Carles Puigdemont y los demás exconsellers en Waterloo han ampliado la demanda que interpusieron en Bélgica contra el juez Pablo Llarena para incorporar al Estado español. Su equipo de abogados entiende que la reacción del Gobierno de defender en su día al magistrado del Tribunal Supremo les da pie a denunciar también al “Reino de España”, al entender que el Ejecutivo asume responsabilidad por los actos del magistrado instructor de la causa contra el procés.
La demanda, firmada por Cristophe Marchand y Paul Beckaert entre otros abogados, se registró en el Tribunal Civil de Bruselas el pasado 13 de marzo. “El Reino de España ha intervenido voluntariamente en este procedimiento, alegando que que los actos imputados al demandado eran actos de uno de sus órganos”, argumenta el texto, que interpreta que el Estado se hace así “responsable”.
Puigdemont presentó la demanda contra el Llarena en junio de 2018 por la “parcialidad y obstinación” que, a su juicio, mostraba el juez contra el independentismo. En concreto hacían referencia a una charla en Oviedo, organizada por un concesionario de coches, en la que el magistrado del Supremo afirmaba que los exconsellers no eran “presos políticos”. El magistrado belga le citó a declarar el pasado 4 de septiembre, pero Llarena optó por no acudir.
A lo que se agarran ahora las defensas para incluir al Estado en la demanda es a la reacción en su día del Gobierno, que tras una agria polémica acabó asumiendo la defensa de Llarena. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, afirmó que Bélgica no podía cuestionar las soberanía jurisdiccional de España.
“A raíz del papel activo del reino de España en esta demanda, que tenía que ser particular, hemos creído conveniente que ya es un asunto europeo y había que ampliarla”, ha manifestado el expresident Puigdemont en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia ACN.
La demanda incluye además una petición para que el juez belga presente una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los abogados quieren que se pronuncie sobre si la “inmunidad jurisdiccional” que esgrimió la defensa de Llarena para rechazar al tribunal belga su poder de jurisdicción en el marco de una acción de responsabilidad civil contra un Estado miembro es compatible con los principios fundamentales de derecho de la UE“.