El supuesto intento de asalto el 20-S a la conselleria de Economía “no está respaldado por pruebas” y los concentrados frente al departamento fueron “una multitud pacífica”. Así lo sostienen dos jefes policiales del Reino Unido con treinta años de experiencia en operaciones de orden público y contra el terrorismo en un informe pericial propuesto en el juicio del procés por la defensa de Jordi Cuixart y rechazado por el Tribunal Supremo al que han tenido acceso eldiario.es y The Times.
El informe, firmado por los mandos Sir Hugh Orde y Duncan McCausland, supone un desmentido a las tesis de la Guardia Civil y de la Fiscalía respecto a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart así como una crítica de fondo al dispositivo del Instituto Armado por el registro del 20-S en Economía, calificado por los dos expertos como “difícil de entender”, “muy arriesgado” y “sorprendente”.
El documento incluye un análisis del 20-S y el 1-O desde dos perspectivas: la del dispositivo policial y la actitud de los concentrados en el departamento y los colegios. Los más de 40.000 ciudadanos que protestaron en Economía fueron, en conjunto, “una multitud pacífica, aunque ruidosa”, según ambos expertos. “No hemos observado ninguna prueba de violencia organizada ni de rutina durante el día, ni de rutina de lanzar objetos a la policía [...] ni nada que nos haya causado preocupación en términos de violencia”, aseveran.
Con todo, los dos expertos sí constatan que “un número reducido de personas se vio involucrado a título personal” en delitos de hurto y daños por el destrozo de los vehículos de la Guardia Civil aparcados frente al departamento y se enfrentaron a los Mossos después de disolverse la concentración. No obstante, rehúsan responsabilizar a los 'Jordis' de ello.
En este sentido, los policías británicos discrepan del carácter delictivo que la Fiscalía otorga a los tuits, los discursos y la “incendiaria convocatoria”, de los líderes sociales frente a Economía. Para el Ministerio Público, todos los actos del 20-S, desde la protesta al destrozo de los coches de la Guardia Civil y el “zarandeo de la puerta” por parte de manifestantes que habrían intentado acceder al edificio por la fuerza fueron “inducidos, conocidos y consentidos” por los 'Jordis'.
Por contra, los dos expertos, si bien reconocen a Cuixart y Sànchez “notoriedad y cierto grado de autoridad entre la multitud”, no están “convencidos” de que los tuits y discursos de los activistas “tuvieran un impacto significativo en las actuaciones” de la multitud. “Hay un tema que se repite en los discursos: se insiste en que la concentración es pacífica y que los actos violentos deben aislarse”, remarca el documento.
En todo el día, destacan, las ocho cámaras de seguridad del departamento no captaron “ninguna evidencia de desorden o resistencia hacia ningún agente de Guardia Civil o Mossos d'Esquadra”. “La cantidad de agentes desplegados dentro del edificio no habría podido impedir el intento de la multitud si hubieran decidido entrar en el edifico ya que habrían sido superados en número de forma masiva”, señalan.
Quienes quedan peor parados en el informe pericial son, de hecho, los responsables de la Guardia Civil que diseñaron el registro del 20-S en Economía. En especial el teniente del Instituto Armado que tanto en un informe del 24 de septiembre de 2017 como en el juicio del Supremo ha asegurado que, ya de madrugada, los manifestantes “estaban echando abajo” la puerta del departamento. “Sujetamos la puerta porque se venía abajo”, añadió. Ese informe fue la base que llevó a la Fiscalía a pedir la prisión privisional para los 'Jordis' el 16 de octubre de 2017 que se mantiene a día de hoy.
El dictamen niega la mayor. Tras analizar todos los vídeos de las cámaras de seguridad de la conselleria, los dos expertos concluyen que el ambiente en el interior del departamento fue “de calma durante todo el día”. La afirmación del supuesto asalto “no está respaldada por las pruebas disponibles”, agregan. A diferencia del informe pericial, las cámaras de seguridad de la conselleria sí forman parte del material probatorio con el que el Supremo elaborará la sentencia.
Asimismo, tanto el informe de la Guardia Civil como el escrito de calificación de la Fiscalía aseguran que debido a la “actitud hostil” de los concentrados, los guardias que custodiaban la entrada al departamento “se vieron obligados a adentrarse en el edificio para evitar un enfrentamiento directo”. “No hemos podido encontrar este acontecimiento en vídeo desde el vestíbulo de la conselleria o las cámaras de seguridad externas”, señalan los dos expertos británicos.
En suma, de las grabaciones de las cámaras de seguridad de toda la jornada los agentes resaltan que el registro se produjo “sin impedimento por parte de la creciente multitud de fuera y la gente sigue entrando y saliendo del edificio sin ninguna dificultad aparente”. “El ambiente en el vestíbulo parece relajado sin ninguna fricción detectable entre ninguno de los grupos involucrados [funcionarios de la Generalitat, guardias civiles, mossos y los 'Jordis'] ni con la multitud, que a lo largo de la tarde y la noche aumenta pero no hace ningún esfuerzo por entrar en el vestíbulo o interferir con los agentes de la Guardia Civil apostados fuera de la puerta”, sostiene el dictamen.
Los fotógrafos, avisados del registro
Los dos expertos británicos desmenuzan casi al minuto lo sucedido el 20-S en Economía. Destacan que antes de las 8:00h. –hora de inicio del registro– “un creciente número de fotógrafos” ya estaban frente a Economía, por lo que sostienen que fueron avisados del registro, aunque no lo critican. A su vez, esto provocó que desde primera hora los ciudadanos ya supieran de la operación a través de los medios.
