La Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha anunciado este jueves que ha abierto una investigación sobre su catedrático de Derecho Administrativo Andrés Betancor a raíz de que eldiario.es haya desvelado que compaginó su vocalía en la Junta Electoral Central (JEC) con un sueldo de Ciudadanos como asesor.
Según ha informado la UPF, el rector del centro, Jaume Casals, ha ordenado la apertura de un expediente informativo para “esclarecer si las actuaciones” de Betancor pueden ser sancionables por parte de la Universidad. Casals ha expresado asimismo su “profunda preocupación personal” ante la irregularidad revelada por este diario y ha considerado “éticamente reprobable” la actuación de Betancor.
Tal y como ha avanzado este diario, Ciudadanos pagó mensualmente a Betancor mientras participaba en debates decisivos sobre candidatos independentistas como Carles Puigdemont y el desarrollo de las elecciones entre los años 2017 y 2019, cuando fue miembro de la JEC a propuesta del partido de Albert Rivera.
En 2017, cuando ingresó en el ente encargado de velar por la objetividad y transparencia de los procesos electorales, Betancor ya ocupaba un cargo de asesor y un despacho en la quinta planta de las oficinas que el Congreso de los Diputados destina a las formaciones políticas. Según fuentes de Ciudadanos, Betancor llegó a resolver como vocal de la JEC recursos de parte que él mismo presentaba en nombre del partido.
Ante el Congreso de los Diputados, Betancor ocultó sus vinculaciones laborales con Ciudadanos. El 26 de octubre de 2017 compareció ante la comisión de nombramientos que le abriría la puerta al principal árbitro electoral de nuestro país y no dijo una sola palabra de sus vínculos con la formación que lideraba Albert Rivera, según figura en el Diario de Sesiones.
Betancor sí pidió permiso a la UPF para compatibilizar sus funciones docentes con su ingreso en la formación política a principios de 2017, antes de ser nombrado vocal de la JEC. En concreto, informó a la Universidad de que pasaba a cobrar de Ciudadanos, por lo que solicitó pasar a la modalidad contractual de tiempo parcial, solicitud que fue aprobada por la Comisión del Profesorado solo unas semanas después. La entidad académica basó su decisión en el criterio de que el paso a la plantilla del partido político “no tenía impacto sobre la programación académica”.
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