El inicio de curso ha llegado no solo a las escuelas y a los puestos de trabajo sino también a los dos escenarios en los que se ha desenvuelto la política catalana en los últimos años: el Parlament y los tribunales. El president de la Generalitat, Quim Torra, tendrá un papel protagonista en ambos lugares a lo largo de los próximos días. Este miércoles comparecerá ante la Cámara en el debate de política general, cita anual en la que se marcan los objetivos del curso. El jueves, acudirá ante el Tribunal Supremo, que debe decidir si confirma o no su inhabilitación. Pero ni uno ni otro día Torra tiene intención de revelar, ni mucho menos de negociar, la fecha de las elecciones catalanas, pese a la insistencia de sus aliados de ERC y la CUP, y también de partidos de la oposición como el PSC o los 'comuns'.
Después de pasar todo el verano deshojando la margarita, Torra ha aceptado no anticiparse y dejar que el Supremo tome la decisión que considere. No era esta la primera opción del president, que prefería evitar un nuevo agujero institucional en Catalunya convocando elecciones mientras pudiera. Pero Carles Puigdemont y su entorno apostaban con claridad por volver a presentarse a unas elecciones forzadas por el Estado, igual que las de diciembre de 2017, donde consiguieron superar a ERC por sorpresa. El jefe del Govern acabó aceptando la voluntad de Waterloo y rubricando una remodelación del gabinete que subraya la intención de alargar la legislatura.
Torra optó por expulsar a los consellers que le estropeaban la fotografía, como era el de Interior, tocado por las actuaciones policiales ante manifestaciones independentistas, o la de Empresa, única representante del PDeCAT. Desde entonces, las caras visibles de JxCat en el Govern han cerrado la puerta a llegar a cualquier entente con el grupo de consellers de ERC que comanda Pere Aragonès sobre cómo proceder una vez el Supremo aparte definitivamente a Torra.
Pero esta situación de incertidumbre total no se explica únicamente por las rencillas entre los dos socios del Govern. El president, tan partidario de reunir a todas las familias independentistas cada vez que se produce algún evento importante, ha preferido no inmiscuirse en las conversaciones que se mantienen al nivel de los partidos y las entidades para tratar de consensuar una respuesta a su cese. La CUP finalmente acabó dando un golpe sobre la mesa la semana pasada, cuando exigió clarificar el escenario posterior a la salida de Torra del Ejecutivo, teniendo en cuenta que sus votos serán necesarios para cualquier decisión que el independentismo quiera llevar a la Cámara.
La propuesta de los anticapitalistas es pactar una convocatoria electoral, que Torra debería firmar antes de que se ejecute la sentencia que le inhabilitaría y a cambio, en el ínterin hasta las elecciones, el president podría mantenerse de facto al frente del Govern, aunque evitando firmar documentos o ejercer las potestades de las que ha sido apartado por los jueces. Así lo hicieron saber a JxCat y ERC este lunes, en sendas reuniones. Una iniciativa que desde ERC saludan, pues consideran que encaja perfectamente con su pretensión de que sean las instituciones catalanas quienes decidan la fecha de las elecciones.
Sin embargo, desde Junts han dado muestras de que, en estos momentos, están muy lejos de esos planteamientos. La consellera portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha acudido este martes a la rueda de prensa semanal con el mantra de que abordar ahora el escenario tras una inhabilitación es “normalizar la represión”, por lo que ellos no tienen intención de anticiparse a los movimientos del Alto Tribunal. La acusación de Budó es un dardo contra ERC y la CUP, que precisamente vienen reclamando negociar esto. Pero también una forma de atar en corto al grupo de JxCat en Parlament, cada vez más desconectado de la errática estrategia que se marca a tira y afloja entre el Palau y Waterloo.
El fallo y su ejecución
Pese a que el propio Torra dio por descontado un fallo condenatorio –“no espero otra decisión que no sea la inhabilitación”, afirmó hace dos semanas en TV3– ahora tanto JxCat como fuentes de su defensa son más optimistas, al menos de cara a los medios de comunicación. Después de que el Govern hablase de “normalizar la represión”, el grupo de JxCat no se ha salido del guión y ha rechazado acordar una fecha para las elecciones con la CUP, porque sería “dar por hecha la inhabiltación”, en palabras del portavoz Albert Batet.
Fuentes de la defensa de Torra han insistido en que, en el plano jurídico, se ven con posibilidades de que el Tribunal Supremo o bien revoque la condena del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) o bien eleve las cinco cuestiones prejudiciales ante la Justicia europea que plantearon los letrados Gonzalo Boye e Isabel Elbal en su recurso.
En caso de que el Supremo decidiera elevar las cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la posible inhabilitación de Torra se demoraría como mínimo seis meses. Las cuestiones prejudiciales de la defensa se centran en el derecho a un juez imparcial que ven vulnerado; en si la eventual condena a Torra encaja con el derecho internacional y en si inhabilitar a un president electo por una pancarta resulta “desproporcionado” en relación con la infracción cometida.
Sin embargo, habida cuenta de los precedentes, como el del 9-N, lo más probable es que el Supremo confirme la inhabilitación de Torra. En el caso de Mas el Supremo tardó poco más de un mes en confirmar la condena del TSJC, y en la causa de Torra el plazo incluso podría ser menor al tratarse de un solo delito –la desobediencia– sin la prevaricación por la que también fue condenado el exlíder del PDeCAT.
A partir de que el Alto Tribunal comunique la sentencia empezará el trámite para despojar a Torra de la presidencia. Primero el Supremo deberá enviar la sentencia al TSJC, que como tribunal sentenciador en primera instancia deberá ejecutar el fallo mediante comunicación al Parlament de que el president ha sido cesado por condena en firme.
El cese del president deberá a su vez publicarse tanto en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) como en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una vez cesado Torra, la Cámara catalana deberá empezar de nuevo el trámite para investir a un president, algo inviable dado el actual desencuentro de la mayoría independentista. Pasados dos meses, se convocarían automáticamente elecciones en 54 días. Salvo que Torra se lo repiense y convoque elecciones antes de que el fallo sea firme.