El expresident Puigdemont vuelve a Catalunya. En un mensaje en la red social X, el líder de Junts ha asegurado que, una vez se ha fijado el pleno de investidura de Salvador Illa y tal como él mismo había prometido, emprende el viaje de regreso para poder asistir al Parlament este jueves. De confirmarse su regreso, Puigdemont volvería a Catalunya por primera vez desde el 27 de octubre de 2017, cuando se trasladó a Bélgica para no ser juzgado por los hechos del Procés.
El líder de Junts ha enviado su mensaje solo unos minutos después de que la Diputación Permanente del Parlament haya confirmado que la fecha de investidura de Illa será el jueves. Inmediatamente tras el anuncio, Junts ha convocado un recibimiento a Puigdemont este mismo jueves, una hora antes del pleno y a las puertas del Parlament.
“Creo que no hay otro camino para la normalidad democrática que el fin de la represión política”, ha insistido Puigdemont en su vídeo, en el que también ha asegurado que eso era lo que preveía la ley de amnistía, cuyo cometido era “alcanzar a todo el mundo”. “Por eso no podemos callar ante la actitud de rebelión en la que se han bunkerizado algunos miembros del Supremo”, ha asegurado Puigdemont, que ha criticado que al Gobierno de Pedro Sánchez parece “no importarle demasiado”.
Primer regreso en siete años
En todos estos años, no ha cruzado la frontera en ningún momento para evitar ser llevado frente a la justicia española que tanto ha evitado. Ahora ha decidido volver, después de prometerlo activamente, en un momento clave y con la intención de dar un golpe de efecto. Sus exsocios de ERC están a punto de investir a un candidato socialista como president de la primera legislatura en que el independentismo pierde la mayoría desde el inicio del Procés.
En cualquier momento de los 175 km que separan la frontera con el Parlament de Catalunya, Puigdemont se arriesga a ser detenido y pasar a disposición judicial. Sobre él todavía pesa una orden de detención por la única causa que le queda abierta: un delito de malversación. Es el único que sigue pesando sobre Puigdemont, después de que el Supremo archivara el caso Tsunami, al decretar que una de las prórrogas del juez Manuel García Castellón fue ilegal.
Esta causa sustentaba acusaciones de terrorismo contra una decena de personas, entre ellas el expresident o la dirigente de ERC Marta Rovira. El delito de terrorismo tampoco es amnistiable y por eso, al ser retirado, la republicana pudo volver a Catalunya a mediados de julio, ya que no tenía ninguna otra causa abierta.
Pero no es el caso de Puigdemont, que todavía tiene cuentas pendientes y por las cuales previsiblemente recibirá el alto de los Mossos en algún momento en su viaje hacia el Parlament. Aunque él tiene la firme intención de entrar en la cámara y ejercer su derecho a voto, lo más probable es que sea detenido antes. No está claro qué sucederá cuando eso suceda. Existen diversas opciones: una -quizás la menos probable- es que él mismo se entregue ante la justicia.
Otra es que sea la policía quien le arreste, con lo que pasará a disposición del juzgado responsable del lugar en el que se haya producido la detención. Una vez ahí, la pelota estará en el tejado del juez Llarena, que puede decidir mantenerlo en un calabozo catalán o bien ordenar su traslado a Madrid, para que quede en manos del Tribunal Supremo.
Cabe la posibilidad que el tribunal apunte al riesgo de fuga y envíe al expresident a prisión hasta que declare ante un juez -o hasta que el Constitucional revoque la decisión de Llarena de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación. Pero también existe la opción de que sea puesto rápidamente en libertad con una citación judicial, como le pasó a la exeurodiputada Clara Ponsatí.
Si finalmente Puigdemont es detenido, lo más probable es que el pleno de investidura que debía celebrarse esta mañana se cancele. El líder de Junts, Jordi Turull, aseguró que si el expresident no podía llegar al Parlament, pedirían que se suspendiera el pleno. Tanto ERC como los Comuns han considerado que esta opción es la mejor y ambos grupos estarían dispuestos a aplazarlo.
Lo que no queda claro es la fecha en la que se convocaría de nuevo la cita. El Parlament tiene de fecha límite el 26 de agosto para investir a un nuevo president. En caso de no hacerlo, se activaría automáticamente la maquinaria de la repetición electoral, que sería el 13 de octubre.
Una vuelta anunciada
“Para que vuelva el president, vota al president”. Este fue uno de los lemas de campaña de Junts para las elecciones que se celebraron en diciembre de 2017, apenas tres meses después del referéndum y dos desde la marcha de Puigdemont. El expresident aseguró que, si salía vencedor de los comicios, volvería, aunque ello supusiera su detención. Aquellas elecciones las ganó Ciudadanos.
