Acatar el 155 y comprometerse a respetar el orden constitucional en el futuro no ha sido suficiente para Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena les ha mantenido en prisión incondicional ante el riesgo de que vuelvan a promover “actos de violencia”. En su decisión ha pesado de forma decisiva que los tres primeros sean candidatos a las elecciones del 21 de diciembre. A juicio de Llarena, dejar libres a los cuatro dirigentes no sólo pone en riesgo la Constitución y la convivencia, sino que también puede alterar la economía y la “integridad física” de los catalanes.
Con su auto, el magistrado influye en la campaña electoral del 21D al impedir salir de la cárcel a Junqueras, cabeza de lista de ERC, y a Sánchez y Forn, números 2 y 6 de Junts per Catalunya. Y también muestra el camino a un futuro Ejecutivo del que puedan formar parte los tres políticos, que deberá confirmar con su obra de gobierno la renuncia a la vía unilateral para que se revise su prisión incondicional.
“El riesgo de reiteración delictiva –asegura el magistrado Llarena– va expresamente unido a las responsabilidades públicas a las que aspiran”. Con esta frase el juez desmonta de un plumazo uno de los argumentos de las defensas, que pedían dejar libres a Junqueras, Forn y Sánchez para que pudieran participar en igualdad de condiciones a las elecciones del 21D.
Llarena también tiene en cuenta a la hora de negar la libertad provisional de Junqueras, Sánchez, Forn y Cuixart el derecho de los ciudadanos a vivir “despojados” de cualquier “riesgo” que atente contra su convivencia social o familiar, así como contra “el libre desarrollo económico y laboral” y su “integridad física”. Este riesgo, según Llarena, crecería si pusiera en libertad a los cuatro dirigentes por sus precedentes “vinculados a una explosión violenta” del proceso independentista, a diferencia de los seis exconsellers que ha dejado en libertad bajo fianza de 100.000 euros.
El magistrado deja claro que la única puerta para dejar en libertad a los independentistas se abrirá después del 21D. Será cuando se pueda “constatar” que la posibilidad de “nuevos ataques” haya “efectivamente desaparecido”, o bien que “paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real” en Junqueras, Forn, Sánchez y Cuixart. El nuevo Govern ya tiene deberes judiciales antes de que empiece la campaña.
La 'vía Forcadell' no es suficiente
Si la llamada 'vía Forcadell' –acatar el 155 y abjurar de la vía unilateral– no ha valido para Junqueras, Sánchez, Forn y Cuixart es porque Llarena los vincula “directamente” a la violencia, la clave de los delitos de rebelión y sedición por los que permanecen imputados Puigdemont y todos los exconsellers y Carme Forcadell y los diputados de JxSí y CSQP de la Mesa.
¿Por qué el juez vincula a Junqueras, Forn, Sánchez y Cuixart estrechamente con la violencia y no al resto de exconsellers? Básicamente, por dos elementos: su papel destacado, a diferencia de los exmiembros del Govern excarcelados y los que huyeron a Bruselas, en la protesta frente a la conselleria de Economía del 20 de septiembre contra el registro ordenado por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Y también por el documento 'Enfocats', hallado ese mismo día en el domicilio de uno de los detenidos, el exnúmero 2 de Junqueras, Josep Maria Jové.
Los abogados de Sánchez y Cuixart han asegurado que sus clientes lamentan más que el juez les relacione con la violencia que la propia decisión de mantenerlos en prisión. “Lo que más les duele en el fondo de su corazón es que se les tilde de violentos. A dos personas como los 'Jordis', que tienen el pacifismo por bandera, es lo que más les ha ofendido y molestado”, ha aseverado el abogado Jordi Pina.
'Enfocats' y la protesta del 20S
Llarena define la protesta frente a Economía, en la que los concentrados destrozaron tres coches de la Guardia Civil, como un “asedio” a la comitiva judicial convocado y en el que participaron los propios Cuixart y Sánchez. “Dirigieron a las masas en las 19 horas que duró el cerco, modulando los actos de violencia que se desplegaron”, asegura Llarena sobre los líderes civiles del independentismo, sin concretar los actos violentos.
El magistrado reconoce que Sánchez y Cuixart facilitaron la salida de los agentes judiciales y de la Guardia Civil, pero dice que sólo lo hicieron “gracias al pleno dominio de lo acontecido”. Y vincula con estos hechos a Junqueras y a Forn, el primero porque “acudió” al departamento –hasta la aplicación del 155, Junqueras era el conseller de Economía– y el segundo porque, como responsable de Interior, “propició” la protesta al no ordenar a los Mossos d'Esquadra que pusiera fin a la concentración.
Sobre el documento 'Enfocats', Llarena asegura que aporta los indicios de la existencia de un “comité estratégico” del que formaban parte Junqueras, Sánchez y Cuixart pero no los otros exconsellers que han salido en libertad bajo fianza. También formaban parte del ente los presidentes y los portavoces de los grupos parlamentarios independentistas y asesores como David Madí, Oriol Soler y Xavier Vendrell.
Dicho comité, según el juez, definió los pasos del 'procés', así como la “violencia y tumultos” que constituyen la esencia de los delitos de rebelión y sedición investigados. Se trata del llamado 'Estado mayor del procés', que se ha venido reuniendo desde mayo hasta después de la DUI y el 155, tal y como ha reseñado este diario. El documento Enfocats, que no lleva ningún sello oficial, recoge el objetivo de conseguir la independencia “por la vía del pacto o de la unilateralidad”.
En suma, del auto de este lunes se desprende que el magistrado Llarena empieza a asumir, a la espera del futuro de la instrucción, las tesis de la Fiscalía, la Audiencia Nacional y de la Guardia Civil sobre el plan premeditado hacia la secesión de los imputados. El ministerio público, que había pedido mantener en prisión a todos los exconsellers, se ha dado por satisfecho con el auto de Llarena y ha anunciado que no lo recurrirá.