La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha defendido este miércoles que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aplicó el artículo 155 en Catalunya porque la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre de 2017 “no fue simbólica”, en contra de los que han defendido los acusados del procés. La declaración como testigo de la exvicepresidenta ha sido una férrea defensa de la labor del Gobierno del PP ante el desafío soberanista, aunque ha dicho desconocer una de sus claves: el operativo policial del 1-O. La autocrítica, como se esperaba, ha brillado por su ausencia.
“Todo aquello que no se publica no tiene efecto”, ha afirmado Soraya Sáenz de Santamaría, que ha obviado esta premisa cuando ha defendido la aplicación del 155 tras la DUI. Y es que la Declaración de Independencia no se llegó a publicar en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC). Cuando la letrada de Forcadell, Olga Arderiu, le ha cuestionado sobre esta contradicción, Sáenz de Santamaría ha respondido “no lo sé” a la pregunta de si tenía constancia de la publicación de la declaración de independencia.
“Aplicamos el 155 para preservar la convivencia ciudadana, ojalá por parte de la Generalitat se hubiera preservado”, ha abundado. Las críticas de la exvicepresidenta al Govern Puigdemont se ha extendido a los acusados en el juicio. “Quienes no valoraron una reforma de la Constitución están en el banquillo”, ha sostenido.
Pero también ha tenido dardos para Vox. “La obligación de todo Gobierno es tener conocimiento exhaustivo de la Constitución y de las facultades que lo otorga. Debe saberlo si quiere ejercer bien su tarea”, ha dicho Sáenz de Santamaría para contestar a la pregunta del abogado de Vox, Javier Ortega Smith, preguntado a Sáenz de Santamaría sobre si el Gobierno se planteó aplicar el estado de excepción o sitio, previsto por la Constitución, en lugar del 155.
Sáenz de Santamaría también ha declarado que que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no consideró aplicar el estado de sitio o excepción en Catalunya porque eso hubiese supuesto la suspensión de algunos derechos fundamentales y no se quería “perjudicar a los ciudadanos”. Se optó por el mecanismo del artículo 155 de la Constitución porque el objetivo era actuar contra “los responsables de la declaración de independencia”.
Además, ha añadido que el estado de excepción implica “la suspensión de algunos derechos fundamentales”, por lo que se consideró más oportuno actuar respecto a quienes habían quebrantado la Constitución que “perjudicar a los ciudadanos de Catalunya”.
También a preguntas de Vox, la exvicepresidenta ha defendido que jamás trató el tema del referéndum de independencia durante sus reuniones con miembros de la Generalitat: “No traté el tema del referéndum con el Govern”. “Hablar del referéndum es hablar en balde porque ningún Gobierno puede disponer de la soberanía nacional”, ha añadido más tarde.
Espaldarazo a la Fiscalía
La exvicepresidenta ha respaldado una de las tesis centrales de la acusación por rebelión de la Fiscalía, esto es, que los independentistas mantuvieron el 1-O y llamaron a las masas a concentrarse en los colegios a sabiendas de los incidentes que se producirían con la Policía.
Saénz de Santamaría ha afirmado que hubo episodios de violencia durante el 20-S, en el “acoso” a los agentes de Policía y Guardia Civil desplazados a Catalunya y durante el 1-O, cuando hubo “murallas humanas, agresiones y lanzamiento de objetos”.
“Se lo dijimos abiertamente, en innumerables comparecencias les dijimos una y otra vez que no siguieran por ahí, que era intolerable”, ha explicado en referencia a la convocatoria del referéndum. “Los dirigentes de la Generalitat tomaron la decisión de seguir adelante con el 1-O, con una estrategia concertada, y a sabiendas de la violencia del 20-S decidieron seguir adelante”, ha añadido.
A preguntas del abogado Andreu Van den Eynde, Santamaría ha abundado en la violencia durante la operación policial de septiembre de 2017 en la Conselleria de Economía contra los preparativos de la votación: “Los actos los vimos todos por televisión, cuando una comisión judicial va a unas dependencias publicas y se impide que los detenidos estén en ese registro, se les impide salir, lo considero como violento”.
Durante esta fase del interrogatorio, el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva también le ha preguntado si intuyó que los votantes se iban a enfrentar a cargas policiales durante el 1-O: “Lo único que sé es que se les movilizó para que acudieron con tiempo a los colegios, lo que vi fueron murallas humanas, las agresiones y el lanzamiento de objetos”. Todo ello, ha dicho, con objeto de impedir “que se cumpliera con una decisión judicial”.
Dudas con los Mossos
Además de sus dudas sobre la publicación de la DUI, el abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn, Xavier Melero, ha conseguido poner contra las cuerdas a la exvicepresidenta a cuenta del papel de los Mossos el 1-O, obligando por primera vez al presidente del tribunal, Manuel Marchena, a instarla a contestar las preguntas. Se trata de la segunda pata de la rebelión según la Fiscalía: la inacción el 1-O y la puesta a disposición el plan independentista de los 17.000 agentes de la policía catalana.
En concreto, Melero ha preguntado a Sáenz de Santamaría en qué momento el Gobierno perdió la confianza en los Mossos, habida cuenta de que en el operativo del 1-O la Policía y la Guardia Civil actuaron sin comunicárselo a la policía catalana en algunos colegios, en contra de lo contemplado en las instrucciones que dictó el por entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
La exvicepresidenta se ha limitado a decir que el Gobierno “tuvo presente las decisiones que había tomado el auto del TSJC” que ordenó impedir el referéndum. Melero ha insistido en preguntar si Policía o Guardia Civil actuaban “en apoyo o sustitución” de los Mossos, con la única respuesta de la exvicepresidenta de que cumplían una orden judicial.
Ante la evasiva de la exvicepresidenta, Melero ha insistido en preguntar el nivel de confianza del Gobierno en los Mossos, ya que con 6.000 agentes de Policía y Guardia Civil “se pretendían” cerrar solos 2.239 colegios el 1-O, por 17.000 mossos, o ayudar a la policía catalana. “Los agentes cumplía con su obligación de acuerdo con mandato judicial”, ha reiterado Sáenz de Santamaría, lo que ha levantado la protesta de Melero, que ha pedido al tribunal que le llamara la atención por ser “testigo renuente”.
Marchena ha instado a Sáenz de Santamaría a contestar si los cuerpos de seguridad del Estado actuaron el 1-O “en apoyo o sustitución” de los Mossos, a lo que la exvicepresidenta ha contestado con un lacónico “actuaron en cumplimiento de una resolución judicial”.