Años más tarde, en 2024, Junts volvió a usar ese lema y apostó toda su campaña al regreso del expresident al más puro estilo Lluís Companys. De hecho, el nombre de la lista para las elecciones fue Junts + Puigdemont per Catalunya. Todos los actos fueron un recordatorio constante de que Puigdemont cada día estaba más cerca. Literalmente, puesto que trasladó la agenda preelectoral a la localidad de la Catalunya Norte de Argelers, a pocos kilómetros de la frontera, donde cada día se desplazaban autobuses con decenas de militantes y simpatizantes.
Los exconvergents creyeron que su regreso iba a ser un gran golpe de efecto, pero sólo consiguieron ganar tres escaños. La victoria fue, inequívocamente, para el PSC, que se plantó con 42 diputados, su cifra más alta en la historia (y consiguiendo romper la racha de la mayoría independentista en la cámara catalana).
Aunque la idea del regreso no tuviera rédito electoral y la investidura de Puigdemont fuera aritméticamente imposible, el expresident no dejó ni por un momento de presionar a ERC para que le apoyara a él en lugar de a Salvador Illa. Tanto ha sido así que dejó claro desde el día después de las elecciones que se personaría en el debate de investidura, aunque eso supusiera su detención.
Con ello no sólo dejaba clara su intención de aspirar a la presidencia, sino que ejercía una fuerte presión sobre los republicanos: dar su apoyo al PSC supondría que ERC daría la espalda al independentismo y facilitaría una investidura que, en paralelo, supondría su detención.
De hecho, el mismo expresident ya responsabilizó a los republicanos de la represión a la que, asegura, es sometido y aseguró que el pacto entre PSC y ERC convertía su detención en una “posibilidad real en pocos días”. Esas declaraciones levantaron oleadas de críticas que no hicieron más que caldear un ambiente ya tenso entre los diversos sectores del independentismo.
Puigdemont, si llega al Parlament sin ser detenido, volverá a Catalunya, siete años después de su salida de España, a la investidura del primer president socialista y no independentista desde que se inició el procés, hace más de una década.
Cronología de siete años en el exterior
27 días después de la celebración del referéndum del 1O, y en ausencia de la oposición, el Parlament declaró la independencia de Catalunya. En Madrid, el Senado respondió aplicando el artículo 155 de la Constitución, que dio a Mariano Rajoy el control de la administración catalana y destituyó a Puigdemont de su cargo.
Ante la previsible acción de la justicia, el expresident se instaló en Bruselas junto a los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret. El 30 de octubre, el día siguiente de su huída, llegó la querella de la Fiscalía General del Estado, que acusó a Puigdemont de rebelión, sedición y malversación.
Entre el 2 y el 9 de noviembre, líderes del Procés que se quedaron en Catalunya como Junqueras, exconsellers como Turull o Rull o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, fueron encarcelados. Pero Puigdemont todavía podía moverse liberemente por Europa en ausencia de una orden internacional de detención.
Esto cambió el 23 de marzo de 2018, con la primera euroorden. Dos días después, el expresident fue localizado por la policía alemana e ingresó en la cárcel de Neumünster, donde permaneció 10 días. Fue liberado después de que un tribunal alemán negara la solicitud de extradición al no considerar que Puigdemont hubiera cometido delito de sedición en España.
En mayo 2019 Puigdemont se convirtió en europarlamentario y consiguió la inmunidad. Cinco meses más tarde, Llarena reactivó las euroórdenes, empezando un vaivén de peticiones de extradición y órdenes internacionales en una batalla que el juez español no lograba ganar.
Paralelamente, y ya con Pedro Sánchez en el Gobierno, en 2021 se aprobaron los indultos, que supusieron la libertad de los líderes políticos juzgados y condenados 1.328 días después de su encarcelamiento.
Pero todavía se debía librar otra gesta para exonerar a aquellos que no se presentaron ante la justicia como Puigdemont o Rovira. Para ellos, la medida de gracia tenía que ser la ley de amnistía que, no sin polémicas y disputas, se aprobó en mayo de 2024.
Esta ley debía servir para zanjar el conflicto político, ya que sólo dejaba fuera de su alcance el delito de malversación cuando este supusiera un lucro personal y el de terrorismo. Pero el juez García Castellón intentó, de nuevo, que la medida de gracia no se aplicara al expresident al acusarle de este último delito grave por su implicación en las acciones impulsadas por Tsunami Democràtic.
Finalmente, la causa fue archivada y sobre el expresident hoy sólo pesa la acusación por malversación, que el Supremo entiende que no es amnistiable. Con todo, el futuro judicial del expresident es todavía incierto y las próximas horas y días serán claves para el devenir de la última gran figura pública que todavía representa las consecuencias del conflicto político y judicializado del procés catalán.