El preacuerdo entre ERC y la CUP, pendiente de validar internamente por ambas organizaciones, incluye volver a plantear un “embate” al Estado antes de que acabe la legislatura en 2025, si falla la mesa de negociación que prioriza ERC. Esta es una de las condiciones impuestas por los anticapitalistas para dar luz verde a un acuerdo que también incluye diversas propuestas en materia social que aparecían en el programa de la CUP, como impulsar una compañía energética pública, lanzar una prueba piloto de renta básica universal o aprobar una ley de arrendamientos urbanos catalana. Los detalles del texto pactado han sido enviados este lunes al conjunto de la militancia de la CUP, que debe pronunciarse sobre el acuerdo este jueves.
El texto ha sido trabajado por varias comisiones sectoriales de los dos partidos, que se han ido reuniendo desde hace dos semanas para dar forma a un preacuerdo que tiene una parte sobre la agenda social y económica del nuevo Govern, y otra sobre la cuestión nacional. En total, detalla 11 compromisos concretos en cuestiones sociales, un marco político sobre la “confrontación democrática”, y un apartado final en el que se detallan las contrapartidas de la formación anticapitalista. Sobre esto, la CUP asegura que se implicaría en la gobernabilidad, la estabilidad parlamentaria y la aprobación, siempre que estos incluyan lo pactado. Para revisar y hacer seguimiento de los acuerdos crean hasta tres espacios de coordinación nuevos. Además, Pere Aragonès se compromete a someterse a una cuestión de confianza a mitad de la legislatura.
Sobre la cuestión nacional, la CUP acepta que ERC y la Generalitat presidida por Pere Aragonès mantenga la mesa de negociación con el Estado en las condiciones que ellos consideren. Pero, si esta no diera los frutos esperados antes de dos años, los republicanos se comprometen a preparar en paralelo todo lo necesario para llegar a un nuevo momento de confrontación antes del final de la legislatura. El redactado final queda así en el preacuerdo: “La CUP y ERC nos comprometemos a generar las condiciones y los acuerdos necesarios para que podamos plantear el nuevo embate democrático, durante esta legislatura, por la vía que el conjunto del independentismo valore como la más adecuada derivada de los principios de consenso estratégico y de acumulación de fuerzas sociales y políticas suficientes para hacerlo efectivo, priorizando la vía del referéndum de autodeterminación”.
De ratificarse, el acuerdo de legislatura definiría además toda una serie de medidas sociales, que tienen un claro enfocadas hacia la izquierda. Sobre el problema de la vivienda, una de las políticas que la CUP apuntó como urgente y estratégica durante su campaña, el documento propone agrupar en una sola ley catalana todos los decretos, normas y legislación de urgencia que se ha ido elaborando, además de utilizar ese mismo paquete jurídico para que la Generalitat tome el control sobre los precios del alquiler, el parque de vivienda pública o que pueda actuar sobre los pisos vacíos de grandes propietarios. Además proponer recuperar al menos un 30% de los inmuebles de la SAREB.
También en materia de vivienda, el preacuerdo contempla modificar el protocolo de coordinación ante los desahucios entre Generalitat, servicios sociales y juzgado. Este cambio prevé ampliar el plazo para elaborar el informe social previo al lanzamiento, de 15 días a dos meses, prohibir la actuación de antidisturbios en desahucios de familias o personas vulnerables y “desplegar las herramientas” para suspender el conjunto de los desahucios “hasta que no se garantice el derecho a la vivienda a través del parque público”.
El borrado incorpora también un plan piloto en tres fases para estudiar el despliegue de la renta básica universal (RBU). El programa prevé una primera etapa de estudio para aplicar la RBU en una franja de edad para acabar implementándolo efectivamente a lo largo de 2022. A partir de aquí, el modelo prevé estudiar en un año cómo ha funcionado el programa y modificarlo o ampliarlo de ser necesario.
En materia sanitaria, tal y como ya habían anunciado en su comunicado de este domingo, las dos formaciones han pactado dedicar un 25% del presupuesto en salud a la atención primaria. El texto además acuerda “avanzar hacia un sistema de titularidad, aprovisionamiento y de gestión pública”, incluyendo toda la red de servicios auxiliares como el transporte sanitario o el teléfono 061, y los centros de atención primaria, hospitalaria, de salud mental y sociosanitarios. En este sentido, el documento se propone actuar internalizando estos servicios de acuerdo a la oportunidad y revirtiendo las externalizaciones cuyo contrato expira.
Otro de los compromisos es la creación de una compañía energética pública en Catalunya. Con esta empresa se pretende “recuperar el control público la energía, incidir en todas las fases del sector eléctrico y poder definir y planificar el modelo de transición energética”. El documento también prevé “implementar a corto plazo” una entidad bancaria pública a través del Institut Català de Finances, que hace años que reclama y espera obtener la ficha bancaria.
El modelo policial y de seguridad pública también ha estado bajo el foco en las últimas semanas y era otra de las cuestiones en las que la CUP reclamaba pasos contundentes. Además de prohibir el uso de las balas de 'foam' hasta que su protocolo no sea público, ERC y los anticapitalistas se comprometen en el documento a que, a la hora de ejercer la acusación contra participantes en movilizaciones, la Generalitat se limite a aquellos casos en los que haya lesiones acreditadas de agentes y funcionarios, y “se centrará en el resarcimiento de la responsabilidad civil en casos de lesiones no leves”. Las formaciones creen también que durante esta legislatura debe crearse una comisión parlamentaria que revise el modelo de orden público y policial catalán.