El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres ha citado el próximo 22 de julio a la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borràs para que declare como investigada por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en relación a los contratos fraccionados de la etapa en la que fue directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) de la Generalitat.
Al ser diputada en el Congreso y rechazar la comparecencia voluntaria como investigada que le propuso el instructor, la Cámara aprobó el suplicatorio la semana pasada para que Borràs pudiera ser interrogada en el Alto Tribunal. Borràs viene sosteniendo que las eventuales irregularidades no merecen reproche penal y que se la investiga por independentista.
Según la instrucción realizada inicialmente por un juzgado de Barcelona y finalmente remitida al Tribunal Supremo las irregularidades aparecen en 18 contratos de esta organización, por valor de 259.863 euros, que fueron adjudicados a un amigo personal de Borrás, I.H., a quien se investiga en este mismo procedimiento.
La instrucción de Porres apunta que las resoluciones dictadas por Borràs omitieron de for,a injustificada de los trámites esenciales del procedimiento administrativo, lo que en espera de poder escucharla en declaración “carece de toda explicación jurídica y evidencia la exclusiva voluntad de favorecer los intereses” de su amigo, ocasionando con ello un resultado materialmente injusto, según el juez.
La investigación a la diputada de JxCat nace de la instrucción que abrió un juzgado de Manresa en 2017 contra I.H. por un presunto delito de falsificación de moneda al que después se sumaron falsedad documental y tráfico de drogas. En el marco de esta causa, los investigadores analizaron las conversaciones telefónicas del amigo de Borràs de las que se desprendía la necesidad de preparar unas facturas.
El juzgado de Manresa finalmente se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, donde continuó la investigación, que a su vez fue derivada al Supremo dada la condición de aforada de Borrás como diputada en el Congreso. La prueba clave se encontró en una la cadena de correos electrónicos enviados en 2013 y 2014 en los que Borrás señala de “forma muy explícita” a I.H. cómo debía proceder.
Además, los investigadores constataron que una de las empresas que licitaron para conseguir uno de los contratos presuntamente irregulares, Lab Hermeneia, había sido creada con anterioridad por la diputada catalana, aunque finalmente la adjudicación fue para una de las empresas de I.H., que presentó un presupuesto de 100 euros menos.
También existen indicios de que Borràs y su amigo habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.
Así, el amigo de Borràs aportaba al procedimiento de adjudicación tres presupuestos de los que algunos eran falsos o simulados, al no ser realizados por las entidades ni por las personas físicas indicadas y que además incluían conceptos o importes adecuados para que fuera él quien resultara adjudicatario, bien directamente o bien a través de las entidades investigadas, muchas de ellas cooperativas.
El hecho mismo de falsear los presupuestos presentados, según señalaba Porres en su escrito al Congreso, “permite concluir que ha existido un claro perjuicio para el erario público al resultar imposible determinar el trabajo realmente realizado y su valor económico, en base a unos conceptos e importes inventados y que finalmente se trasladaban a las facturas presentadas al cobro, directamente e indirectamente por I.H.”.
Otra de las conversaciones que se tienen en cuenta es en la que I.H. reconoce a su socio, en noviembre de 2017, que “con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, yo facturo unos trapis por allí”, en alusión al ILC y que tiene que hacer “dos presupuestos buenos y cuatro no buenos...”. Además, manifiesta que la situación cambiaría en cuanto Borràs dejara la institución.