Lejos de la mano dura que predica el líder del PP, Pablo Casado, para Catalunya, el Gobierno de Mariano Rajoy mantuvo las líneas de diálogo abiertas con la Generalitat de Carles Puigdemont hasta el último momento. Así lo ha destacado el exconseller de Empresa Santi Vila en su declaración ante el Tribunal Supremo, en la que ha resaltado que numerosos “dirigentes” del Ejecutivo de Rajoy tuvieron “gran interés en evitar el choque” con el Govern tras el 1-O.
Vila, a quien Fiscalía y Abogacía del Estado piden siete años de cárcel por desobediencia y malversación, ha puesto sobre la mesa como ningún otro acusado las contradicciones y divisiones internas del independentismo tras el 1-O. En el propio Govern, ha relatado, había “discrepancia de interpretaciones” entre consellers que sí reconocían el 1-O como referéndum y por lo tanto abogaban por aplicar sus resultados, mientras otros, como él, reducían la votación a una mera “movilización y exhibición política” sin valor de referéndum. Hasta ahora solo Dolors Bassa había diluido el 1-O a una herramienta para negociar con el Estado.
La división en el Govern catalán, que también había explicado la exconsellera Clara Ponsatí en una entrevista con eldiario.es, se zanjó con una “orden del president Puigdemont”, para iniciar una negociación -“aproximación política”, en palabras de Vila- con el Gobierno. Es decir, se priorizó negociar con el Gobierno de Rajoy a aplicar el resultado del 1-O. “Había mucho más moderado en los dos Gobiernos de lo que se relata en los medios”, ha destacado Vila.
“Se inició una aproximación con interlocutores políticos, religiosos, del mundo de la empresa, que querían evitar el despropósito de que esto acabara mal”, ha abundado Vila, que ha reiterado que la noche del 25 de octubre, dos días antes de la DUI, estaba convencido de que se había logrado un acuerdo para que Puigdemont convocara elecciones anticipadas al Parlament.
“Por parte del Gobierno de España también se respiró, pero al final lo que habíamos acordado discretamente se torció por el alto clima de tensión”, ha lamenta, sin dar nombres concretos de sus interlocutores en el Gobierno, que fueron esencialmente la actual presidenta del Congreso Ana Pastor y el exministro de Justicia Rafael Catalá. El resultado final es conocido: el Parlament proclamó la DUI el 27 de octubre y se suspendió la autonomía de la Generalitat mediante el 155.
“No fue un referéndum”
La declaración de Vila también ha destacado por su desmarque del 1-O. “Desde su suspensión el referéndum mutó a una gran movilización política que nunca reconocí como referéndum”, ha destacado. Vila, como el resto de exconsellers salvo Junqueras y Romeva, ha negado que impulsara el 1-O una vez el Constitucional lo suspendió. A preguntas del fiscal Fidel Cadena sobre la malversación, Vila ha asegurado que Puigdemont le prometió que el 1-O no costaría dinero público. “Puigdemont me aseguró: 'Estate tranquilo, que no gastaremos ni un euro del erario público” en el 1-O, ha explicado Vila.
Tal y como hiciera este miércoles el exconseller de Justicia Carles Mundó, Vila ha deslizado que el referéndum fue pagado con dinero privado. Aunque Vila reconoce que formula una “especulación”, el exconseller ha apuntado a que las urnas y papeletas del 1-O las pagaron “empresarios y mecenas catalanistas”. El “mecenazgo”, explica Vila, goza de larga tradición en Catalunya, con lo que lo ha subrayado como vía de financiación del referéndum.