Los diputados de JxCat Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull han reclamado su puesta en libertad al Tribunal Supremo. Además de descartar los riesgos por los que el juez Pablo Llarena los mantiene en prisión –fuga y reiteración delictiva–, los políticos advierten además al Tribunal Supremo de su papel en el actual escenario de “normalización política” entre la Generalitat y el Gobierno. La prisión provisional “es un factor que genera evidente tensión social”, y dejarles libres hasta el juicio podría mitigarla.
“La puesta en libertad de los procesados contribuirá, sin duda, a rebajar dicha tensión social y a facilitar la búsqueda de soluciones políticas a unos problemas cuyo trasfondo es esencialmente político y no judicial”, argumenta el escrito dirigido a la sala de lo penal del Supremo por el abogado Jordi Pina, que representa a los tres políticos.
Asimismo, los tres diputados suspendidos por Llarena en virtud del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal reiteran su “compromiso con la legalidad” mostrado a lo largo de la instrucción para lograr “por medios pacíficos” sus objetivos independentistas. Y ofrecen al Supremo sustituir la prisión provisional por el arresto domiciliario con control telemático y la retirada del pasaporte, así como “la totalidad de su patrimonio personal para dejar bien claro que su propósito es permanecer en territorio español y afrontar el próximo juicio”.
Es decir, los políticos se comprometen ante el Supremo a no huir ni a Bélgica ni a Alemania pese a la negativa a extraditar por rebelión a Carles Puigdemont, que, recuerdan, añade “buenas perspectivas” para su tesis de defensa. Cabe recordar que los tres diputados han sido procesados por rebelión pero que solo Rull y Turull se enfrentan a un juicio por malversación, ya que Sànchez era presidente de la ANC en el otoño soberanista catalán y no manejó dinero público.
La nueva y definitiva petición de libertad de los políticos independentistas en prisión forma parte de una estrategia conjunta de las defensas para poner a prueba a la nueva fiscal general del Estado tras el cambio de Gobierno así como para intentar aprovechar la negativa alemana a la rebelión.
La defensa hace especial hincapié en la contribución que supondría la libertad provisional de los presos para el “nuevo contexto político” y la “normalización política que se está viviendo actualmente en Catalunya”. En el escrito, los diputados exponen el “consenso” sobre la prisión provisional de los independentistas compartido tanto por los grupos de la oposición como los independentistas, así como entre algunos miembros de la judicatura.
“La actual situación de prisión provisional de diversos diputados no contribuye, sino todo lo contrario, a resolver la compleja situación política que se vive en Catalunya y que, por el contrario, su encarcelamiento es un factor que genera evidente tensión social”, remarca la defensa, que advierte que dicha tensión “podría agravarse” por la Diada o por el aniversario del 1-O.
Asimismo, Pina también apela a la “coherencia de la Administración de Justicia española en su conjunto” para que los políticos queden en libertad. “Cuesta entender”, señala la defensa, que condenados en primera instancia como los agresores sexuales de 'la manada' o en casos de corrupción como la Gürtel permanezcan en libertad mientras que Sànchez, Rull y Turull lleven meses en prisión preventiva a la espera de juicio. Y subraya además que en el resto de investigaciones sobre el 'procés' en la Audiencia Nacional y el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, abiertas también por los delitos de rebelión, sedición, ningún imputado ha sido enviado a prisión provisional.