PSC, ERC, Junts y comuns rehacen el acuerdo por la inmersión lingüística

Acuerdo de consenso por el catalán en el Parlament. Los grupos de PSC, ERC, Junts y comuns, que suman casi el 80% de los diputados, han cerrado un pacto para impulsar una nueva ley sobre el uso y aprendizaje de lenguas, con el objetivo de tratar de preservar la inmersión lingüística en la escuela. La iniciativa trata de dar respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que impone un 25% de las materias en castellano de forma general en el sistema escolar catalán. Finalmente la ley reconocerá al castellano como lengua “curricular” pero no como vehicular, a la vez que sostiene que los centros deben poder diseñar sus planes lingüísticos de acuerdo a su entorno.

La nueva ley que deberá votarse en el próximo pleno reconoce el catalán como “lengua propia de Catalunya, la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y la de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado”. A la vez indica que el castellano “se emplea en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro, de acuerdo con los criterios que se establecen en los siguientes puntos”.

En la misma línea, por lo que respecta al ámbito escolar, el texto pactado dispone que “la enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y del castellano deben estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos para que todo el alumnado alcance el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria”.

El objetivo explícito de esta ley es cambiar el marco jurídico de la enseñanza de lenguas para evitar que el TSJC pueda interpretar la norma de manera que le permita imponer el 25% de castellano. Por ello, la nueva ley incluye un párrafo en el que especifica que la presencia del castellano “debe determinarse exclusivamente con criterios pedagógicos y de manera singularizada por cada uno de los centros educativos y debe realizarse desde un abordaje global, integrador y de transversalidad curricular que incluya todos los espacios educativos y los recursos de aprendizaje, también los de carácter digital”.

Polémica por la anterior propuesta

El texto alcanzado viene a recoser el acuerdo que los mismos grupos suscribieron y presentaron al Parlament en marzo pasado, como una propuesta para modificar la ley de política lingüística y cerrar el paso al tribunal. Era, señalaban los cuatro impulsores, una vía que permitía frenar una dinámica judicial que había comenzado a imponer el porcentaje del 25% en varias escuelas, entonces de forma individual.

Aquel texto trataba de hacer un complicado encaje jurídico y, mientras que cumplía con el mandato del Constitucional de reconocer al castellano como lengua de enseñanza por primera vez, también negaba de forma explícita que se pudieran imponer porcentajes generales para los centros, dando autonomía a cada escuela para decidir su proyecto lingüístico. Sin embargo, el reconocimiento del castellano generó entonces polémica tanto entre las bases independentistas como en sectores pedagógicos y culturales, así como en colectivos de profesores, por lo que Junts se descolgó del texto.

Tras semanas de negociación, Junts ha vuelto al consenso gracias a una fórmula que evita reconocer el castellano como vehicular y a la vez, también complace al PSC en el hecho que no niega abiertamente el porcentaje del 25%, pues los socialistas entendían que era una forma de oponerse a la sentencia del tribunal. A Junts también le ha convencido que el Govern planee aprobar un decreto propio que, en este caso sí, tiene previsto rechazar normativamente la imposición de porcentajes fijos y que necesitará de un apoyo parlamentario para convalidarse que podría reducir el actual acuerdo.

Pese a que la voluntad de estas iniciativas es evitar una ejecución forzosa en el conjunto del sistema escolar catalán, el Govern reconoce que no tiene garantías de que esto vaya a ocurrir. Hace unas semanas el Ejecutivo ya remitió al TSJC sus planes para cambiar el marco normativo, a lo que los magistrados respondieron que las iniciativas presentadas “no tienen un resultado concreto” en los centros escolares ni garantiza que los alumnos “reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza” en catalán y castellano como lenguas vehiculares. Por ello, ordenaron a la conselleria de Eduación tomar medidas concretas antes de dos semanas. Un plazo que acaba la semana que viene.