate de investidura. Esta idea de la recuperación del Govern depuesto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con la autorización del Senado tendrá también su reflejo en el nombramiento de los consejeros. Los excargos encarcelados que deseen repetir, podrán hacerlo, bien por un tiempo simbólico o hasta que sean inhabilitados judicialmente.
En la ámbito programática, son dos las ideas claves sobre las que el independentismo trabaja: el rescate de leyes suspendidas y anuladas por el Tribunal Constitucional, y el llamado proceso constituyente. Pese a la retórica del discurso presidencial, ni en JxCat ni en ERC hay voluntad de llevar a cabo estas propuestas mediante una desobediencia que comporte que nuevos cargos entren en la cárcel. Ni siquiera en el programa de gobierno que las formaciones enviaron a la CUP se contemplaba la elaboración de una Constitución para Catalunya como un proceso directamente vinculado al Parlament.
El Gabinete Torra
Puigdemont y Torra han ofrecido a los consellers del anterior Govern que quieran repetir en el cargo la posibilidad de ser nombrados de nuevo. “Hacerlo sería un honor”, ha asegurado el president en declaraciones a Catalunya Ràdio. En el caso de los dirigentes de JxCat se da por hecho que Jordi Turull constará como titular de Presidència, Josep Rull repetirá en Política Territorial y Lluís Puig en Cultura. Los dos primeros están encarcelados en Estremera y el tercero sigue en Bruselas. En los tres casos se nombrará a un comisionado para las funciones diarias, que a la práctica actuará como conseller.
En cambio, Oriol Junqueras, pese a que sigue dirigiendo la estrategia de ERC, ya hace semanas que comunicó a su partido que no quería repetir como vicepresidente. Su papel en el nuevo Gabinete lo ejercerá Pere Aragonés. La consellera de Agricultura, Meritxell Serret, que reside en Bélgica y no repetirá, será sustituida por Teresa Jordà. También Raül Romeva, encarcelado, ha declinado volver a la conselleria. Quienes cesan aseguran que desean que sus sucesores tengan “las manos libres” para actuar.
Más complicada ha sido la negociación con el exconseller de Salut, Toni Comín, que desde un principio insistió en que quería mantenerse como miembro del Govern pese a que su partido no quiere. Finalmente parece que la dirección republicana ha ganado el pulso. El nombre preferido por Junqueras es el de Joan Ignasi Elena, exdirigente del PSC y bien visto por todas las corrientes del independentismo.
Torra tiene previsto ofrecer al exmajor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, su reincorporación al frente de la Policía Autonómica, aunque es probable que este no lo acepte. Trapero se enfrenta al cargo de sedición ante la Audiencia Nacional y su cese fue una de las medidas tomadas por Rajoy mediante la intervención del autogobierno.
Las primeras medidas
La primera actividad de todo nuevo gobierno es el traspaso de poderes. En el caso catalán, sin embargo, no habrá intercambio de carteras como tal pues no ha habido consejeros en ejercicio durante la intervención autonómica. Precisamente para evaluar los efectos de la aplicación del artículo 155 se nombrará un comisionado específico que examinará departamento por departamento cuales han sido las consecuencias de la suspensión del autogobierno durante seis meses.
La aplicación del 155 supuso el desmantelamiento de la red de oficinas de la Generalitat en el exterior, muchas de ellas dedicadas a la promoción económica de Catalunya. El propósito de Torra y Puigdemont es reabrirlas todas, también aquellas que formaban parte del Diplocat, un organismo que también fue fulminado y que pretendía estructurar una diplomacia catalana en países estratégicos.
Más allá del rescate de las estructuras autonómicas del 155, el independentismo ha mantenido en los últimos años la voluntad de recuperar las medidas contenidas en 16 leyes suspendidas y anuladas por el Constitucional desde 2015. La idea, ya expresada por ERC, no es entrar en desobediencia para aplicar las medidas suspendidas, sino volverlas a incorporar en nuevas leyes que pasen el filtro del Constitucional.
En la legislatura pasada ya hubo intentos de esto mismo, por ejemplo con la ley antidesahucios. Se pretende recuperar todas aquellas vinculadas a las políticas sociales o relacionadas con la protección del medio ambiente para insistir que la pugna competencial acaba perjudicando directamente a los ciudadanos.
Las leyes de desconexión, aparcadas
Otra de las patas de la acción de gobierno será el denominado proceso constituyente. Una idea que ya fue central en la legislatura pasada y que Torra volvió a prometer para esta en su discurso de investidura. Pero no está nada claro el plan para ejecutarlo, más allá de impulsar un debate ciudadano sin resonancia jurídica para evitar la acción penal del Estado. Como mucho, el Parlament podría acabar aprobando alguna resolución relativa a este proceso, pero no entra en los planes de los independentistas llevar a la Cámara un nuevo texto constitucional.
Tampoco está previsto que entren en vigor las conocidas como leyes de desconexión, aprobadas en el polémico pleno del 6 y 7 de septiembre. Este será uno de los puntos en los que la débil unidad de los partidos secesionistas se pondrá a prueba puesto que la CUP pretende reabrir esta vía.