Primer encuentro institucional entre Quim Torra y Ada Colau después de que la alcaldesa revalidara el cargo. Lejos de los reproches que el Govern mandó a Colau por contar con los votos de Manuel Valls para ser investida, el president de la Generalitat y la alcaldesa han acordado negociar los presupuestos de ambas instituciones a la vuelta de vacaciones.
“Hablaremos de forma constructiva porque es necesario tener presupuestos en el Ayuntamiento y la Generalitat”, ha expuesto a Colau a la salida de la reunión. La alcaldesa ha evitado recordar las discrepancias entre 'comuns' y Govern en fiscalidad que llevaron al fracaso la negociación para aprobar las cuentas de 2019, y ha insistido en que las fuerzas políticas deben “sentarse a hablar con ánimo constructivo” para “buscar objetivos compartidos, como reforzar los servicios públicos”.
A juicio de la alcaldesa, la ciudadanía “está harta de ver las instituciones sistemáticamente bloqueadas”, por lo que ha pedido al conjunto de las fuerzas políticas que prioricen “acordar unos presupuestos de mínimos”, dejando en segundo plano sus “legítimas discrepancias”.
Por el lado de la Generalitat, el conseller de Territorio, Damià Calvet, ha explicado que el encuentro ha servido para “constatar la necesidad de que las instituciones tengan presupuestos”. Según Calvet, president y alcaldesa han adquirido el compromiso mutuo de “hablar para dar estabilidad”.
El conseller no ha hecho mención a la discusión interna del independentismo sobre el adelanto electoral como respuesta a la sentencia del procés de este otoño. Y es que nuevas elecciones al Parlament tirarían por la borda las posibilidades de aprobar las cuentas para 2020 antes de terminar 2019. Cabe recordar que los presupuestos de la Generalitat están prorrogados desde 2017 y que en Barcelona se han aprobado gracias a que han fracasado las mociones de confianza contra Colau.
Al ser un encuentro institucional, Colau ha rechazado valorar el fracaso de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, si bien ha confiado en que haya un Gobierno progresista en el Estado “para ponernos a trabajar cuanto antes mejor”. Y sobre el escenario político tras la sentencia del procés, Colau ha insistido en que las organizaciones sociales deben manifestarse y que los políticos con responsabilidad institucional deben “buscar soluciones para desjudicializar la política”.
Inseguridad, Mossos e inversiones
La alcaldesa ha respaldado al 100% al nuevo teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, tras la primera operación conjunta del verano contra el 'top manta'. En este sentido, Colau ha recordado que el dispositivo se pudo llevar a cabo gracias a que los Mossos pudieron prestar un número suficiente de agentes, algo que no ocurría desde hace dos años.
Colau ha insistido en pedir más mossos para patrullar las calles frente al aumento de seguridad. El único momento en que Colau se ha apartado del perfil institucional se producido cuando ha explicado que ha trasladado al president su “malestar” por las “impropias declaraciones” del conseller de Interior, Miquel Buch, que este martes ha criticado al Ayuntamiento por “relajarse en la lucha contra el 'top manta'”.
“Si nos ponemos a reprochar, yo tendría que la Generalitat ha estado dos años sin comparecer en Barcelona en materia de seguridad”, ha espetado Colau, que, con todo, ha abogado por mantener el buen clima entre instituciones de cara a las nuevas reuniones entre las distintas comisiones mixtas entre Generalitat y Ayuntamiento que se reanudarán tras el verano.
En este sentido, Colau ha avanzado que una de las reclamaciones del Ayuntamiento será que la Generalitat salde la deuda de inversiones que mantiene con la capital catalana desde 2011, cifrada por la alcaldesa en 280 millones. Como ejemplo, Colau ha explicado que si la Generalitat aportara al Consorcio de Vivienda los 1.000 pisos sociales que le corresponden la mesa de emergencia vería eliminada la lista de espera de familias que piden realojo tras sufrir un desahucio.
Calvet, en el punto de mayor desencuentro entre Generalitat y Ayuntamiento, ha considerado que los 280 millones no son una “desinversión”, y ha reclamado no dar estas cifras de forma “abrupta” y “descontextualizada”. Además, ha culpado de parte de la misma a la falta de inversiones en Catalunya del Gobierno central y ha reivindicado que pese a las estrecheces económicas la Generalitat ha aportado un total de 290 millones a la ciudad de Barcelona en 2017: 150 en gasto ordinario y 140 en diversas partidas como consorcios compartidos.