El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado al president de la Generalitat, Quim Torra, a un año y medio inhabilitación por un delito de desobediencia por no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en la precampaña de las elecciones generales del pasado mes de abril. El tribunal impone además al president una multa de 30.000 euros, cantidad fijada “en relación a su capacidad adquisitiva”, ha precisado el TSJC.
En una contundente sentencia, el TSJC afea al president su “recalcitrante y reiterada actitud desobediente” para no retirar los lazos amarillos tras órdenes de la Junta Electoral Central (JEC). Es más, destaca que el tribunal que Torra “hizo alarde público del hecho desobediente” pese a que el mandato de la JEC era “elocuente, expresivo y claramente revelador” de la obligación de sacar de los edificios públicos todos los símbolos independentistas.
Destaca el TSJC que Torra siempre tuvo “pleno conocimiento” de la orden de retirar los lazos, ya que recurrió los dos acuerdos de la JEC que le conminaban a ello. No obstante, abunda el tribunal, el president “no solo no ordenó la retirada en las fachadas de los edificios independentistas dependientes de la Generalitat de los lazos amarillos y las banderas esteladas en el plazo establecido, sino que llegó a decidir (o consentir) su sustitución por otros lazos, blancos y cruzados por una raya roja”. Finalmente los lazos solo desaparecieron cuando la JEC requirió a los Mossos que los retiraran.
La negativa de Torra a cumplir con la JEC fue “abierta y franca”, tal y como el mismo president reconoció en el juicio, concluye el TSJC. Los togados recuerdan además que Torra contaba con “no pocos elementos de reflexión” sobre que era obligatorio cumplir con la orden de la JEC, ya que así se lo habían expuesto tanto los servicios jurídicos de la Generalitat como el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán.
“Nada ampara, tampoco el constante recurso al derecho fundamental a la libertad de expresión como eje y pilar de sus decisiones, la desobediencia en que incurrió Molt Honorable President de la Generalitat”, zanja el TSJC.
La Fiscalía pedía para Torra 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros mientras que el partido de extrema derecha Vox, que ejercía la acusación popular, reclamaba dos años de inhabilitación y una sanción de 72.000 euros. En el juicio, el president reclamó su absolución, alegó que desobedeció la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos al considerarla “ilegal”, y cargó contra la independencia del tribunal que lo ha condenado, formado por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y los magistrados Mercedes Armas y Joaquín Elías Gadea.
La sentencia del TSJC no es firme ya que el president puede recurrirla al Tribunal Supremo. Esto implica que Torra no será inhabilitado de inmediato, sino que su salida obligada de la política empezará una vez el Alto Tribunal confirme el fallo del TSJC. El president ya ha anunciado que antes quiere que la Justicia europea se pronuncie sobre la imparcialidad de los magistrados del tribunal, algo que el TSJC rechazó al final del juicio.