“Tenemos pendiente conseguir una mayoría también en las urnas”. Así se expresaba el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una entrevista con eldiario.es en marzo de 2016. El president, dos meses después de ser investido, venía a reconocer que los resultados de las elecciones del 27-S no permitían declarar la independencia pese a la mayoría parlamentaria de JxSí y la CUP.
Puigdemont solo ha podido encontrar en la doble crisis de Govern acometida este mes de julio la manera de formar un Ejecutivo dispuesto a ir hasta el final con el referéndum, un objetivo que no figuraba en ninguna hoja de ruta al inicio de la legislatura.
Los consellers entraron en enero de 2016 en un Govern con el objetivo inverosímil de proclamar la independencia en 18 meses, que se cumplen, precisamente, este julio. Sin embargo, se encontraron con un cambio de planes en septiembre del año pasado: Puigdemont, para superar la cuestión de confianza, accedió a la propuesta de la CUP de celebrar un referéndum con o sin permiso del Estado. No todos los consellers estaban preparados para ello, pero siguieron en el cargo.
Una vez ha llegado la hora de la verdad, bien por no querer asumir la respuesta del Estado en forma de eventual pérdida de patrimonio personal, bien por discrepancias sobre la estrategia hacia el 1-O, no siguen en el Govern los consellers Jordi Baiget, Neus Munté, Jordi Jané, Meritxell Ruiz y el secretario Joan Vidal de Ciurana, todos ellos del PDECat.
Sus sustitutos son Lluís Puig en Cultura, Jordi Turull en Presidencia y la portavocía, Joaquim Forn en Interior, Clara Ponsatí en Enseñanza y Víctor Cullell en la secretaría. Todo en áreas clave para el referéndum: desde la apertura de las escuelas e institutos públicos que sean colegios electorales el 1-O a la dirección de los Mossos d'Esquadra, pasando por la comunicación interna y externa del Ejecutivo.
“Un paso al lado tras cumplir un ciclo”, ha dicho sobre sus exconsellers el president, que ha querido remarcar que las bajas de este viernes no son un cese, como el de Baiget. En esta crisis de Govern, Puigdemont ha recibido el apoyo cerrado del PDECat, a diferencia de la brecha entre partido y president que provocó la destitución fulminante del conseller de Empresa.
Con la marcha de cinco de sus nueve miembros del Govern en diez días, el PDECat pretende huir definitivamente de la sombra autonomista que le persigue desde que este diario revelara que la sala de máquinas del partido contemplaba presentar un candidato no independentista a las elecciones. Ahora, tras la remodelación del Ejecutivo, las tentaciones de frenar la marcha hacia el referéndum que alguien pueda mantener en el partido no deberían alcanzar al Govern.
No obstante, los cambios han afectado solo a consellers neoconvergentes. Además, tras la crisis el Ejecutivo ha perdido un carné del PDECat, ya que Clara Ponsatí es independiente. La coordinadora del PDECat, Marta Pascal, ha tirado de clásicos y ha dicho que nadie puede “dar lecciones sobre determinación con el 1-O” a su partido. Ha recordado asimismo que los miembros de su partido condenados por el 9-N, Artur Mas, Irene Rigau y Francesc Homs, ya han pagado “el precio por la cobardía del Estado”.
¿Tregua entre ERC y el PDECat?
Además de la lectura en clave de referéndum y en la situación interna del PDECat, los cambios en el Ejecutivo –que, por cierto, ha agravado su déficit de paridad tras la remodelación, con diez hombres por solo cuatro mujeres– también tienen que explicarse en base a la batalla soterrada que mantienen el PDECat y ERC por el liderazgo independentista.
Tras meses de reproches y acusaciones mutuas de no querer correr riesgos con el referéndum, la situación llegó al límite este mes de julio. La consellera de Governació, Meritxell Borràs (PDECat), no inició la compra directa de urnas tras el fracaso del primer concurso. Esta situación llevó a Junqueras y al conseller de Exteriors, Raül Romeva, a dar un paso al frente y asumir la compra de urnas a cambio de pedir un Govern capaz de ir hasta el final.
El tiempo apremia y este mismo martes, en la que será la primera reunión del nuevo Govern, Junqueras y Romeva asumirán las competencias de Borràs (que, pese a todo, se ha quedado en el Ejecutivo) para adquirir las urnas. La compra se formalizará con algún tipo de actuación colegiada del Govern. Consultadas sobre qué implica a nivel penal una firma colegiada en la compra de urnas, fuentes jurídicas apuntan que la participación de alguien en una decisión que no depende de él sería un “acto neutral impune”.
Pesarán todavía sobre el referéndum grandes interrogantes como el censo, el envío de las tarjetas censales a la población o el sistema informático para contar los votos. El encargado de resolverlas será el órgano de coordinación del referéndum que Puigdemont y Junqueras han anunciado este viernes. Además de president y vicepresident, lo formarán el secretario general de Economía, Josep Maria Jové, y el nuevo secretario del Govern, Víctor Cullell.
“Algunos pensaban que Puigdemont estaba ahí para calentar la silla y que no ejercería de president”, comenta una fuente conocedora de los entresijos de la Generalitat. La cuestión ahora es si el Govern y Puigdemont logran poner toda la carne en el asador y que el prometido referéndum no se quede en butifarrada.