Nueva vía. Tras el rechazo de los jueces a investigar las torturas policiales cometidas durante el franquismo y la Transición pese al nuevo marco implantado por la Ley de Memoria Democrátoca, las víctimas han acudido a la Fiscalía especializada.
Coincidiendo con el 49º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, Irídia y Òmnium Cultural han presentado este miércoles la primera denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Barcelona por las torturas contra las hermanas Serra, activistas históricas de la izquierda independentista catalana. La denuncia la ha interpuesto Blanca Serra, la única de las hermanas que sigue vive.
La vía ante Fiscalía llega después de dos denuncias anteriores de Irídidia, Òmnium Cultural y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) por las torturas sufridas por los hermanos Ferrándiz y Carles Vallejo durante el franquismo quedaran archivadas. Las víctimas han recurrido en amparo ante el Constitucional al discrepar de la tesis de los jueces, quienes archivaron los casos al argumentar que pese al marco de la nueva Ley de Memoria las torturas habían prescrito igualmente y quedaban bajo el paraguas de la amnistía de 1977.
“Este es un acto de justicia para las víctimas, un gesto necesario para acabar con la impunidad”, ha manifestado Blanca Serra, que ha subrayado los dos elementos de las torturas que sufrió: “Uno es la catalanidad y el otro la condición de mujer”, ha aseverado Serra.
“El poder se situó más allá de los márgenes de la ley, y la condición de la catalanidad y los cuerpos de las mujeres se convirtieron en un blanco perfecto para la demostración de la fuerza y la violencia del Estado”, ha considerado.
Serra, que nació en 1943, ha asegurado que después de tantos años ha logrado trabajar el trauma y poder denunciar lo que sufrió: “Me lo he pensado mucho porque han pasado muchos años. Y yo no había hablado mucho de las detenciones y torturas”, ha explicado. Los principales motivos que la han empujado a tomar la decisión han sido “que la juventud esté al día de lo que ocurre, ha pasado y pasará” y “reivindicar la Justicia”.
Ha relatado algunas de las torturas que sufrió, como cuando le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza que le impedía respirar: “Llegas a pensar, que es posible morir, y además sola, porque insistían mucho en la idea que morirías sola porque nadie se acordaría de ti”. También se ha referido a otras violencias que vivió, como cuando la golpearon en la planta del pie con una porra.
Sònia Olivella, abogada penalista y coordinadora de litigio estratégico de Irídia, ha lamentado la “impunidad” impuesta por la negativa de los tribunales de aplicar el marco jurídico existente y ha explicado que con la denuncia de Blanca Serra se da un paso muy importante en la lucha “contra la impunidad del franquismo y la Transición”.
La denuncia se ha interpuesto ante la fiscal especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Sara Gómez Expósito, que fue nombrada el pasado mes de julio.
Serra solicita a la fiscal diligencias preprocesales que los jueces no han acordado al archivar de entrada las pesquisas, como recavar testigos, tomar declaración, oficiar a los organismos para que aporten todos los archivos y también pedir a la dirección de la Policía Nacional que facilite toda la información para identificar los agentes que participaron en las torturas.
La denuncia versa sobre cuatro detenciones que sufrieron la víctima y su hermana entre 1977 y 1982 (las tres últimas con la Constitución vigente). “Estas detenciones pasaron siempre en su casa, lo que significa que estaban vigiladas, y siempre fueron conducidas en primer lugar a la jefatura de Via Laietana 43”, ha indicado la abogada.
En tres de estos arrestos, la Policía Nacional trasladó a Blanca Serra al edificio de la Dirección General de Policía de Madrid, lo que, desde su punto de vista, muestra que esta represión era “plenamente coordinada”.
Olivella ha destacado que su caso es posterior a la muerte de Franco y que se enmarca en la aplicación de la ley antiterrorista, que amparaba detenciones largas e incomunicadas sin garantías legales. En el último arresto, que fue por “ultraje a la unidad de la nación española para exhibir una pancarta independentista”, tuvo que ingresar un mes en la cárcel de la Trinidad, donde la mantuvieron incomunicada “para que no contagiase al resto de reclusas”.