El president de la Generalitat, Quim Torra, ha emitido este viernes un comunicado en el que amenaza con denunciar por “coacciones” a quien le atribuya un delito de usurpación de funciones o a quien presione al presidente del Parlament, Roger Torrent, para que le retire el escaño. Torra ha hecho este anuncio un día después de que el Tribunal Supremo avalara su inhabilitación como diputado dictada por la Junta Electoral Central.
En el comunicado enviado por la oficina del president, Torra denuncia “presiones” sobre el presidente del Parlament y otros miembros de la Cámara por estar defendiendo la soberanía de la misma, asegura. Unas presiones que “están llegando a límites insostenibles e incompatibles con el ordenamiento jurídico en general y, específicamente, con el Código Penal”, asegura, por lo que a su parecer podrían incurrir en un delito de “coacciones”.
De la misma forma, Torra asegura que “atribuirle la posible comisión de un delito de usurpación de funciones públicas no sólo demuestra una ignorancia profunda del derecho penal, sino que se esgrime para coaccionar los que defienden la soberanía del Parlament”.
Que Torra podría incurrir en una usurpación de funciones si acaba participando en la votación del próximo pleno del Parlament ha sido una acusación lanzada por varios miembros de la oposición, entre ellos Pablo Casado, que aseguró este jueves que le llevaría a los tribunales por este motivo. Asimismo, la usurpación ha sido señalada como uno de los posibles delitos a los que podría enfrentarse el president por parte de varios expertos juristas consultados por eldiario.es
Ante estas acusaciones, continúa el comunicado, “el president de la Generalitat no dudará tampoco en ejercer las acciones legales oportunas en caso de que persistan estas acciones, que podrían estar incurriendo en un presunto delito de calumnias y / o injurias”.
Torra reitera además que “cuenta con toda la legitimidad democrática para seguir ejerciendo” como diputado pese a la resolución del Supremo. “La condición de diputado del Parlament de Catalunya del president de la Generalitat sólo le puede ser revocada, en caso de que exista sentencia firme, por el propio Parlament”, añade, calificando de “anomalía democrática que genera un conflicto institucional” el hecho de que sea un órgano administrativo quien quiera revocarle de su cargo.