Nuevo movimiento de los políticos independentistas en prisión. Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull han pedido al Tribunal Supremo que someta su prisión provisional a examen de la Justicia europea antes del juicio. En un escrito, los políticos ha reclamado a la sala de lo penal que plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El objetivo es que el tribunal europeo diga si su encarcelamiento es “compatible” con la retirada de las euroórdenes contra los dirigentes que se marcharon de España o, por contra, vulnera los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad y la presunción de inocencia.
Los políticos no pueden acudir directamente al TJUE. Tiene que ser un juez, o en este caso, la sala de lo penal del Supremo, quien eleve una cuestión prejudicial ante el TJUE. En un escrito, la defensa de Sànchez, Rull y Turull, que ejerce el penalista Jordi Pina, considera “obligatorio” plantear la cuestión prejudicial, habida cuenta de que “no consta” que el TJUE se haya pronunciado antes sobre una situación similar a la de los presos y huidos por el 1-O.
De esta forma, las defensas prosiguen con su estrategia de intentar aprovechar las victorias de la estrategia exterior de Carles Puigdemont y el resto de políticos que permanecen en el extranjero, pese a que el Supremo ya les ha trasladado en varias resoluciones que no se siente vinculado por el varapalo alemán a la rebelión.
En su recurso de súplica contra la última negativa de la sala de lo penal –la misma que juzgará la causa del 1-O– a excarcelar a los políticos, Pina plantea que la retirada de las euroórdenes “coloca en peor condición” a los políticos encarcelados “por el mero hecho de residir en España”. Esto supone, a su juicio, una vulneración del derecho fundamental de Sànchez, Rull y Turull a la igualdad ante la ley, contemplado en la Constitución española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por “discriminación” de los presos respecto al resto de investigados residentes en la UE.
Pina no se centra en la negativa del Supremo a aceptar la entrega de Puigdemont solo por malversación, sino en la retirada “absolutamente inmotivada” de las peticiones de extradición contra Clara Ponsatí y Marta Rovira. A diferencia de Alemania, en Escocia y Suiza el procedimiento de extradición todavía estaba tramitándose y sus tribunales todavía no se habían pronunciado (la vista para decidir el caso de Ponsatí estaba prevista para el 30 de julio, pero quedó sin efecto al cerrarse la causa).
“Es incomprensible”, abunda la defensa, mantener en prisión provisional a los políticos investigados en España mientras, al mismo tiempo, Llarena “permite la libre circulación por el resto del globo a los investigados residentes en el Reino Unido y en Suiza sin dar la más mínima explicación”. Más aún, añade Pina, cuando tanto los encarcelados como los políticos en el extranjero están investigados “exactamente por los mismos hechos y delitos”.
Por todo ello, Pina reclama al Supremo que eleve esta pregunta al TJUE: “¿Es compatible con los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad y la presunción de inocencia, previstos en los artículos 6, 20 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que la autoridad judicial de un Estado miembro retire sin motivación alguna las órdenes de detención europea emitidas en relación con personas investigadas en un procedimiento penal residentes en otros Estados miembros y, simultáneamente, mantenga en prisión provisional a las personas residentes en su propio país cuando todas están siendo investigadas exactamente por los mismos hechos y los mismos delitos?”.
En el recurso, además, la defensa de los políticos de JxCat vuelve a reclamar su libertad y, tal y como también habían solicitado Oriol Junqueras y Raül Romeva, plantean a la sala sustituir la prisión provisional por las medidas cautelares que la sala crea “más adecuadas”.