La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, de expulsar a Vox de la acusación popular del caso del proceso soberanista, en la que el líder social en prisión preventiva está acusado de rebelión. Cuixart consideró que el partido está haciendo un uso fraudulento de la acusación popular en la causa, usándola como campaña electoral en vez de defender los intereses públicos.
La Sala recuerda en su auto que ya ha llamado la atención en otras ocasiones sobre la necesidad de abordar una regulación en esta materia que excluya el riesgo de trasladar al proceso penal la contienda política. Sin embargo, recuerda que la doctrina constitucional no concede el monopolio de la acusación a la Fiscalía y que la presencia de Vox “no es un obstáculo para la vigencia de los principios que legitiman el ejercicio de la función jurisdiccional”.
En el auto se alude a la causa contra la exalcaldesa Valenciana Rita Barberá, en la que el PSOE solicitó personarse también como acusación popular, momento en el que la sala también advirtió de la necesidad de no trasladar la confrontación política a este ámbito. En todo caso, recuerda el auto, el marco jurídico vigente “autoriza la presencia del partido político Vox en el ejercicio de la acción popular, con todas las expectativas, cargas y derechos que son propios de su estatus como parte. Y a ese marco jurídico nos atenemos”.
El partido ultraderechista pide 74 años de cárcel para el exvicepresident Oriol Junqueras y los otros cinco exconsellers en prisión preventiva y 62 años de cárcel para Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell por rebelión “por motivos racistas contra los españoles”.