El grueso de los policías nacionales procesados por las cargas del referéndum del 1-O, que seis años después todavía esperan juicio, quedan fuera de la propuesta de amnistía de Sumar y En Comú Podem. Así se desprende del dictamen elaborado por un grupo de juristas a instancias de la formación de Yolanda Díaz y que se ha presentado este martes en Barcelona, con la vicepresidenta segunda en funciones en primera fila del público.
El dictamen, consultable al final de esta información, tiene dos partes: la justificación constitucional y política de una amnistía para resolver el contencioso catalán y el detalle de los encausados que estarían incluidos (y los que no) en el olvido penal del procés.
En este segundo apartado es donde el dictamen puntualiza, en referencia a los policías nacionales y guardias civiles investigados por las cargas contra los votantes, que la amnistía sí resulta de aplicación para todos los agentes encausados únicamente por lesiones.
Sin embargo, los juristas de Sumar rechazan aplicar la amnistía a los policías cuya actuación el 1-O “sea susceptible de ser calificada como delito de tortura y otros delitos contra la integridad moral”. La negativa se fundamenta en los tratados internacionales suscritos por España en contra de la impunidad de la tortura y el trato degradante.
En la práctica, el dictamen de Sumar implica que sí estarían beneficiados por la amnistía los 28 agentes de Policía Nacional y la Guardia Civil que una jueza de Girona procesó por delitos de lesiones, pero a quien descartó llevar a juicio por torturas.
Por contra, el juez de Barcelona que investigó la actuación policial el 1-O en la capital catalana sí dejó la puerta abierta a las acusaciones del caso a acusar por delito contra la integridad moral o torturas, además de por lesiones, a los 45 agentes que sentó en el banquillo. El juicio de esta causa todavía no tiene ni fecha, pues la Audiencia de Barcelona debe resolver todavía los recursos del procesamiento.
Cabe destacar que en círculos jurídicos no se contempla ni mucho menos una condena generalizada por delito contra la integridad moral de los agentes, sino que se prevé que quede limitada a un pequeño número de actuaciones policiales más graves.
Con todo, este es un escenario de futuro, pues a día de hoy la actuación de los agentes sí podría ser considerada un delito contra la integridad moral (y así se prevé que lo califiquen las acusaciones de los heridos), lo que les dejaría fuera de la amnistía a juicio de la propuesta de Sumar.
De Puigdemont a las protestas
El dictamen ha sido elaborado por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha Nicolás García Rivas; el profesor de Derecho Penal de la Universitat de les Illes Balears Antoni Llabrés; el profesor de Derecho Penal de la Universitat de València Javier MIra; el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaen Guillermo Portilla; y el catedrático de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona Rafael Rebollo.
Por el lado independentista, el dictamen incluye dentro de la amnistía tanto la causa del procés del Tribunal Supremo, que mantiene imputado al expresident Carles Puigdemont e inhabilitados al exvicepresident Oriol Junqueras; como el resto de causas pendientes por la organización del 1-O de 2017 así como a los jóvenes que esperan juicio acusados de los disturbios que siguieron a la sentencia del Alto Tribunal en 2019.
El acto de presentación del dictamen se ha celebrado en medio de gran expectación mediática y ha contado con la presencia de uno de los exconsellers condenados por el Supremo, Joaquim Forn (Junts), pero no de miembros de ERC o el PSC. La presentación del texto ha corrido a cargo de García Rivas y el exdiputado de los comuns y negociador de Sumar Jaume Asens. “El derecho penal español no sufriría con la amnistía”, ha defendido el catedrático.
“En una democracia no mandan los jueces, mandan los ciudadanos”, ha aseverado Asens, que ha reivindicado la amnistía como una herramienta para “dejar fuera a la derecha judicial” de la resolución del conflicto. Además, ha advertido a los independentistas para que no frustren la investidura de Pedro Sánchez: “No podemos menospreciar la amenaza real que representa la carcunda del PP y Vox”.
En la segunda parte del acto han intervenido otros expertos que no han elaborado directamente el dictamen, como el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo; el profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TC Joaquín Urias; la catedrática de Derecho Penal de la UAB Merche García Arán, y la historiadora y profesora de la Universitat de Barcelona Rosa Lluch.
Más allá del debate jurídico sobre la amnistía, Lluch ha pedido a todas las partes del conflicto un mayor “reconocimiento del otro”. “Vivimos en una sociedad plural y hace falta más generosidad para rebajar la tensión”, ha expuesto Lluch, que se ha mostrado en desacuerdo con la respuesta penal al procés al tiempo que ha instado a Junts y a ERC a “reconocer que mintieron”.
Por su lado, los juristas han reivindicado la constitucionalidad de la amnistía. “La negociación no es posible mientras existan los escombros judiciales del procés”, ha señalado Pérez Royo. “La amnistía no es un favor a los independentistas, es una manera de devolver a la política lo que los jueces sacaron de ella”, ha añadido Urías, mientras que García Arán ha remarcado la medida no busca que el Estado “pida perdón” ni el “arrepentimiento” de los independentistas, sino que pretende “avanzar en un encuentro en beneficio de la convivencia”.
La amnistía, constitucional
La mitad del dictamen se adentra en el debate jurídico para justificar no solo que la amnistía es una medida plenamente constitucional, sino que es la mejor herramienta posible para solventar el contencioso catalán. La justificación de la ley que contenga la exposición de motivos de la eventual norma será fundamental de cara al examen de constitucionalidad que realizará, en caso de aprobarse la ley, el Tribunal Constitucional.
“La amnistía que se propone para España en 2023 tiene como finalidad resolver desde un punto de vista político el conflicto existente entre Cataluña y el Estado español desde hace algo más de una década”, reza el dictamen encargado por Sumar.
Los requisitos de la futura Ley de Amnistía, ahonda el dictamen, son que se justifique un motivo legítimo para aprobarla (en este caso, la resolución del procés), que adopte la forma de ley orgánica, que incluya su ámbito de aplicación de acuerdo con el principio de igualdad y que respete los tratados internacionales de Derechos Humanos.
El texto argumenta que la amnistía es necesaria tras constatar el “fracaso” de la vía penal para poner fin al “desafío” a la Constitución que supuso la aprobación de las leyes independentistas en el Parlament el 6 y 7 de septiembre de 2017. El dictamen mide muy bien el lenguaje y es crítico tanto con la vía unilateral soberanista como con la sentencia del Supremo y la represión penal a manifestantes.
El documento sitúa el origen del conflicto en la sentencia del Constitucional que recortó el Estatut. Sobre los hechos del otoño soberanista de 2017, el dictamen afea la vía unilateral que emprendieron el Govern y el Parlament, que generó “un conflicto jurídicamente grave con el Estado español”, ya que se aprobaron las leyes independentistas “fuera de las competencias reconocidas por la Constitución española y por el Estatuto catalán”.
A su vez, el dictamen critica la sentencia del procés del Tribunal Supremo, que a juicio de los profesores “supuso la expresión de una política criminal que se sirvió de una aplicación muy discutible de la normativa penal vigente, sin explorar otras alternativas menos aflictivas”.