Lo que sí ven “sorprendente” y “muy arriesgado” ambos expertos es el hecho –reconocido tanto por los guardias civiles como los mossos que han comparecido en el juicio– de que el Instituto Armado no avisara a la Policía catalana del registro antes de que empezara “teniendo en cuenta el calado de la operación”. “Hubiera sido razonable y proporcionado controlar un área reducida fuera del departamento desde el principio de la operación, debería haberse instalado inmediatamente un cordón con vallas”, apuntan los mandos británicos.
“Es difícil de entender por qué no hubo comunicación previa entre la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra”, zanjan los peritos, que añaden que “la falta de planificación de los propios medios policiales pudo haber influido en la capacidad para afianzar un área de segura alrededor del edificio antes de que la multitud se hiciera demasiado grande”. Si no se quería pedir apoyo previo por estar la causa bajo secreto de sumario, los peritos apuntan a que los responsables de ambos cuerpos podrían haber “asegurado los medios necesarios” para proteger la sede de Economía “sin comprometer la operación”.
Peticiones “sorprendentes” de la Guardia Civil
La primera petición de apoyo de la Guardia Civil a los Mossos de las 9:14h., y las otras cuatro que se hicieron a lo largo del día para formar un perímetro de seguridad de 30 metros alrededor de Economía, llegaron tarde, según los expertos, ya que ya había numerosos manifestantes concentrados. A las 9:30h., consideran los mandos británicos, “despejar la zona habría comportado un riesgo muy elevado”. La apuesta de los Mossos por los equipos de mediación es valorada por los peritos como “una buena práctica en situaciones policiales” como la del 20-S.
Es más, para los expertos británicos, las peticiones de apoyo de la Guardia Civil son “sorprendentes” debido a la “ausencia total de medidas de seguridad básicas dentro del edificio” por parte de los encargados del registro. “Mantener la integridad del edificio frente a un ataque, que sus comunicaciones [de la Guardia Civil] y declaraciones sugieren que era una preocupación creciente para ellos, se contradice por su inacción en relación con las medidas de seguridad básicas”, resaltan los peritos, que destacan que el “contexto político” en el que se produjeron los registros debería haber supuesto una mayor planificación.
Otro apartado del 20-S donde se detienen los mandos británicos en los coches de la Guardia Civil frente a Economía. “No entendemos qué requisito de la operación se cubría dejando sin supervisión los vehículos de la Guardia Civil delante del edificio”, afean los peritos, que apuntan a que los coches, si bien podían no caber en el párking –tal y como declararon los guardias en el juicio– sí podían haberse aparcado en la rampa, evitando su exposición a la multitud.
El informe, de 120 páginas, también se detiene en el 1-O. Los peritos analizan más de 200 vídeos de la actuación policial en medio centenar de colegios que forman parte del sumario y que también analizará el tribunal –tanto los grabados por los agentes como por los votantes-, aportados por acusaciones y defensas. En todos los colegios se define la actitud de los votantes en términos de “resistencia pasiva” y “sin violencia”. Solo a la salida de la Guardia Civil de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), los peritos constatan que los concentrados lanzaron piedras y atacaron a los vehículos.
Respecto a la actuación policial, afirman que Policía y Guardia Civil combinaron actuaciones “efectivas” y “exitosas” con el “uso indiscriminado, violento y desproporcionado” de la fuerza. Esta disparidad se debe, según los peritos, a la “ausencia de instrucciones claras” hacia los agentes de parte de sus mandos. La última parte del informe arroja un dato revelador: los mandos británicos calculan que para cumplir el auto que ordenaba a los tres cuerpos impedir la votación habrían sido necesarios 90.000 agentes. El 1-O actuaron 13.800, entre Mossos, Policía y Guardia Civil.
Sir Hugh Orde y Duncan McCausland, autores del informe policial han ocupado varios cargos de responsabilidad en la policía británica en sus más de treinta años de experiencia. Ambos remarcan al inicio del informe que son “expertos policiales independientes e imparciales y son capaces de dar la opinión requerida de forma objetiva, veraz e imparcial”, como todos los peritos.
Orde fue el presidente de la asociación de jefes policiales del Reino Unido entre 2009 y 2015. Empezó su carrera en la Policía Metropolitana de Londres –conocida popularmente como Scotland Yard–, donde a finales de los 90 ascendió a superintendente de seguridad. Entre 2002 y 2009 fue el jefe de la policía de Irlanda del Norte. En los últimos años ha sido asesor jefe de policía del Gobierno del Reino Unido, coordinador de la estrategia nacional de policía y ha diseñado los dispositivos de los Juegos Olímpicos y para huelgas y disturbios que se han sucedido en su país.
McCausland ha sido adjunto del jefe de policía de Irlanda del Norte, donde participó en el diseño de operativos de orden público en una zona especialmente conflictiva. También ha asesorado en reformas policiales y en procesos de paz en Estados Unidos, Irak, Sri Lanka, Líbano, Nepal, Bangladesh, Georgia, Armenia, Pakistán y Omán.
El tribunal denegó que su informe pudiera formar parte del juicio. “Ninguno de los peritos propuestos puede aportar a la Sala algo más que su apreciable experiencia en conflictos históricos desarrollados en otros países. La experiencia o el ejercicio de cargos asociativos de relieve en la policía del Reino Unido, sin embargo, no puede identificarse con una metodología científica susceptible de contradicción y análisis en el plenario”, argumentó el magistrado Manuel Marchena para rechazarlo.