La negativa del Ministerio del Interior a cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca recrudecerá el conflicto institucional que mantienen el Gobierno y las administraciones catalanas a cuenta de estos centros. El Ayuntamiento de Barcelona ordenará el precinto del CIE en las próximas semanas y pedirá amparo judicial si Interior se niega. Además, Tanquem els CIE, la plataforma de Derechos Humanos que lidera la lucha contra los centros, quiere plantear a la Generalitat y a los ayuntamientos que sus cuerpos de seguridad dejen de colaborar con la Policía Nacional en temas de extranjería hasta que el CIE cierre.
“Mantener el CIE abierto a pesar del consenso político y social existente en Catalunya para su cierre debería conducir a un choque institucional realmente fuerte y a la altura de las circunstancias”, valora en declaraciones a este diario uno de los abogados de la plataforma, Andrés García Berrio. La plataforma busca así que el Parlament, la Generalitat y los Ayuntamientos, como el de Barcelona, que se han posicionado a favor de cerrar los CIE vayan un paso más allá de las declaraciones institucionales. “Ante la gravedad de la situación, es necesario que haya hechos contundentes además de palabras”, explica García Berrio.
Para Tanquem els CIE, este choque institucional debería concretarse en que los Mossos d'Esquadra y los cuerpos de Guardia Urbana dejen de colaborar con la Policía Nacional en cuestiones de extranjería hasta que el CIE esté cerrado. Algunos migrantes han terminado encerrados en el CIE después de ser identificados o detenidos por la policía catalana o local.
“No estamos hablando sólo de cerrar el CIE, estamos hablando de forzar al Estado a cambiar su política de asilo y refugio”, añade García Berrio. El CIE de la Zona Franca acumula muertes de reclusos en su interior, además de denuncias sobre vulneraciones de los derechos humanos de los internos y deficiencias en sus condiciones de vida avaladas por el juez de vigilancia de Barcelona.
Barcelona, por vía judicial
Por su lado, el cuarto teniente de alcaldía de Barcelona, Jaume Asens, ha explicado que el Ayuntamiento continuará la estrategia iniciada en julio para clausurar el centro por la vía administrativa y ordenará su precintado la semana que viene. Antes del verano, el consistorio ordenó el cierre del CIE porque no disponía de licencia, aunque Interior hizo caso omiso y reabrió el centro cuando acabó las obras. A día de hoy 184 personas permanecen recluidas en el CIE de la Zona Franca.
Ahora, el Ayuntamiento proseguirá con el expediente abierto en el que se recoge que el centro dispone de una licencia solicitada en 1992 para hacer una comisaría, actividad que, para el consistorio, no se corresponde con su uso actual como centro de internamiento. A esta situación el consistorio añade el incumplimiento de la normativa de Seguridad y Prevención de Incendios constatada por los Bomberos de Barcelona, que se reflejará en un informe.
Como el Ayuntamiento prevé que Interior hará caso omiso de la orden de precinto, los servicios jurídicos municipales trasladarán el caso a un juzgado de lo contencioso en busca de amparo. Con todo, el fallo judicial podría tardar meses.
Ambas estrategias suponen elevar la presión sobre el Ministerio del Interior, que lleva meses sin atender la reclamación de instituciones y movimientos sociales para cerrar los siete CIE que hay en España y, en particular, el de la Zona Franca de Barcelona. El de Barcelona es posiblemente el CIE que más rechazos acumula de todo el Estado, con la mayoría de dos tercios del Parlament, Ayuntamientos, sindicatos y organizaciones sociales como Òmnium o la ANC en contra.
Miembros de instituciones como el Parlament, la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona, así como un amplio abanico de representantes de los movimientos sociales han reiterado este lunes su frontal oposición a estos centros después de intentar visitar sin éxito a los internos que se habían declarado en huelga de hambre. Por la tarde, decenas de personas se han vuelto a concentrar a las puertas del CIE de la Zona Franca para pedir su clausura. Pero el Ministerio del Interior, administración titular de los CIE, ha vuelto a ignorar las críticas. Jorge Fernández Díaz ha llegado a decir que existe “una leyenda negra” en torno a estos centros.