Los presos del procés han pedido ya o solicitarán en los próximos días acceder a salidas diarias de prisión para trabajar y realizar labores de voluntariado, han indicado a eldiario.es fuentes de las defensas. En concreto, los presos reclaman la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que tiene como objetivo preparar a un interno para una excarcelación futura pese a no cumplir con todos los requisitos legales para ser clasificado en régimen de semilibertad mediante el tercer grado.
Siete de los nueve líderes independentistas condenados por sedición y malversación han pedido la aplicación del 100.2. No lo han planteado los exdiputados de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Turull y Josep Rull. El exconseller de Interior Joaquim Forn, el expresidente de la ANC y dirigente de JxCat Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, ya han formalizado la petición ante la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners.
En el caso de los presos de ERC, fuentes de su defensa han explicado que la petición ante las Juntas de Tratamiento de las cárceles de Lledoners, Mas d'Enric y Puig de les Basses –donde permanecen la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa– se realizará la próxima semana. La solicitud del exvicepresident Oriol Junqueras, el exconseller de Exteriores Raül Romeva y Bassa incluye la acreditación de un contrato de trabajo fuera del ámbito de la política, mientras que Forcadell ha pedido el 100.2 para realizar labores de voluntariado.
Los presos del procés fueron clasificados en segundo grado el pasado mes de enero, el ordinario que se aplica a la mayoría de reclusos. Con todo, este régimen penitenciario permite, mediante el artículo 100.2, flexibilizar el régimen penitenciario hasta condiciones similares a las de la tercer grado, es decir, salir de la cárcel a diario para trabajar, hacer voluntariado o seguir tratamientos de reinserción fuera de la prisión, y reingresar en el centro penitenciario para dormir y los fines de semana.
El año pasado en Catalunya el 100.2 se aplicó a 405 internos. Para acogerse a este artículo no es necesario haber cumplido un porcentaje determinado de la pena. Lo concede la Generalitat, que tiene transferidas las competencias en prisiones, aunque posteriormente debe ser validado por el juez de vigilancia penitenciaria. La Generalitat ya aplicó el 100.2 al exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Oriol Pujol, que contó con la oposición de la Fiscalía pero que finalmente la jueza avaló.
La Fiscalía ha dado muestras que se opondrá a la aplicación del 100.2 si se otorga como un tercer grado “encubierto”. El Ministerio Público pidió la pasada semana a la jueza que no concediera un permiso para salir 72 de prisión a Cuixart debido a su “falta de asunción de los hechos delictivos y ausencia de arrepentimiento”, citando además como motivo para no otorgar el permiso el lema “Ho tornarem a fer [Lo volveremos a hacer]” popularizado por el presidente de Òmnium.