Ya es oficial. Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega irán a juicio por la consulta soberanista del 9-N. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha publicado este jueves el auto de apertura de juicio oral contra el expresident y las exconselleres por los posibles delitos de desobediencia y prevaricación. El magistrado José Francisco Valls ha rechazado juzgar a los exaltos cargos por un delito de malversación, como sí pedían las acusaciones populares, por lo que los tres políticos se salvan de la posibilidad de entrar en prisión.
Ahora serán las defensas las que presentes sus escritos y posteriormente la sala civil y penal del TSJC fijará la fecha del juicio. La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas y nueve para Rigau y Ortega.
La clave del auto era saber si el magistrado accedía a sentar en el banquillo a Mas, Rigau y Ortega por malversación y abría así la puerta a que acabaran en la cárcel, tal y como pedían los sindicatos policiales, Manos Limpias y las demás acusaciones populares. El juez lo ha rechazado ya que los contratos con empresas privadas para el soporte informático de la consulta o los sobres de votación se formalizaron antes de la suspensión del 9-N que el Constitucional decretó cinco días antes de la votación. En total, el coste del 9-N ascendió a 4,17 millones de euros.
Con todo, el magistrado del TSJC ha vuelto a rechazar de plano los argumentos esgrimidos por Mas y las defensas, en especial el que una vez el TC suspendió la consulta, su organización quedó en manos de voluntarios. “De forma intencionada y sin otro amparo que su mera voluntad –concluye el TSJC sobre Mas– desatendió el mandato del Constitucional e incumplió la obligación de dejar sin efecto el acto de convocatoria [del 9-N]”.