El presidente del Parlament vuelve a estar en el ojo del huracán por enésima vez desde el inicio de la legislatura por resoluciones judiciales sobre miembros de la Cámara. En esta ocasión Roger Torrent debe gestionar la decisión de la Junta Electoral Central, mantenida por el Tribunal Supremo, de cesar al president de la Generalitat, Quim Torra, como diputado. Ante una situación en la que los tribunales chocan contra el reglamento interno de la Cámara, Torrent tiene previsto limitarse a suscribir la actuación de los funcionarios y, en concreto, del secretario general del Parlament, Xavier Muro.
Es el máximo funcionario del Parlament quien deberá comunicar –o no– a la Junta Electoral Provincial el siguiente nombre de la lista de Junts per Catalunya para que el organismo electoral le emita su credencial, lo que a ojos de Torrent certificaría la pérdida del acta de Torra. La Junta Electoral Provincial ya declaró vacante el escaño el pasado 10 de enero, y además ha anunciado que tanto si recibe la comunicación oficial como si no, en 48 horas expedirá la credencial a la siguiente persona de la lista, que es Maria Senserrich.
Sin embargo, la presidencia de la Cámara esperará a conocer la decisión técnica jurídica, que se mostrará en si el secretario general envía o no el nombre de la sustituta de Torra. Si los letrados ejecutan la decisión, eso modificaría la situación actual y, en ese caso, ERC intentará consensuar con JxCat los nuevos pasos a dar.
Según fuentes parlamentarias, si esa comunicación ocurre, el presidente del Parlament se inclina por acatar la decisión y evitar que el president de la Generalitat pueda tomar parte en las votaciones del pleno de este lunes. De igual forma, si el secretario general no comunica la pérdida de la condición de diputado, Torrent optaría por ceñirse a ese punto de vista y continuará contando el voto de Torra.
Este es, en principio, el criterio al que se atiene la presidencia del Parlament, que mantiene un silencio total desde que se conoció la resolución del Tribunal Supremo, el pasado jueves, que avalaba la decisión previa de la Junta Electoral de apartar a Torra de su escaño. Durante este fin de semana los contactos entre los socios independentistas se suceden, en busca de una solución de consenso que este sábado parecía lejos de adoptarse.
Desde ERC han ofrecido a Torra una opción intermedia, que pasaría por no hacer correr la lista de JxCat y reconocerlo formalmente como diputado pero sin que participara en las votaciones. Sin embargo desde JxCat entonan el “no nos echaremos atrás” y aseguran que Torra continúa siendo diputado. El president además ha dado muestras de querer participar como diputado en el pleno del lunes.
La jefatura del Govern ha querido situar además toda la presión sobre Torrent y, de paso, sobre ERC. Este viernes Torra emitió un comunicado en el que amenazaba con emprender acciones legales contra quien le atribuyese un delito de usurpación de funciones. Pero, además, denunciaba unas “presiones insostenibles” sobre el presidente del Parlament para que le retirase el acta. Con esa afirmación, el comunicado servía a JxCat para presentar a Torrent como responsable del futuro de Torra como diputado, enmarcando la pérdida o no del escaño en una decisión de sus rivales políticos.
En JxCat entienden que es el momento de “plantar cara” desde el Parlament a los tribunales. La formación afirma que la decisión de la Junta Electoral es injusta e ilegítima, pese a que el Supremo se haya negado a paralizarla, y apuestan por que la Cámara catalana se niegue a cumplirla, asumiendo las consecuencias, políticas y penales, que puedan derivarse. Recuerdan además el precedente del expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa, quien fue inhabilitado por negarse a disolver el grupo parlamentario de la izquierda abertzale tras la ilegalización de Batasuna en 2003, pero a quien en 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón.
La posición de ERC, en cambio, es que si los funcionarios del Parlament comunican a la Junta Provincial el cese de Torra nada puede hacerse desde la parte política para evitarlo, más allá de mantener la “ficción” de que el president sigue ocupando un escaño. La formación subraya que, si se opta por esa opción, todos los acuerdos del pleno podrían ser impugnados, por lo que la parálisis política será total en la Cámara e impedirá que se aprobasen medidas de calado, como los presupuestos, recientemente pactados con Catalunya en Comú. Una situación que, según fuentes republicanas, sería de facto “el final de la legislatura”.
No hay precedentes del cese como diputado de un presidente de la Generalitat, por lo que ni siquiera los letrados parlamentarios tienen un criterio sólido respecto a cómo debe resolverse la situación creada tras la decisión del Supremo, que rechazó amparar a Torra hasta que se dicte una sentencia firme. Antes de la decisión del Alto Tribunal, los letrados habían elaborado un contundente informe en reacción a la decisión de la JEC de privar al president de su escaño, asegurando que la decisión del árbitro electoral no tenía efectividad ni encaje en el reglamento del Parlament.
Entre los letrados, la opinión más extendida hace unas semanas era que el Supremo frenaría la resolución de la Junta Electoral, que consideraban como una extralimitación e innecesaria. Sin embargo, tras comprobar que el tribunal no aceptaba el recurso, la posición de los juristas parlamentarios cambió. Aunque los letrados consideran, como poco, un error la decisión del Supremo, la interpretación general es que la resolución confiere efectividad a la orden de la JEC. Un organismo que además este jueves se apresuró a enviar un requerimiento a la Cámara exigiendo el cumplimiento de su mandato.