El departament de Governació, el área clave de la Generalitat en la preparación del referéndum anunciado para el 1 de octubre, está viviendo en los últimos meses cambios y relevos de nombres de calado. Este martes, el Govern ha anunciado que el hasta ahora secretario general de la consejería, Francesc Esteve, quien además está siendo investigado por la compra de urnas, pasará a formar parte del Gabinete Jurídico, otro lugar sensible.
En su lugar ascenderá Meritxell Masó, quien hasta ahora ocupaba una de las secretarías del departament, la de Adminitració i Funció Pública. Masó es una pata negra de la administración catalana, donde ha ejercido una larga carrera, los últimos 4 años como alto cargo. A partir de ahora será la mano derecha de la consejera Borràs, sobre la que también pesa una querella por la licitación de un concurso para comprar 8.000 urnas en mayo pasado.
El paso de Esteve al Gabinete Jurídico viene a solucionar dos asuntos de importancia ante las turbulencias que pueda acarrear la preparación del referéndum. Por una parte, se pone al frente del cuerpo de abogados de la Generalitat a un jurista de total confianza del equipo de gobierno, cuyo nombre ya había sonado para hacerse cargo de esa cartera al principio de la legislatura. Por otra, se coloca a una número dos de Governació sobre la que no hay ninguna advertencia judicial.
La cadena de relevos afecta además a quien hasta ahora había sido la titular del Gabinete Jurídico, Margarita Gil, que ahora se incorporará en el Consejo de Garantías Estatutarias. Del organismo asesor, que vela por la adecuación de las decisiones de la Generalitat al Estatut y la Constitución, saldrá su hasta ahora presidente, Joan Egea. El jurista tenía su mandato caducado desde 2015.
Los movimientos de nombres anunciado este martes avanzan una probable estrategia del Govern en la preparación del referéndum, consistente en un movimiento constante de altos cargos ante posibles querellas e inhabilitaciones. El Ejecutivo de Puigdemont tiene confianza en que la mayoría de los miembros de los más altos niveles de mando administrativo serán fieles al compromiso firmado con el referéndum, por lo que intentará que la preparación del referéndum quede en este ámbito el mayor tiempo posible.