Los diputados suspendidos de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez han denunciado ante el Tribunal Supremo un “trato degradante” en su traslado a la cárcel de Soto del Real el pasado viernes por el guardia civil que grabó un vídeo desde el interior de un furgón que participaba en la comitiva. Según los tres políticos, la grabación se hizo y se difundió con “fines de burla y humillación” hacia los presos preventivos acusados de rebelión.
En un escrito remitido al Supremo, el letrado Jordi Pina carga contra el vídeo del guardia civil, que ha sido suspendido de funciones y tiene abierto un expediente por falta muy grave. Para la defensa se trata de “una actuación abiertamente irregular” pues “es evidente que los agentes de policía no pueden captar imágenes, y menos con fines de burla y humillación de aquellas actuaciones en las que intervienen, ni en general realizar comportamientos de vejación para cualquier ciudadano”.
Al margen del vídeo, considera que las condiciones en las que fueron trasladados sus clientes en el vehículo policial “encerrados en compartimentos muy reducidos” fueron “más propias de reclusos de alta peligrosidad que no de pacíficos parlamentarios que siempre han comparecido a los llamamientos judiciales”.
Y recuerda Pina que los presos ya sufrieron “tratamientos humillantes” en la conducción a Estremera cuando fueron enviados a prisión privisional en noviembre de 2017, cuando fueron trasladados esposados en el interior de los furgones policiales sin disponer de cinturones de seguridad, lo que les causó “diversos golpes a lo largo del trayecto”.
Por todo ello, Pina pide medidas cautelares menos gravosas “que no menoscaben un ápice la dignidad que se merecen y que les eviten ser sometidos diariamente a futuras burlas policiales”. En concreto, el letrado solicita evitar el traslado policial diario desde Soto del Real al Tribunal Supremo, medida que ya fue rechazada por el tribunal cuando fue planteada por otras defensas.
Por otra parte, el letrado acusa a la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, de vulnerar el derecho a la presunción de inocencia por unas declaraciones a la BBC en las que la exdiputada de UPyD afirmó que los líderes políticos catalanes “han cometido delitos”.
Pina pide que “se requiera por escrito y con los correspondientes apercibimientos a los responsables públicos de la campaña mediática España Global y en particular a Irene Lozano de que se abstengan en el futuro de vulnerar en sus declaraciones la presunción de inocencia” de sus clientes.