Un recurso de última hora presentado por el Partido Popular de Catalunya (PPC) ha impedido que el Parlament completara esta semana el último trámite para aprobar definitivamente la ley contra la homofobia. Una amplia mayoría de la cámara catalana -ERC, PSC, ICV-EUiA, C's, CUP y CDC- había dado la luz verde a un texto que significaba un paso fundamental para la igualdad de derechos que reivindica incansablemente el colectivo LGTB, principal impulsor de la ley. De no ser por la intervención in extremis del PPC, la norma habría sido aprobada en el próximo pleno parlamentario.
El PPC, que junto con Unió se había posicionado en contra de la normativa, ya había advertido que llevaría la proposición de ley al Consejo de Garantías Estatutarias en caso de que saliera refrendada. Dicho y hecho, este miércoles era el portavoz Enric Millo, el representante de los populares que ha liderado la oposición a la propuesta, quien anunciaba un recurso que impedirá que la ley se apruebe según el calendario previsto y que deberá posponerse hasta octubre, una época en la que todo indica que el debate nacional dejará en un segundo plano el resto de las cuestiones.
El movimiento táctico del PPC ha caído como un jarro de agua fría en la plataforma LGTBcat que impulsa la propuesta, así como el resto del colectivo de LGBT -acrónimo empleado para referirse colectivamente a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales- que lleva años remando para aprobar esta normativa. Las diferentes entidades impulsoras sostienen que con esta nueva legislación se avanzaría decisivamente en garantizar los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y que erradicaría definitivamente la homofobia, la lesbofobia y la transfobia.
Eugeni Rodríguez, portavoz del Frente de Liberación Gay de Catalunya (FAGC), una de las entidades que forma parte de la plataforma, considera el recurso del PPC como “una estrategia absolutamente obstruccionista”. Recuerda que el dictamen ha sido aprobado por una gran mayoría y que cuenta con todo el apoyo del movimiento LGTB catalán. “Al PP le preocupa más que un homófobo pueda ser sancionado, que haya cien víctimas LGTB sin reparación después de ser agredidas”, espeta Rodríguez.
La decepción del colectivo debe enmarcarse en un contexto de largas reivindicaciones. Después de los trabajos de redacción y de un largo proceso participativo, en el año 2010 fue presentada y aprobada la propuesta en el marco del Consejo Nacional LGTB. Pero no fue hasta mayo de 2013 cuando se registró en el Parlament. Hace un año, el 17 de julio de 2013, se votó el acceso a trámite, ya entonces con la enmienda a la totalidad del PPC, que no se ha movido ni un milímetro en esta cuestión.
El PPC y los obispos, ¿una relación de causa-efecto?
La traba administrativa del PPC llega unos días después de que los obispos catalanes mostraran su preocupación por el proyecto de ley. En un comunicado público, la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET) consideraba como “muy desacertado” el proyecto por las graves consecuencias “que puede tener en el ejercicio de la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia de los ciudadanos”. Según los obispos “es peligroso” que, en caso de aprobarse la ley, deba ser el acusado quien demuestre su inocencia, al revés de lo habitual, que es el acusador quien debe demostrar la culpabilidad.
Este matiz jurídico recibe el nombre de inversión de la prueba -o reversión de la carga- que, según la plataforma LGTBcat, “es un paso muy importante” en los casos de discriminación, en que a menudo, explican, es muy difícil reunir pruebas, y que implica que sea la persona presuntamente discriminadora la que tenga que probar que no ha discriminado. “Es imprescindible que la ley contemple un contundente régimen sancionador, como herramienta para erradicar la violencia homófoba, pero es evidente que este no es el régimen que quiere el PP”, explica Rodriguez.
En este punto, la responsable del Ámbito LGTB de CCOO de Catalunya, Raquel de Haro, ve “demasiada casualidad” en que el PPC haya llevado la ley al Consejo de Garantías justamente cuando los obispos han alzado la voz. Según la sindicalista, que tacha la acción del PPC “de estrategia de dilación”, la acción va en la línea de la “negación de derechos fundamentales” a la que los populares y aquellos a quienes representan “están acostumbrados”.
Los riesgos del atraso y la doble alma de CiU
Uno de los riesgos del retraso de la ley es el panorama de incertidumbre política que vive Catalunya, y que irá a más después del verano. La Plataforma LGTBcat teme que unas posibles elecciones anticipadas condenaran aún más la ley hasta terminar dentro de un cajón. En el mejor de los casos, podría aprobarse en octubre, pero dependerá de si el escenario social y político permite reabrir este debate. Para Laura Cañadas, responsable de la sectorial de Libertades Sexuales de Jóvenes de Esquerra Verda, el retraso tiene un segundo riesgo, como que Unió presione a Convergència -su socia de coalición- para cambiar el sentido de su voto en esta cuestión, que ha hecho visible nuevamente un divorcio entre las dos almas de CiU.
De hecho, si la cuestión soberanista ha sido la divergencia más mediática entre los partidos que forman la coalición nacionalista, la cuestión de género es aún más esencial. Conscientes de esta enésima contradicción interna, el portavoz del CiU en el Parlament, Jordi Turull, ha restado importancia al hecho de que CDC y UDC votaran diferente en hasta tres artículos de la ley que son aspectos nucleares, como es el caso del régimen sancionador y la reversión de la carga. “En algunos temas hay un criterio diferente y nos hemos respetado”, dijo Turull.
Según Cañadas, esta ley no es sólo una forma de reparar históricamente todo el daño que ha hecho a las personas que pertenecen al colectivo, sino que también las protege de discriminaciones por orientación sexual, identidad de género y expresión de género a lo largo de toda la vida. “Supone la culminación de muchos años de trabajo y de demanda de garantía de derechos”, explica Cañadas, que pone en valor que, a raíz de la reivindicación, se haya generado la creación de la plataforma de entidades LGTB de Catalunya, LGTBcat.
Hoy en día, la homosexualidad se persigue en 77 países del mundo y, con esta norma, Catalunya se podría poner al frente de la lucha por la erradicación de la homofobia, la transfobia y la lesbofobia. Los impulsores de la plataforma esperan que, tras el verano, y agotadas las trabas administrativas del PPC, se pueda culminar una larga reivindicación que supondría, en palabras del portavoz de LGTBcat Eugeni Rodríguez, una “reparación histórica” para un colectivo que ha sufrido violencia durante muchos años.