El Tribunal Supremo ha avalado casi seis años después una de las medidas más polémicas de la etapa de Felip Puig al frente de los Mossos d'Esquadra. La sala primera del tribunal ha concluido que la web de delación ciudadana que lanzó la policía catalana, oficialmente pensada para identificar a presuntos vándalos de la huelga general del 29 de marzo de 2012, no vulneró derechos fundamentales como el de la propia imagen, la intimidad y el honor.
El Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por una de las 68 personas que aparecían en la web contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona que, a su vez, avalaba el portal para identificar a presuntos vándalos.
Argumenta el Supremo que el demandante era “perfectamente identificable” en las imágenes que fueron colgadas en la web y por las que se le atribuía la participación en los “actos vandálicos” presuntamente delictivos, por lo que fue identificado. Los Mossos d'Esquadra comunicaron los hechos al juzgado de Instrucción competente, que finalmente en julio de 2014 le procesó por desórdenes públicos.
En esencia, el Supremo sentencia que el conflicto entre los derechos fundamentales de las personas que aparecían en la web y la persecución del delito de desórdenes públicos debe resolverse en favor de esta segunda. Y recuerda que la difusión de imágenes para localizar a vándalos tenía una habilitación legal.
“La afectación de los derechos fundamentales del demandante resultó muy limitada, mientras que los beneficios para la sociedad fueron mayores, pues iban dirigidos a la identificación de las personas que habían participado en hechos delictivos que habían supuesto graves alteraciones de la convivencia pacífica”, concluye el Supremo.
La página web se puso en marcha el 24 de abril de 2012, poco después de la agitada huelga general del 29-M. La policía catalana que dirigían por aquel entonces Felip Puig y Manel Prat colgó en ese espacio 68 imágenes de presuntos vándalos, entre ellas la del demandante, que crearon altercados durante la huelga, a la espera de que los ciudadanos ayudaran a identificarlos para luego procesarlos.
Al cabo de un mes, con numerosas críticas acumuladas por parte de activistas, entidades defensoras de los derechos humanos, colectivos de abogados y el Síndic de Greuges, los Mossos acabaron cerrando “temporalmente” la web, aunque remarcaron que volverían a abrirla si se daban casos de nuevos altercados en las calles.
Tres personas han terminado imputadas –investigadas, según la nueva denominación– gracias a la web, aunque su caso se encuentra todavía en fase de instrucción. Los tres jóvenes forman parte del centenar de investigados que dejó la huelga general del 29-M en Barcelona. La mitad de los procesos han terminado en absolución, mientras que un 25% con condenas menores y el resto está pendiente de juicio.