El alzamiento público y violento que requiere el delito de rebelión “brilla por su ausencia” en el proceso soberanista. Así lo creen los diputados presos de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. En el recurso de apelación contra su procesamiento por rebelión, el abogado de los diputados, Jordi Pina, ve en la inexistencia del delito de rebelión la puerta que abrió el juez Pablo Llarena para que la Fiscalía y la acusación popular de VOX rebajaran la acusación a los delitos de sedición o la conspiración para la rebelión.
La aparición “sorpresiva” de las acusaciones por conspiración o sedición en el auto de resolución del primer recurso en vez de en el auto de procesamiento supone, a criterio de la defensa, una nueva vulneración que Llarena realiza sobre el derecho de defensa de los diputados. Se pregunta además el letrado Pina en qué indicios se ha basado Llarena para incluir estos nuevos dos delitos, ya que el magistrado no lo concreta.
Sin emplear un tono tan contundente como el utilizado por la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva, el recurso de los diputados de JxCat también carga contra la instrucción del juez Llarena. Para empezar, sostienen que la causa se tendría que investigar en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en vez del Supremo, lo que vulnera el derecho al juez predeterminado por ley.
La respuesta de Llarena que confirma el procesamiento por rebelión y malversación supone, a criterio de la defensa, la “enésima anomalía procesal” con la que se lesionan gravemente sus derechos fundamentales. Sostienen los diputados que el auto de Llarena no contesta las alegaciones concretas realizadas en el primer recurso sobre los hechos incluidos en el auto de procesamiento.
De hecho, el letrado Pina recuerda que el magistrado ha ido más allá de confirmar o rechazar el procesamiento al ampliar los hechos atribuidos a los investigados el pasado mes de marzo. Por ejemplo, en lo relativo a la malversación, la argumentación del juez ocupaba medio folio en el auto de procesamiento y doce en el que resolvía los primeros recursos, lo que ha generado indefensión en Sànchez, Rull y Turull. La defensa ve en ello una “precipitación” para procesar a los políticos catalanes y un “proceder procesal absolutamente anómalo”.
Pese a las nuevas acusaciones, el magistrado mantiene su convencimiento de que la actuación de los dirigentes soberanistas encaja con el delito de rebelión. En este sentido, la defensa sospecha que Llarena procesa por rebelión pese a la “debilidad” de este delito para poder dejar a los diputados sin su cargo, habida cuenta de que si la sala de apelaciones del Supremo confirma el procesamiento Rull, Turull y Sànchez por este delito quedarán automáticamente suspendidos al estar presos.
La defensa también rechaza los dos actos violentos que justifican la rebelión según el juez: la protesta del 20 de septiembre en la conselleria de Economía y el 1-O. “Si el propósito de las miles de personas concentradas hubiera sido realmente el de alzarse o sublevarse violentamente la sede de la conselleria habría quedado sencillamente arrasada”, abunda el recurso sobre la protesta del mes de septiembre, tras compararla con los “legítimos actos de protesta” que se convocan para parar desahucios.
Y sobre el 1-O, la defensa argumenta es “semánticamente imposible” alzarse, como requiere el delito de rebelión, mediante la resistencia pacífica que realizaron los votantes en los colegios. “Curiosa la rebelión que se ejerce sin esgrimir una sola arma y marchando los rebeldes pacíficamente a dormir a su casa al final de la jornada”, concluye el recurso.