El independentismo catalán ha vuelto a la calle este viernes para responder a la sentencia del procés. Las bases soberanistas han tomado el liderazgo del movimiento ante unos partidos y un Govern empantanados y que no han sido capaces de consensuar una estrategia tras el fallo dictado el lunes por el Supremo. Pero la reacción de la calle ha tomado dos direcciones opuestas. Mientras que medio millón de personas han participado en una manifestación pacífica en el marco de la huelga de este viernes, los grupos radicales han vuelto a provocar disturbios en Barcelona por quinta noche consecutiva. Unos disturbios que cada día que pasa se endurecen más y que esta vez se saldaron con 54 detenidos y 182 asistencias sanitarias.
La manifestación unitaria para rechazar las condenas a los dirigentes independentistas se ha celebrado sin incidentes. Muchos de los participantes han llegado de diferentes puntos de Catalunya, tras varios días caminando y, otros, después de secundar la huelga general convocada para este viernes. Esa es la cara. La cruz, los nuevos incidentes violentos en el centro de Barcelona que han alcanzado su pico de virulencia.
En torno a 400 personas, según ha cifrado el Ministerio del Interior, han atacado a la policía, provocado incendios y levantado barricadas. La zona de Via Laietana y Urquinaona ha sido el epicentro de una batalla entre la Policía Nacional y los radicales, que trataban de llegar a la Jefatura policial. Una situación ante la que, desde el Gobierno, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha advertido que aplicará el Código Penal “con toda contundencia”. “Recuerdo que contra los delitos contra la autoridad, el Código Penal llega a los seis años de prisión”, ha añadido.
La respuesta desde el Gobierno a la situación en Catalunya esta centrada en insistir en que hay que mantener el orden público. Moncloa defiende que la coordinación de los cuerpos policiales está funcionando y que no se dan las condiciones para aplicar las medidas excepcionales que las formaciones de derechas le reclaman. Pero, en paralelo, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el resto de miembros del Ejecutivo, reclaman en cada intervención al president de la Generalitat, Quim Torra, que condene la violencia, algo que Torra ha hecho repetidamente, aunque sus palabras han sido interpretadas como demasiado ambiguas por parte de otros dirigentes y especialmente por partidos como el PP y Ciudadanos.
Más allá de las condenas, los problemas del Govern para controlar la situación, tanto la estrictamente política como la relacionada con el orden público, son cada vez más evidentes. Este viernes ha sido el quinto día de disturbios, y el quinto día que los cuerpos de policía se ven desbordados. “No habíamos vivido esto en los 25 años de historia de los Mossos”, ha afirmado el conseller Miquel Buch en una comparecencia este mismo viernes.
La espiral de disturbios, que han ido a más a lo largo de la semana, no solo ha noqueado al Govern sino también a los partidos independentistas, que han quedado paralizados respecto a la respuesta política a la sentencia y han agudizando sus diferencias por la gestión de la seguridad de conselleria del Interior. ERC ha puesto el acento en lo que consideran unas actuaciones desproporcionadas tanto de los Mossos como de la Policía y ha desdeñado la propuesta de Torra de volver a hacer un referéndum en esta legislatura, opción que la CUP también ha rechazado por precipitada.
En una situación de tensión inédita en la calle, la división de los tres partidos independentistas en el Parlament, y también entre los socios del Govern, ha hecho imposible que estos consensuaran una reacción única a la sentencia. Ni siquiera la genérica propuesta de resolución que trabajaron hasta el miércoles en el Parlament pudo salir adelante, debido a las diferencias que los grupos de JxCat, ERC y la CUP mantienen sobre la forma de encarar la nueva etapa.