“Tenemos que dar pasos que no sean un brindis al sol pero que a la vez no impliquen renunciar a nada”. De este manera resume un destacado representante del Govern cuál es la estrategia que quiere seguir el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Pero, entre los partidos independentistas, no todo el mundo tiene la misma prisa. Tras el 1-O, en la cúpula de la Generalitat se debate en una carrera contra el calendario qué nuevos pasos dar.
Esquerra y sobre todo la CUP son partidarios de no demorar la declaración de independencia. Se aferran al resultado del referéndum y a la nula confianza en que Mariano Rajoy se avenga a abrir cualquier tipo de negociación. En el PDeCAT coinciden en que el margen que tienen es muy limitado pero reconocen que proclamar la secesión en estas condiciones es arriesgado. En su caso, además, puede ser más que contraproducente electoralmente a no ser que la situación sea tan excepcional que puedan convencer de nuevo a Oriol Junqueras de presentarse otra vez en una misma marca.
La ley del referéndum es muy clara y establece que el Parlament, en los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la sindicatura electoral, celebrará un pleno ordinario en el que se efectuará la declaración formal de independencia de Catalunya. Ahí se iniciará lo que se conoce como el proceso constituyente que, según la ley de transitoriedad, debe culminar en seis meses en unas nuevas elecciones.
De momento, aún no se ha proclamado oficialmente el resultado del 1-O y el pleno tampoco se ha convocado. Será este miércoles cuando se reúna la junta de portavoces, por primera vez después de las recordadas sesiones de los días 6, 7 y 8 de septiembre en las que el independentismo enfiló definitivamente la vía unilateral hacia el referéndum, y se decidirá si se convoca el pleno esta semana. La mayoría independentista en este órgano podría dejarlo para la semana siguiente si así lo estima.
El Govern y los partidos que le dan apoyo intentan ganar días para que sus apelaciones a una mediación internacional surjan efecto mientras mantiene el pulso en la calle. El Govern reconoce que cualquier error o precipitación les hará perder los respaldos exteriores que han obtenido tras el 1-O y les impedirá preservar una transversalidad política que va más allá del independentismo. El ejemplo más evidente es el de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el espacio político que ella representa.
Apelación a la comunidad internacional
De ahí la apelación a la comunidad internacional lanzada casi al unísono este lunes por los partidos del Govern, pero también por la alcaldesa Colau. La respuesta de esta ha sido, hasta el momento, un alegato contra el uso de la violencia en política, pronunciado por la Comisión Europea, y una petición de investigación imparcial sobre lo ocurrido por parte del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH.
En términos diplomáticos, ambas declaraciones suponen una bofetada al Gobierno de Rajoy. Pero también constatan que al Govern todavía le costará bastante que las organizaciones internacionales y supranacionales entren en la cuestión tal y como desearían.
Por eso en ERC una de las ideas que ha ganado peso es utilizar como herramienta de presión la vía económica. Por el momento, este martes se han convocado, de forma coincidente, un “paro de país” y una huelga general. Una situación que se perciba inestable en el exterior, con influencia en la deuda soberana y en la prima de riesgo española, podría convencer a Europa de involucrarse para facilitar que Rajoy se siente a la mesa con Puigdemont.
El Govern es consciente de que una proclamación de independencia con 2,2 millones podría ser poco consistente, pero la falta de alternativas que ofrece Rajoy les deja muy poca salida, según afirman. Es en esta tesitura cuando la declaración de independencia gana peso, aún reconociendo que un paso así activaría, ahora sí, la aplicación del artículo 155 de la Constitución de forma inmediata. Calculan, incluso, que el Gobierno pueda forzar una convocatoria electoral con la Generalitat suspendida. Un escenario que, de rebote, podría empujar a ERC a reeditar la coalición de JxSí que los republicanos no desean.